martes, 20 de noviembre de 2018

Ya son siete los muertos tras el incendio en una comisaría clausurada de Esteban Echeverría: "Van a morir como las ratas que son"

Mientras la gobernadora fascista María Eugenia Vidal y el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, continúan sin pronunciarse por la masacre de la Comisaría 3ª de Esteban Echeverría, otro detenido falleció el domingo a causa de las graves heridas sufridas en el incendio ocurrido el jueves pasado en las celdas, con orden judicial de clausura, en las que permanecían alojadas, más allá del plazo legal, 27 personas. 


Con esta nueva víctima fatal ya son 7 los presos que murieron por la masacre de la comisaría de la localidad del sur del conurbano, una de las peores ocurridas en comisarías de la Policía Bonaerense junto a la de la comisaría 1ª en Pergamino. Otros dos detenidos continúan internados de gravedad. 

Además del silencio, la gobernadora fascista María Eugenia Vidal tampoco ordenó el pase a disponibilidad de los efectivos y el comisario responsables de la masacre ocurrida el jueves pasado. La Comisión Provincial por la Memoria, que representa a los familiares y víctimas, denunció que tras iniciarse el incendio los policías cerraron la llave de paso de agua que iba hacia las celdas, para evitar que los detenidos pudiesen extiguir el fuego, y ante los pedidos de auxilio, les respondía: "Ahora van a morir como las ratas que son"

Desde el CPM denunció también que a cuatro días de la masacre, el régimen fascista bonaerense se encargó de responsabilizar a la Justicia -que en marzo pasado había ordenado la clausura de las celdas de la comisaría- y estuvo ausente en la asistencia a familiares de las víctimas y sobrevivientes. Respecto de la decisión de no apartar a los policías que continúan cumpliendo funciones en la misma comisaría, la comisión provincial apuntó que "el comisario llama por teléfono a los familiares citándolos a la comisaría en un claro gesto intimidatorio".

Juan Carlos Fernández, 31 años y cuatro hijos, estaba internado en terapia intensiva desde el jueves en el Hospital Narciso López, en Lanús, y falleció ayer por la tarde. A pesar de la prohibición de demorar a una personas por más de 48 horas en una dependencia policial, Fernández llevaba un año y cinco meses en ese condición. Los últimos 3 meses estuvo detenido en la comisaría de Trasradio, barrio humilde de la localidad de Esteban Echeverría, esperando un cupo para ingresar en unidad penitenciaria. Al igual que el resto de los 27 detenido, Fernández tenía un procesamiento, pero no una condena que ordenara su detención. 

"La sobrepoblación y hacinamiento en las comisarías es el resultado directo de una política de seguridad criminal que persigue y encierra a los sectores más vulnerables", insistieron desde el CPM y subrayaron que la población vulnerable detenida "en comisarías inhabilitadas por orden judicial para alojar personas", mientras que "el 80 por ciento no cuentan con elementos para prevenir incendios"

"Todo esto es lo que permitió que sucediera la masacre de la comisaría de Esteban Echeverría del mismo modo que en marzo de 2017 ocurrió en la comisaría 1ª de Pergamino, donde también murieron siete jóvenes", recordaron desde el CPM. En el caso de Pergamino, donde también se intentó en las primeras semanas culpar a los detenidos por el incendio iniciado, el régimen provincial debió reconocer las responsabilidades de los policías y exonerar a los cinco que en la actualidad se encuentran procesados. 

El incendio en la Comisaría 3ª de Esteban Echeverría comenzó el jueves a la noche, cuando un grupo de los dentenidos prendió fuego algunos papeles y mantas para llamar la atención y exigir que mejoraran las condiciones de hacinamiento que sufrían los 27 detenidos en un lugar destinado para un máximo de 10, donde debían turnarse para dormir en el piso con frazadas. 

"Es inconcebible que estando la central de bomberos al lado de la dependencia policial no pudo extinguirse el incendio de manera inmediata antes de que se expandiera", subrayó la CPM y advirtió que las muertes podrían "haberse evitado, pero ni el Estado provincial ni la Corte hicieron nada para impedirlo. Si ambos persisten en esta línea el pronóstico es más alarmante aún: lo que ya se repitió sucederá otra vez inevitablemente".

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