A los amigos (y familiares) todo; a los enemigos, ni Justicia: en la causa Odebrecht dictan falta de mérito a Calcaterra y "Corcho" Rodríguez y procesan a De Vido

Lo dispuso el juez federal Martínez de Giorgi. Otros empresarios y exfuncionarios quedaron procesados.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó la falta de mérito a varios empresarios investigados en la causa por el soterramiento del tren Sarmiento vinculada al escándalo de los contratos con la constructora brasileña Odebrecht, mientras que procesó a los detenidos ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y sus ex funcionarios Roberto Baratta y José López por presunto "incumplimiento de deberes de funcionario público”. Entre los beneficiados están el primo presidencial, Ángelo Calcaterra, y Jorge “Corcho” Rodríguez.

Los procesamientos sin prisión preventiva incluyeron embargos de ocho millones de pesos, según la resolución que se conoció ayer.

"No es factible afirmar o descartar que hubieren sido parte de la presunta maniobra precedentemente descrita (cohecho), que aún no ha sido posible corroborar, y que tampoco aparecen involucrados en aquellas conductas ilícitas" que se investigan, sostuvo el juez sobre los empresarios.

El juez también procesó por negociaciones incompatibles al detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y a su ex asesor Manuel Vázquez, y en sus casos se les sumó el delito de dádivas con embargos de diez millones de pesos.

Por esta última figura quedaron procesados además Héctor Javier Sánchez Caballero, de IECSA SA, y a Héctor Castro Sirerol, de COMSA SA, con embargos de cinco millones de pesos. "Se reunieron elementos que dan cuenta de la existencia de dádivas" por parte de esos integrantes de las firmas", sostuvo el juez.

Martínez De Giorgi investiga si existieron irregularidades en la licitación para adjudicar las obras del soterramiento del tren Sarmiento en vinculación a la Unión Transitoria de Empresas que formaron las empresas IECSA SA, Constructora Norberto Odebrecht SA, Ghella SA y COMSA SA. Para el magistrado aún no se pudo determinar si hubo pago de sobornos, y por ello ordenó profundizar la investigación.

En cambio, sí dio por probado que "funcionarios públicos de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, responsables, en razón de su cargo, del proceso licitatorio y la ejecución de la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, en el período investigado, dirigieron su accionar en sus diferentes etapas, en miras de beneficiar a las firmas" del consorcio empresario.

"Todo ello bajo la órbita y el amparo de Julio De Vido, por entonces titular del Ministerio de Planificación Federal, y Roberto Baratta, quien se desempeñaba como subsecretario de Coordinaciòn y Control de Gestión" del organismo. Por ello, todos quedaron procesados por presuntas "negociaciones incompatibles con la función pública".

La Justicia sobreseyó a Máximo Kirchner y a Nilda Garré en una causa originada en una noticia falsa de Clarín

La decisión fue tomada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. El pasquín envuelve huevos publicó en 2015 que los dirigentes tenían cuentas en el extranjero, pero no es cierto.

La Justicia sobreseyó a los diputados nacionales por el Frente Para la Victoria, Máximo Kirchner y Nilda Garré, en una causa originada a partir de una "investigación" del periodista Daniel Santoro en el pasquín envuelve huevos Clarín.

La decisión fue tomada por el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 8, Marcelo Martínez de Giorgi, quien desestimó que los dirigentes del FPV tuvieran cuenta en el exterior.

El artículo que dio origen a la causa, publicado por Clarín en marzo de 2015 en plena campaña electoral, informaba que Máximo Kirchner y Nilda Garré controlaban una cuenta en el Banco Felton de Estados Unidos con 61 millones de dólares y otra en el Morval Bank de las Islas Caimán, que habría llegado a tener 19.845.300 dólares.

En los fundamentos del fallo (al que se puede acceder desde aquí), Martínez de Giorgi justifica el sobreseimiento aduciendo que "los hechos investigados no se cometieron, declarando que la formación del proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado".

Asimismo, el juez dictó el sobreseimiento sobre María Paula Abal Medina, hija de Nilda Garré, y a Henry Olaf Aaset, ex diputado del Frente Para la Victoria de Santa Cruz.

Imputaron a Etchevehere por cobrar el bono de 500 mil pesos de la Suciedad Rural

El fiscal federal Ramiro González imputó al ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere por el cobro del bono de 500 mil pesos de la Sociedad Rural.

El funcionario del Ministerio Público elevó el dictamen al juez Marcelo Martínez de Giorgi, al que le solicitó la realización de diversas medidas de prueba para investigar si existió o no un delito.

La causa se inició con la denuncia realizada, el 28 de diciembre pasado, por el abogado Leonardo Martínez Herrero, quien acusó al ministro por "cohecho activo, negociaciones incompatibles y defraudación por administración fraudulenta".

"El ministro deberá indicar la fecha en que recibió el dinero y, en caso de haberlo devuelto, la forma de esa restitución. Es de interés citar a los directores de la SRA que intervinieron en el acta, tanto los que votaron a favor como en contra", decía la denuncia.

Esa restitución que menciona la denuncia se concretó recién la semana pasada cuando Etchevehere anunció que devolvió los 500 mil pesos que cobró de la Suciedad Rural Argentina cuando renunció para asumir como ninistro de Agroindustria del régimen macrifascista.

"De esta manera, cumplo mi deseo de ratificar mi firme e incólume vocación con la ética, legalidad y transparencia, priorizando la defensa de lo actuado, convencido de haberlo hecho con absoluta corrección, y la necesidad de destinar mis energías y capacidades a desarrollar el cargo con que fuera honrado, sin distracciones estériles, no sólo en aras del bien de la agroindustria, sino del país y de la sociedad toda", comunicó el agrogarca para tratar de salir del escándalo.

En ese momento, trascendió que la Oficina Anticorrupción (OA) tenía listo un duro dictamen contra el ministro y que le habrían recomendado devolver los fondos antes de que saliera a la luz. De todos modos, en el régimen explicaron  que "la OA está obligada a emitir siempre su opinión técnica para informar a la ciudadanía, al funcionario y otros funcionarios en general si esa situación que existió estuvo reñida o no con la ley de ética pública".

El miércoles, trascendió que en la Casa Rosada ya evalúan el costo de sostener a Etchevehere en el ministerio de Agroindustria y se habla de mantenerlo en el cargo hasta la exposición de La Rural.

Sucede que, al polémico bono que tuvo que devolver se le suma el llamado a indagatoria previsto para el 27 de febrero y 5 de marzo próximo, en la causa por lavado de activos y vaciamiento de El Diario de Paraná que le inició su propia hermana Dolores, en la que se investigan las transferencias de un total de 18 inmuebles propiedad de sociedades de la familia.