La legisladora porteña del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, denunció ante el Inadi la discriminación cotidiana que padecen las empleadas de casas particulares en el exclusivo barrio de Tigre, donde viven empresarios, famosos y políticos.
La legisladora porteña Myriam Bregman denunció ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) el maltrato que sufren las trabajadoras de casas particulares en el exclusivo complejo Nordelta, ubicado en el partido bonaerense de Tigre.
La situación salió a la luz a partir de la denuncia de las empleadas sobre que no les permiten compartir el transporte interno del predio con los propietarios de las casas.
“Es inadmisible que en pleno siglo XXI, y luego de las masivas movilizaciones que hemos protagonizado por nuestros derechos, a las trabajadoras se las trate como en Estados Unidos en la década del 50. Hay un apartheid en Nordelta, y queremos saber por qué el Estado no tomó todavía cartas en el asunto”, reclamó la diputada del Frente de Izquierda (FIT).
La denuncia fue contra la empresa Trip Co S.A. - MaryGo, encargada de las combis que recorren las calles de la urbanización, y contra las autoridades del complejo, quienes aseguran que ignoraban la situación. “Esta prohibición, totalmente discriminatoria, afecta además la circulación y el acceso de las empleadas a sus lugares de trabajo, y viola todas las leyes, tratados y decretos que protegen los derechos de las trabajadoras. Por eso pedimos al Inadi que intervenga de inmediato”, exigió Bregman.
Para tener una idea de la magnitud de Nordelta hay que saber que ocupa una superficie de 16 kilómetros cuadrados, incluye 23 barrios privados, donde viven 45 mil personas, muchos de ellos empresarios, famosos y funcionarios políticos. Su creador y dueño es nada menos que Eduardo Costantini, quien días pasados se quejó que bajo la administración de Mugrizio Macri Blanco Villegas dejó de ser "billonario" para pasar a ser sólo "millonario".
La referente del FIT junto al diputado nacional Nicolás del Caño y a la diputada nacional Nathalia González Seligra propusieron al Congreso que "rechace este trato humillante" y solicite al ministerio de Salud y Desarrollo Social que encabeza Carolina Stanley un informe detallado sobre la situación de las trabajadoras dentro del complejo. "No puede ser que estas denuncias salgan a la luz, que todos los medios las reflejen, y que las autoridades del Estado sigan sin tomar medida alguna”, declaró.
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