El fiscal apeló la falta de mérito que benefició a Calcaterra y "Corcho" Rodríguez en la causa por el pego del sobornos en el soterramiento del Sarmiento

El planteo realizado por el fiscal Franco Picardi alcanza también a los empresarios Mario José Blanco, Lorenzo Ghella, Riccardo Dina y Gianvincenzo Coppi.

El fiscal federal Franco Picardi apeló la falta de mérito que el juez le impuso a los empresarios Ángelo Calcaterra y Jorge "Corcho" Rodríguez en el marco de la causa por supuesto pago de sobornos en la obra del soterramiento del tren Sarmiento.

Fuentes judiciales informaron que ante la Cámara Federal porteña el fiscal apeló la falta de mérito que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó a favor de los empresarios Mario José Blanco, Lorenzo Ghella, Riccardo Dina y Gianvincenzo Coppi.

Ese fallo también había beneficiado a Mario Cenciarini, Santiago Ramón Altieri, Alejandra Érika Kademián, Manuel España, Diego Alonso Hernández, Pablo Guillermo Previde, Augusto Omar Salvador Jorge Adur, Juan Ramón Garrone, Roberto Fabián Rodríguez y Diego Luis Pugliesso, todos ellos integrantes de las empresas que intervinieron en la UTE a cargo de la obra del soterramiento, Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa.

También pidió que por ofrecimiento de dádivas y cohecho sean procesados los empresarios Héctor Javier Sánchez Caballero y Héctor Ramón Castro.

Para el fiscal, existe prueba que acredita que se pagaron sobornos a funcionarios públicos del Ministerio de Planificación Federal para obtener la adjudicación al consorcio de empresas que finalmente resultó designado.

Según la fiscalía, las maniobras principales de soborno se desarrollaron en dos tramos, primero a la adjudicación a la Unión Transitoria de Empresas (UTE), y la segunda etapa fue montar el esquema de pagos ilícitos para lo cual se utilizaron empresas offshore para la triangulación de dinero.

En ese sentido, se logró comprobar la fuga de casi cinco millones de dólares al Principado de Andorra a través de la utilización nuevamente de un contrato ficticio entre las cuatro firmas ganadoras de la licitación (UTE) y la empresa española DSC, utilizada por Odebrecht en toda la región para el pago de sobornos.

La participación de Rodríguez, según la fiscalía, fue la de ser intermediario entre los exfuncionarios José López y Roberto Baratta, y con la firma uruguaya Sabrimol Trading SA, la cual se le atribuye, se canalizó el pago de sobornos.

El pedido fiscal también comprende el procesamiento por negociaciones incompatibles y cohecho pasivo a Ricardo Jaime, Roberto Baratta, José López y Juan Pablo Schiavi.

A los amigos (y familiares) todo; a los enemigos, ni Justicia: en la causa Odebrecht dictan falta de mérito a Calcaterra y "Corcho" Rodríguez y procesan a De Vido

Lo dispuso el juez federal Martínez de Giorgi. Otros empresarios y exfuncionarios quedaron procesados.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó la falta de mérito a varios empresarios investigados en la causa por el soterramiento del tren Sarmiento vinculada al escándalo de los contratos con la constructora brasileña Odebrecht, mientras que procesó a los detenidos ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y sus ex funcionarios Roberto Baratta y José López por presunto "incumplimiento de deberes de funcionario público”. Entre los beneficiados están el primo presidencial, Ángelo Calcaterra, y Jorge “Corcho” Rodríguez.

Los procesamientos sin prisión preventiva incluyeron embargos de ocho millones de pesos, según la resolución que se conoció ayer.

"No es factible afirmar o descartar que hubieren sido parte de la presunta maniobra precedentemente descrita (cohecho), que aún no ha sido posible corroborar, y que tampoco aparecen involucrados en aquellas conductas ilícitas" que se investigan, sostuvo el juez sobre los empresarios.

El juez también procesó por negociaciones incompatibles al detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y a su ex asesor Manuel Vázquez, y en sus casos se les sumó el delito de dádivas con embargos de diez millones de pesos.

Por esta última figura quedaron procesados además Héctor Javier Sánchez Caballero, de IECSA SA, y a Héctor Castro Sirerol, de COMSA SA, con embargos de cinco millones de pesos. "Se reunieron elementos que dan cuenta de la existencia de dádivas" por parte de esos integrantes de las firmas", sostuvo el juez.

Martínez De Giorgi investiga si existieron irregularidades en la licitación para adjudicar las obras del soterramiento del tren Sarmiento en vinculación a la Unión Transitoria de Empresas que formaron las empresas IECSA SA, Constructora Norberto Odebrecht SA, Ghella SA y COMSA SA. Para el magistrado aún no se pudo determinar si hubo pago de sobornos, y por ello ordenó profundizar la investigación.

En cambio, sí dio por probado que "funcionarios públicos de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, responsables, en razón de su cargo, del proceso licitatorio y la ejecución de la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, en el período investigado, dirigieron su accionar en sus diferentes etapas, en miras de beneficiar a las firmas" del consorcio empresario.

"Todo ello bajo la órbita y el amparo de Julio De Vido, por entonces titular del Ministerio de Planificación Federal, y Roberto Baratta, quien se desempeñaba como subsecretario de Coordinaciòn y Control de Gestión" del organismo. Por ello, todos quedaron procesados por presuntas "negociaciones incompatibles con la función pública".

El primo de Macri Blanco Villegas no solo sigue en IECSA, sino que además se benefició con los aumentos de gas, luz y nafta

Con un complicado entramado societario para ocultar su participación, el primo de Mugrizio Macri Blanco Villegas sacó grandes réditos del tarifazo en energía.

Los negocios con el Estado de Ángelo Calcaterra, primo y presunto prestanombre deMacri Blanco Villegas, se multiplican y suman millones. La clave es la offshore Emes Energía Argentina LLC, constituida en mayo de 2016 en la guarida fiscal Delaware, Estados Unidos, donde Calcaterra figura como director junto a Damián Mindlin, Raúl Warat, Santiago Altieri y Ghella Spa. Este dato surgió del trabajo del fiscal Franco Picardi en la causa por el pago de comias para la megaobra del Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento y se transformó en una caja de pandora.

Los tentáculos de Emes Energía Argentina LLC no se acaban en SACDE (ex IECSA), que está siendo investigada por el pago de sobornos en la obra del Sarmiento, donde la compañía sigue a cargo de las obras. Recordemos que Calcaterra simuló en marzo de 2017 un pase de manos de IECSA a Marcelo Mindlin cuando, en realidad, habían conformado Emes varios meses antes y fue esa offhore la depositaria de las acciones de IECSA. SACDE, es decir, IECSA, a pesar de los escándalos en que está involucrada continúa ofertando en distintas licitaciones de obra pública a lo largo y ancho del país.

Pero eso no es todo. Vía Emes Energía Argentina LLC (EMES), el primo del retrasado mental también está relacionado al negocio del gas, la energía eléctrica y la nafta, sectores que se vieron altamente beneficiados por la política tarifaria que impulsó el régimen. El vínculo, en este caso, es a través de Pampa Energía, el holding que comanda Mindlin.

El dato clave figura al pasar en el balance 2017 de Pampa Energía. Según consta en ese documento, EMES financió en 50 millones de dólares a Pampa para la compra de Petrobras, otro escándalo que incluyó la venta de acciones de Petrobras que estaban en manos del Estado (vía el FGS de la ANSeS) a Mindlin y sus socios a un precio mucho menor al que tuvieron días después.

A cambio de ese préstamo, EMES recibió acciones de Petrobras por 77,4 millones de dólares (a noviembre de 2016) que luego fueron absorbidas por Pampa cuando se ejecutó la fusión.

La maniobra figura textual. “Con fecha 11 de mayo de 2016, EMES, un vehículo de inversión del que participan los principales ejecutivos de la Sociedad y otros inversores internacionales, acordó con la Sociedad un préstamo por una suma de US $50 millones, que fue utilizado para pagar parcialmente el precio de compra de la transacción”, dice el punto 19.2.2 del balance. Lo que hoy sabemos es que Calcaterra tiene intereses en EMES y, por ende, en Pampa Energía.

La cronología muestras otra punta. EMES fue constituida el 3 de mayo de 2016. A los 8 días hizo ese préstamo de 50 millones de dólares. Todo indica que uno de los objetivos de su creación fue ese.

Antes de que se concretara la fusión entre Pampa y Petrobras, la primera debía cancelar su deuda con EMES. Y así se hizo, tal como consta en el balance.

“Con fecha 25 de octubre de 2016 la Sociedad acordó con EMES la cancelación del préstamo recibido mediante la cesión parcial de capital del crédito con PPSL por un monto de U$S 77,4 millones. Con fecha 1° de noviembre de 2016 PPSL canceló su deuda con EMES mediante la entrega de 11.090.286 ADR de Petrobras”, sigue el balance. En síntesis, Pampa “devolvió” la plata con ADR (acciones en Estados Unidos) de Petrobras. Así que EMES, donde figura Calcaterra, se quedó con acciones de esa empresa que luego se fusionó con Pampa. De nuevo, el juego de las mamushkas.

Marcelo Midlin

Pampa Energía se quedó con Petrobras mediante un acuerdo de fusión por absorción. Esto implicó la adquisición de la totalidad de los activos y pasivos de Petrobras Argentina S.A., Petrobras Energía Internacional S.A. y Albares Renovables Argentina S.A.

Es decir, que el aumento del gas, la energía eléctrica y la nafta también beneficia a la famiglia, que está vinculada a Pampa Energía vía Calcaterra y Santiago Altieri, histórico gerente de las empresas de la familia Macri.

Pampa Energía es co-controlante de Transener, que transporta el 85% de la electricidad en la Argentina y es dueña de Edenor -que distribuye y comercializa la energía eléctrica-. A su vez, controla TGS, una de las dos transportistas del gas por redes. Según su propio sitio web, “desarrolla una intensa actividad en exploración y producción de gas y petróleo en las cuencas hidrocarburíferas más importantes del país, con una producción de 5.000 barriles de petróleo y 7.000.000 m3 de gas por día”. A la par, vía la adquisición de Petrobras incorporó centrales eléctricas, una mayor producción de gas y petróleo y participación en la industria petroquímica.

Según informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV), Pampa tuvo ganancias consolidadas para el primer trimestre de 2018 por $ 3.853 millones. Tal como señalara oportunamente el especialista Federico Bernal, fueron 68% superiores a igual período de 2017.

Por cierto, ¿quién terminó habilitando la fusión de Pampa con Petrobras, que estuvo trabada por una presentación judicial? El juez federal clarinista Claudio Bonadio, quien intercedió luego de que se denunciara que la ANSeS había vendido a un precio muy bajo el 11,6% de las acciones que tenía de Petrobras vía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Macri Blanco Villegas había autorizado la venta pero el fiscal Gabriel de Vedia, quien entonces estaba cargo de la Unidad para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), presentó una denuncia por supuesta defraudación "en perjuicio de la administración pública" y logró frenar, momentáneamente, la transacción. En abril pasado, Bonadio la habilitó. Aunque la investigación judicial continúa.

Hace pocos días, Bonadio citó a indagatoria a Marcelo Mindlin en la causa de la fotocopia de los cuadernos. Todo se encadena.

Fuente: nota de Ari Lijalad y Franco Mizrahi para El Destape web

Un fiscal pidió un embargo millonario contra el primo de Mugrizio Macri Blanco Villegas, Angelo Calcaterra

El embargo asciende a 1.000 millones de pesos. Recae sobre las empresas que intervinieron en la obra del soterramiento del tren Sarmiento, por sospechas de pago de sobornos por parte de la constructora Odebrecht.

El fiscal federal Franco Picardi pidió dictar un embargo de 1.000 millones de pesos sobre las empresas que intervinieron en la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, por sospechas de pago de sobornos por parte de la constructora Odebrecht.

El pedido de embargo recayó sobre Angelo Calcaterra, primo de Mugrizio Macri Blanco Villegas, que era dueño de la firma IECSA y ahora en poder del empresario Marcelo Midlin, también involucrado en la causa de las fotocopias de los supuestos cuadernos y amigo íntimo del retrasado mental.

La fiscalía también reclamó la intervención judicial de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Odebrecht, IECSA, Ghella y Comsa S.A.

Para Picardi existió un "direccionamiento" para la adjudicación de las obras a esas empresas y también "modificaciones" en el contrato original a favor del consorcio, detrás de lo que se esconden los supuestos sobreprecios.

Calcaterra anduvo otra vez de paseo por Comodoro Py y negó las coimas por el soterramiento del Sarmiento

El primo de Mugrizio Macri Blanco Villegas, Angelo Calcaterra, declaró ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por la causa por presunto pago y cobro de sobornos por la obra del tren Sarmiento y salió otra vez caminando por la puerta de Comodoro Py. 

A diferencia de su paso previo por los tribunales, cuando afirmó ser aportante para las campañas electorales del kirchnerismo en contra de su primo, el ex titular de la empresa IECSA negó ayer haber pagado sobornos en el proceso licitatorio para acceder a las obras del soterramiento tal cual confesara la brasilera Odebrecht.

Calcaterra se desentendió mediante un escrito técnico de los sobornos que Odebrecht dijo haber pagado en nuestro país por distintas obras, entre ellas la del soterramiento del Sarmiento y negó que haya recibido direccionamiento para que IECSA saliera licitada. También se negó a dar detalles respecto a los encuentros en el Ministerio de Hacienda de Javier Sánchez Caballero y sólo adujo que tuvieron lugar en el contexto en el que se estaban ejecutando obras con el Estado nacional. La firma constructora fue una de las más favorecidas por la contratación de obra pública durante el período kirchnerista en volumen de negocios. Al momento de la asunción de Macri Blanco Villegas mantenía contratos, en ejecución o ya adjudicados, por unos 3500 millones de dólares.

La Unión Transitoria de Empresas (UTE) que se adjudicó la obra para soterrar el Sarmiento entre Caballito y Moreno la integran, además de Odebrecht, las argentinas IECSA S.A. (que preside Calcaterra), Ghella S.P.A. y Comsa S.A. Según mails obtenidos por la Policía de Brasil de la computadora de Mauricio Couri Ribeiro, director de Odebrecht, en junio de 2010 mantuvo reuniones con Sánchez Caballero, de IECSA, para negociar coimas que “excederían los veinte millones de dólares”, apuntó el juez Martínez De Giorgi al solicitar las declaratorias. 

El juez citó a 23 ex funcionarios públicos como imputados. Hoy declararán Sánchez Caballero y otros miembros de IECSA como Santiago Altieri, Pablo Previde, Manuel España, Eduardo Fernández, Diego Alonso Hernández y Alejandra María Kademian. La lista de indagatorias incluye luego a diez hombres de Odebrecht y seis de Comsa S.A. (Héctor Ramón Castro, Juan José Rampoldi, Gianvincenzo Coppi, Mario Blanco, Ricardo Dina y Mario Cenciarini) para los que no se fijó fecha. El 23 de agosto está citado Ignacio Sobra Rojo, presidente de CAESA, y el 17 de octubre Jorge Rodríguez, imputado como intermediario entre Odebrecht y los ex funcionarios.

Calcaterra también figura como implicado en la causa por las fotocopias de los cuadernos del remisero literato Oscar Centeno que narran un presunto sistema de recaudación de dinero por parte de funcionarios del ex Ministerio de Planificación. Al presentarse como imputado-arrepentido, el primo del subnormal adujo la semana pasada que sólo aportó a la campaña electoral y negó el pago de coimas a cambio de licitaciones y adjudicaciones fraudulentas. Sus declaraciones se contradicen con las del ex titular de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner, quien el viernes lo situó dentro de la trama.

El circo de los cuadernos: las declaraciones de Calcaterra complican la estrategia de los empresarios

El primo hermano de Mugrizio Macri Blanco Villegas admitió que pagaban a cambio de redeterminaciones de precios y puso en crisis la estrategia de presentarse como víctimas de extorsión.

La sugestiva aparición mediática de Ángelo Calcaterra podría complicar la estrategia de los empresarios involucrados en la causa de los cuadernos de presentarse como víctimas de una extorsión sistemática del kirchnerismo para obtener fondos para las campañas electorales.

Después de presentarse como arrepentido ante el juez Claudio Bonadio, el primo hermano de Mugrizio Macri Blanco Villegas sorprendió dando una entrevista para justificar su estrategia judicial, pero terminó admitiendo que esos pagos eran a cambios de obtener beneficios como redeterminaciones de precio, lo que -según abogados consultados por este medio- configura el delito de cohecho.

"Decidimos poner dinero para que aflojaran" con la presión, dijo Calcaterra en una entrevista que brindó al pasquín ultra oficialista La Nazión. Consultado sobre qué recibían a cambio, el empresario sostuvo que "por ejemplo, hacía dos años que no me pagaban obras o había un montón de cuestiones administrativas que no se destrababan o era imprescindible que aprobaran las redeterminaciones" de precios.

Es decir que el primo del subnormal admitió que hicieron esos "aportes" en negro a funcionarios kirchneristas a cambio de que le liberen pagos o les mejoren el contrato, o sea percibir un beneficio económico.

"Al haber dicho eso, claramente configuró el delito de cohecho. Él obtuvo una ventaja económica, aunque haya hecho un aporte para la campaña", explicó un abogado de larga experiencia en Comodoro Py. "Es como el ladrón al que atrapa la Policía y dice que estaba robando porque tiene hambre o para darle de comer a sus hijos. Este sería el hurto famélico de los empresarios", ironizó el letrado.

La jugada de los empresarios que piden ser arrepentidos es declarar que fueron víctimas de una extorsión del gobierno kirchneristas y así quedar afuera del delito de asociación ilícita que tienen como hipótesis los impresentables Claudio Bonadio y Carlos Stornelli, y que los tiene como presuntos partícipes necesarios.

Si el juez acepta la versión de los arrepentidos la causa podría terminar en un juzgado con competencia electoral y los empresarios como mucho deberían pagar una multa por haber puesto dinero en negro. Esa es la aspiración de máxima de los ejecutivos, aunque difícilmente pueda concretarse.

Por eso en el mundo judicial creen que es bastante difícil que Bonadio acepte la versión de los empresarios, porque eso podría implicar que pierda toda o buena parte de la investigación, además de poner en riesgo la hipótesis de asociación ilícita. Acaso por eso el juez todavía no determinó qué delitos cometieron los ejecutivos implicados.

Es decir que el magistrado tiene muy poco margen para hacer lo que los empresarios quieren sin perder la causa y, en definitiva, sin beneficiar a Cristina Fernández de Kirchner, Julio de Vido y Roberto Baratta. Se descuenta que Bonadio no quiere tomar un camino que termine beneficiando a la ex presidenta, su enemiga número uno.

Los dichos de Calcaterra sobre las redeterminaciones de precios no fueron los únicos que podrían traerle problemas. Es que el ex dueño de Iecsa contó que antes de presentarse a la Justicia charló sobre el tema con su primo. "Mauricio, cuando le expliqué, me dijo: 'pero vos no estás en la causa'. No sabía mucho lo que estaba pasando y le dije: 'es una decisión que tengo tomada; lo voy a hacer, el lunes voy'", contó. Cualquier juez con ganas podría tentarse en citar a Macri Blanco Villegas como testigo.

El primo de Macri Blanco Villegas se presentó en la causa de los cuadernos

Angelo Cálcaterra ofreció “colaborar” con la investigación. Iecsa, la empresa en la que figuró como dueño tras recibirla de manos de la familia Macri, aparece mencionada en las anotaciones del chofer Centeno. Su número dos, Javier Sánchez Caballero, está detenido y tras su presentación formalizará su condición de arrepentido.

Ángelo Calcaterra, el primo de Mugrizio Macri Blanco Villegas, se presentó ayer a primera hora de la mañana en los tribunales de Retiro y ofreció "colaborar" en la causa donde la constructora Iecsa aparece en los supuestos cuadernos del remisero Oscar Centeno que narran un presunto sistema de recaudación de dinero por parte de funcionarios del ex Ministerio de Planificación. Según trascendió en Comodoro Py, el empresario afirmó haber sido forzado a realizar aportes de campaña y quedó imputado, pero en libertad.

Calcaterra, quien a pesar de que su empresa aparece comprometida en los famosos cuadernos de Centeno no está detenido como sí lo están otras personas involucradas, llegó a Comodoro Py 2002 antes de que esa sede judicial abriera sus puertas para adelantar la jugada del ex CEO de Iecsa e imputado en esa causa, Javier Sánchez Caballero, quien anunció su intención de declarar como testigo protegido.

Sánchez Caballero es uno de los empresarios detenidos y estaba previsto que en esa condición se presentase a ampliar su declaración. Hasta ahora, el único que había solicitado ingresar a ese régimen de protección fue el empresario de Isolux, Juan De Goycochea, quien mantuvo vínculos comerciales con la familia Macri, que también fue propietaria de la compañía que luego pasó a comandar Calcaterra.

Tras su declaración en Tribunales, trascendió que Calcaterra admitió haber entregado dinero a los funcionarios del ex Ministerio de Planificación para liberar contrataciones de obras públicas, tal como aparece en las imágenes de los cuadernos que hasta ahora no fueron hallados y que Centeno, ex chofer del ex secretario Roberto Baratta, dijo haber quemado.

Calcaterra fue a Comodoro Py con el abogado Ricardo Rosental, el mismo de Franco Macri. Su presentación no está desconectada del pedido de Sánchez Caballero, con quien comparte estudio de abogados, de pasar a ser arrepentido. El ex CEO de Iecsa mencionará al primo de Macri Blanco Villegas en el relato que hará ante la Justicia.

Sánchez Caballero fue trasladado ayer por la mañana a los tribunales de Retiro. A diferencia de los otros empresarios detenidos, quienes fueron alojados en la División Drogas Peligrosas de la Federal, en Belgrano y Virrey Cevallos, está alojado en las dependencias de esa fuerza en Cavia y Figueroa Alcorta. El otro que goza de las comodidades de ese lugar es De Goycochea, a quien los negocios lo unieron a los Macri y primer arrepentido de la causa.

Al ex CEO de Iecsa se lo acusa de haber realizado pagos millonarios en el garaje del hotel Hilton en Puerto Madero. Ayer pidió ser arrepentido. La acusación en su contra se funda en las supuestas anotaciones de Centeno y habla de pagos realizados en 2013 y 2015 que fueron retirados por Nelson Lazarte, también detenido y ex secretario de Baratta.

Sánchez Caballero también está imputado en la causa por supuestos sobornos del soterramiento del Sarmiento, y citado a indagatoria por el juez Marcelo Martinez de Giorgi para el 15 de agosto.

Hasta aquí el relato de Calcaterra coincide con el de De Goycochea en el sentido de que fue forzado a entregar dinero; lo mismo se espera que diga Sánchez Caballero. No cuentan haber pagado sobornos, sino haber sido extorsionados; o sea, no admiten haber cometido un delito sino haber sido víctimas, con lo cual no se arrepienten de nada. Tampoco están los cuadernos, solo hay fotocopias de ellos y faltan las pruebas que acrediten lo que en ellas puede leerse.

Soterramiento del Sarmiento: citaron a indagatoria al primo y supuesto testaferro de Macri Blanco Villegas y a otros 46 acusados

Se trata de Ángelo Calcaterra. Además, convocaron a Julio De Vido, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y apoderados de las empresas adjudicatarias.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi citó a declaración indagatoria al primo de Mugrizio Macri Blanco Villegas, Ángelo Calcaterra.

Es en el marco la causa que investiga el presunto pago de sobornos en las obras de soterramiento del tren Sarmiento.

Martínez De Giorgi también citó a indagatoria al ex ministro Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López y a los ex ministros de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros.

En cuanto a los empresarios, citó a indagatoria a integrantes de IECSA SA, Ghella SA, Odebrecht y CAESA SA, del consorcio que se adjudicó las obras.

Entre los citados están Ángelo Antonio Calcaterra y Santiago Altieri (IECSA SA); Gianvincenzo Coppi y Mario Blanco (Ghella SA); Ignacio Soba Rojo (CAESA SA).

La ronda de indagatorias arrancará el 6 de junio próximo a las 11 con De Vido y se extenderá hasta el 17 de octubre, cuando está citado Corcho Rodríguez, imputado como supuesto "intermediario" entre los entonces funcionarios públicos y Odebrecht.