Fernando Martín Arguello, de 33 años, es la décima víctima fatal de la masacre de la Comisaría 3ª de Esteban Echeverría, la más grave ocurrida en la historia de país.
La muerte de Fernando se produjo el martes en el Hospital Eva Perón de Lanús, donde estaba internado desde la madrugada del 15 de noviembre. El sábado se cumplirá un mes de la masacre sin que el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, ni la gobernadora María Eugenia Vidal se pronuncian al respecto. Fernando estaba ilegalmente detenido por un delito simple como el de tenencia de estupefacientes. Otros dos sobrevivientes continúan con tratamientos ambulatorios para tratar las lesiones producidas por el incendio.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) -que el viernes pasado solicitó una ampliación de medidas cautelares ante la CIDH ante la grave situación de las comisarías bonaerenses- lamentó el silencio que mantiene el gobierno bonaerense, a pesar de que "la responsabilidad del Estado está clara: la comisaría tenía seis resoluciones judiciales de prohibición para alojar personas, todas incumplidas por el Ministerio de Seguridad". La comisión, que representa a los familiares de las víctimas, resaltó que la Comisaria 3ª de Transradio tampoco contaba con "la red de prevención de incendio, ni colchones ignífugos y los dos matafuegos tenían las cargas vencidas".
Arguello estaba alojado en la comisaría 3ª desde el 25 de octubre. Llevaba veinte días privado de su libertad en la madrugada del incendio. La orden de detención, que en una comisaría no puede superar los 4 días, estaba a cargo de la comisaría 1ª de Monte Grande por un delito menor como el de tenencia de estupefacientes para comercialización. La acusación contra Arguello es similar a la que tenían otros de los detenidos, todos ellos detenidos de forma ilegal en celdas con siete órdenes de clausura. Seis dictadas por la Justicia, la primera en el año 2011, y una por resolución Ministerio de Seguridad bonaerense.
La responsabilidad del Estado en la causa que investiga en el juzgado de garantías Nº 2 de Esteban Echeverría, a cargo de Javier Maffucci Moore, quedó de manifiesto la semana pasada, cuando la propia Auditoría de asuntos internos del Ministerio de Seguridad desafectó a los cinco policías que prestaban funciones en la comisaría aquella madrugada.
A pesar del grado de responsabilidad estatal, Ritondo y Vidal aún no se pronunciaron sobre la masacre y ayer a la mañana participaron junto a la beoda ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, del 138º aniversario de la creación de la Policía bonaerense, donde la mandataria fascista bonaerense prometió "construir una policía de la provincia de la que todos nos sintamos orgullosos".
"Esta masacre también fue producto del hacinamiento, las condiciones inhumanas de detención y la falta elementos de seguridad: la comisaría no contaba con colchones ignífugos, sistema de prevención de incendios, plan de contingencia ni matafuegos adecuados para apagar el fuego. Los dos matafuegos existentes se encontraban vencidos y tenían colchones de goma espuma, prohibidos por ser altamente inflamables y tóxicos", denunció el CPM en un comunicado.
La situación de las comisarías bonaerenses es denunciada en forma sostenida por el organismo de derechos humanos, que la semana pasada exigió ante la CIDH la ampliación de medidas cautelares para proteger la vida y la integridad de los detenidos y el cese de su uso para alojamiento permanente. El reclamo lo llevó junto la Defensoría de Casación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en el marco de una audiencia en la que el Estado nacional y el Estado provincial reconocieron la gravedad de la situación. Uno de los datos alarmantes que los organismos recordaron fue que de las 450 comisarías provinciales, 253 están inhabilitadas para alojar personas y 118 continúan alojando detenidos.
Además se recordó que el 2 de marzo de 2017 ya había ocurrido otra tragedia en la Comisaría 1ª de Pergamino, cuando murieron 7 personas tras otro incendio en las celdas. Desde diciembre de 2015, 68 personas fallecieron por la situación de sobrepoblación y hacinamiento extremo en las comisarías, mientras que la cantidad de personas detenidas en comisarías creció un 26 por ciento solo en 2018. Desde el inicio de la gestión Vidal el número de detenidos establecimientos policiales aumentaron un 121 por ciento.
El sábado próximo cuando se cumple un mes de la masacre, los familiares de las víctimas junto al CPM y otros organismos de derechos humanos marcharán desde las 18 por el centro de la localidad bonaerense de Monte Grande acompañados por los integrantes de la Red de familiares contra la tortura y otras violencias estatales.
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