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martes, 20 de febrero de 2018

El fiscal de la causa pidió desestimar la denuncia contra Zaffaroni por intimidación pública y apología del crimen

El fiscal Ramiro González desestimó la denuncia por intimidación pública y apología del crimen contra el ex ministro de la Corte Suprema al considerar que en sus declaraciones no incurrió en ningún delito. González resaltó que los dichos de Zaffaroni "se dan dentro del derecho a expresar nuestras opiniones contenido en el bloque constitucional". Ahora el juez Ariel Lijo decidirá si cierra el expediente.


El fiscal Ramiro González desestimó la denuncia por intimidación pública y apología del crimen contra el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Zaffaroni al considerar que "es claro que no se ha incitado a la violencia" en las declaraciones que el ex integrante de la Corte Suprema dio a radio Caput a mediados de enero. González transcribió en su fallo varios fragmentos de la entrevista de la que sólo se destacó la frase en la que Zaffaroni señalaba su deseo de que el Mugrizio Macri Blanco Villegas "se fueran lo antes posible" para precisar que no se incurrió en ninguno de los dos delitos y resaltó que las "expresiones se dan dentro del derecho a expresar nuestras opiniones contenido en el bloque constitucional". Ahora el juez Ariel Lijo decidirá si cierra el expediente. 

La denuncia había sido radicada el 13 de febrero por al abogado Santiago Dupuy -un declarado militante del PRO y denunciador serial, con reiteradas presentaciones en Comodoro Py- luego de la entrevista que Zaffaroni ofreció a radio Caput en la que criticó duramente la gestión de la alianza de derecha Cambiemos, sobre todo el aspecto económico y la toma de deuda, y dejó la frase que abrió la polémica: "Yo quisiera que se fueran lo antes posible, para que hagan menos daño, pero eso es un deseo personal. Lo decisivo va a ser la crisis del programa económico inviable. Por otra cosa, no se van a ir".

La frase fue transcrita en el dictamen del fiscal González junto a otros extensos fragmentos para evidenciar que "el contenido de las expresiones vertidas por el Dr. Zaffaroni en la entrevista en cuestión, es claro que no se ha incitado a la violencia contra un grupo de personas o instituciones", por lo que descartó la denuncia por intimidación pública. "Es notorio que estamos ante una visión subjetiva, política de la realidad argentina que se puede compartir o no, pero de ninguna manera que pueda ser considerada incursa dentro de la conducta que tipifica el art. 212 del Código Penal de la Nación", precisó el fiscal. 

A pesar que desde el régimen macrifascista calificaron de "golpista" la frase de Zaffaroni y pidieron públicamente que el ex ministro de la Corte Suprema abandone su silla en la Corte Interamericana, el fiscal descartó también que los dichos hayan incurrido en una apología del crimen sino que los enmarcó dentro del derecho a la libertad de expresión. "Realiza afirmaciones sobre situaciones políticas cotidianas y que como tales, constituyen una visión propia de la realidad en donde está inmerso. Es claro que estas expresiones se dan dentro del derecho a expresar nuestras opiniones contenido en el bloque constitucional y que como tal goza de completa protección", resaltó el fiscal en su elevación al juez Lijo. 

En la misma línea que el dictamen de la fiscalía, la Asociación Americana de Juristas se pronunció la semana pasada en defensa de Zaffaroni al sostener que la declaración utilizada por el macrifascismo para tildarlo de "golpista" son de un párrafo "sacado de contexto" y recordaron que "la independencia e imparcialidad de los jueces y las juezas no implica que carezcan de opinión política"

La denuncia de Dupuy no es la primera que realiza para causar impacto mediático. Entre algunas de las denuncias dirigidas a funcionarios kirchneristas o figuras contrarias a la línea PRO, el letrado cuenta con una presentación contra la ex Procuradora General Alejandra Gils Carbó por la designación de fiscales, otra contra el ex canciller Héctor Timerman por el Memorándum con Irán bajo la figura de traición a la patria -figura que fue desestimada a fin de año por la Cámara Federal en una causa impulsada por el juez federal clarinista Claudio Bonadio-. Otra causa con la firma de Dupuy fue contra el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por un supuesto desvío de subsidios a empresas de colectivos, causa en la que la Cámara Federal revocó el procesamiento del ex funcionario hace dos semanas.

sábado, 10 de febrero de 2018

Imputaron a Etchevehere por cobrar el bono de 500 mil pesos de la Suciedad Rural

El fiscal federal Ramiro González imputó al ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere por el cobro del bono de 500 mil pesos de la Sociedad Rural.


El funcionario del Ministerio Público elevó el dictamen al juez Marcelo Martínez de Giorgi, al que le solicitó la realización de diversas medidas de prueba para investigar si existió o no un delito.

La causa se inició con la denuncia realizada, el 28 de diciembre pasado, por el abogado Leonardo Martínez Herrero, quien acusó al ministro por "cohecho activo, negociaciones incompatibles y defraudación por administración fraudulenta".

"El ministro deberá indicar la fecha en que recibió el dinero y, en caso de haberlo devuelto, la forma de esa restitución. Es de interés citar a los directores de la SRA que intervinieron en el acta, tanto los que votaron a favor como en contra", decía la denuncia.

Esa restitución que menciona la denuncia se concretó recién la semana pasada cuando Etchevehere anunció que devolvió los 500 mil pesos que cobró de la Suciedad Rural Argentina cuando renunció para asumir como ninistro de Agroindustria del régimen macrifascista.

"De esta manera, cumplo mi deseo de ratificar mi firme e incólume vocación con la ética, legalidad y transparencia, priorizando la defensa de lo actuado, convencido de haberlo hecho con absoluta corrección, y la necesidad de destinar mis energías y capacidades a desarrollar el cargo con que fuera honrado, sin distracciones estériles, no sólo en aras del bien de la agroindustria, sino del país y de la sociedad toda", comunicó el agrogarca para tratar de salir del escándalo.

En ese momento, trascendió que la Oficina Anticorrupción (OA) tenía listo un duro dictamen contra el ministro y que le habrían recomendado devolver los fondos antes de que saliera a la luz. De todos modos, en el régimen explicaron  que "la OA está obligada a emitir siempre su opinión técnica para informar a la ciudadanía, al funcionario y otros funcionarios en general si esa situación que existió estuvo reñida o no con la ley de ética pública".

El miércoles, trascendió que en la Casa Rosada ya evalúan el costo de sostener a Etchevehere en el ministerio de Agroindustria y se habla de mantenerlo en el cargo hasta la exposición de La Rural.

Sucede que, al polémico bono que tuvo que devolver se le suma el llamado a indagatoria previsto para el 27 de febrero y 5 de marzo próximo, en la causa por lavado de activos y vaciamiento de El Diario de Paraná que le inició su propia hermana Dolores, en la que se investigan las transferencias de un total de 18 inmuebles propiedad de sociedades de la familia.