El abogado Oscar Hermelo fue hallado muerto, con un disparo en la cabeza, en un presunto suicidio. Había sido fiscal de Ejecución Penal hasta que un informe de la Procuración General y otras denuncias señalaron su rol durante la dictadura.
El ex fiscal de Ejecución Penal Oscar Hermelo, vinculado con violaciones a los derechos humanos cometidas en el centro clandestino que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada, apareció muerto de un tiro en la cabeza en la madrugada del miércoles.
Se encontraba dentro de un auto Toyota Corolla negro, estacionado y con el motor en marcha en Costanera Norte. El ocupaba el asiento del conductor. Sobre su regazo, personal de la Policía de la Ciudad encontró un arma, elemento sobre el que las autoridades se basan para hablar de suicidio. En el asiento del acompañante hallaron documentación que acredita su identidad. El fiscal José María Campagnoli, quien quedó a cargo del caso, ordenó una autopsia.
Al momento de su muerte, Hermelo era abogado penalista. Hacía casi una década que había dejado su puesto de fiscal de Ejecución Penal de la Ciudad de Buenos Aires, acorralado por un informe de la Procuración general –entonces al mando de Esteban Righi– y denuncias de organismos de derechos humanos que lo vinculaban con el funcionamiento terrorista de la ESMA durante la última dictadura. Sin embargo, su situación en la investigación sobre los hechos que ocurrieron en ese centro clandestino estaba congelada en falta de mérito.
El genocida Adolfo Scilingo lo mencionó en su libro Por siempre nunca más, publicado en 1996, como “un estudiante de abogacía y empleado de Tribunales” que “con el tiempo” se transformó en su “mano derecha y hombre de total confianza” dentro de la ESMA. Su rol, según el primer genocida en confirmar los crímenes de los que había sido responsable, era cuidar de los bienes que la patota de la ESMA robaba a los secuestrados, torturados y luego desaparecidos. Su padre, que llevaba el mismo nombre, también estaba vinculado al terrorismo de Estado. Como juez, Oscar Hermelo (padre) intervino en la apropiación de los hijos de Pablo Koncurat y Claudia Urondo, nietos de Paco Urondo. El secretario de ese juzgado que también participó del robo de los niños fue el represor civil Gonzalo Torres de Tolosa.
Pero Hermelo ya aparecía denunciado en los testimonios de sobrevivientes recopilados por la Conadep. En 2007, diez años después, la agrupación Hijos le hizo un escrache en su casa por haber integrado la Dirección de Talleres de la ESMA. Entonces, aún continuaba a cargo de la evaluación del cumplimiento de penas de los presos porteños, puesto que ejercía desde 1995.
Las denuncias de los organismos de derechos humanos fueron acumulándose. En 2009, el entonces jefe de fiscales había ordenado una investigación sobre el rol de Hermelo durante la dictadura. El trabajo, llevado adelante por el fiscal Alejandro Alagia fue demoledor. No dejaba dudas sobre el vínculo del abogado penalista con la patota de la ESMA. Incluso se conoció una condecoración con la que el jefe de la Armada, Emilio Massera, lo había distinguido en 1978. Meses después de ese informe, Hermelo renunció a su puesto de fiscal.
En diciembre de ese mismo año, el juez Sergio Torres lo citó a indagatoria en el marco de la causa que sigue buscando a responsables de los crímenes de la ESMA. No terminó aquel mes sin que el magistrado avanzara: días antes del final de ese año lo procesó por tormentos seguidos de muerte y privación ilegal de la libertad, sin prisión preventiva. Pero en julio de 2010, la Sala II de la Cámara Federal le dictó la falta de mérito.
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