Walter Barrios, de 21 años, murió anteanoche. El joven llevaba 2 meses detenido en la Comisaría 3ª por el delito de encubrimiento, que implica penas mínimas. Denuncian la desidia del régimen fascista de María Eugenia Vidal en el tema.
Durante la noche del lunes falleció el joven Walter Barrios, de 21 años, con lo cual ascendiendo a 8 la cifra de víctimas fatales por la brutal masacre de la Comisaría 3ª de Transradio, en Esteban Echeverría, ocurrida el jueves 15 de noviembre.
"Se trata de la mayor masacre en la historia de las comisarías argentinas" y tal como viene señalando la Comisión Provincial por la Memoria, "es el resultado directo del hacinamiento y la sobrepoblación, entre otros factores de violación de derechos en contexto de encierro, de una política criminal que persigue y encierra a los pobres".
"Ni intento de fuga ni de motín: según los testimonios coincidentes de los sobrevivientes –había 27 detenidos en la esa comisaría, que tenía ordenada una clausura judicial para alojamiento y ni siquiera contaba con la cantidad de plazas ni colchones para la mitad de ese número- el fuego podría haber sido rápidamente apagado de no haber sido cortado arbitrariamente el suministro de agua hacia los calabozos. “Ahora se van a quemar como las ratas que son”, escucharon varios sobrevivientes de parte de los efectivos que asistían, impávidos, al horror y en medio de los pedidos desesperados de ayuda", denunciaron desde la CPM.
Para la CPM resulta urgente la necesidad de avanzar en las responsabilidades de los efectivos y autoridades de la Comisaría 3ª así como de los funcionarios policiales de la departamental y funcionarios políticos y judiciales, considerando las graves circunstancias y acciones directas en esta masacre y también la ilegalidad del alojamiento de detenidos en esa comisaría por orden judicial.
"El Estado es responsable del hecho: todas las denuncias de la CPM -presentadas ante tribunales internacionales y la Corte bonaerense- señalaban que otra masacre como la de Pergamino era posible", denunciaron.
"Sigue siendo práctica generalizada la detención de personas en comisarías bonaerenses inhabilitadas por orden judicial para hacerlo, y el 80 por ciento de las dependencias policiales no cuentan con elementos para prevenir incendios. Al mismo tiempo, los registros de la CPM confirman los niveles de sobrepoblación y hacinamiento", dijeron desde la CPM.
Asimismo, repudiaron "esta nueva masacre y responsabiliza al Poder Ejecutivo provincial y a la Suprema Corte bonaerense. Las advertencias sobre las condiciones inhumanas en que se encuentran los lugares de encierro en la Provincia, y el reconocimiento que estas denuncias han tenido en ámbitos judiciales de nuestro país le otorgan más gravedad a lo sucedido".
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