El régimen fascista de Horacio Rodríguez Larrata logró ayer aprobar una reforma del Código Contravencional que, entre otras cosas, prohíbe la actividad de los "trapitos" y limpiavidrios, agrava las penas contra el acoso callejero, regula los ruidos molestos y crea figuras como la del hostigamiento digital.
Cuando fue votada "en general", la norma obtuvo 40 votos a favor (Vamos Juntos, Evolución y Mejor Ciudad) y 20 en contra (Unidad Ciudadana, GEN, Socialismo, Bloque Peronista, FIT, AyL). No obstante, los legisladores oficialistas de la Coalición Cínica rechazaron "en particular" los artículos referidos a la actividad de los trapitos. Se trata de la primera vez en el año que el bloque Vamos Juntos (PRO + CC) mostró fisuras a la hora de respaldar un proyecto del Ejecutivo. Tal vez un nuevo síntoma de las tensiones que existen entre Elisa Carrió y la Casa Rosada.
Fue por esta situación que el oficialismo buscó un mayor consenso que le garantizara los votos necesarios. De hecho, para la redacción final de la ley, en lo que se refiere a los cuidacoches, tomaron gran parte de un proyecto presentado hace tres años por el diputado socialista Roy Cortina.
"Mi proyecto no pone el énfasis en el 'trapito' individual -como sí hacía el original- sino que agrava las penas cuando hay organización previa, participación de barras o zonas liberadas por parte de la policía. Si no existe organización previa, no tiene pena de cárcel. Sí la tiene si forma parte de una organización. En ese sentido, es un proyecto que va contra las mafias", explicó Cortina.
Por esa razón, los dos legisladores de su bloque rechazaron el proyecto en general pero votaron favorablemente los artículos relacionados con los trapitos en particular.
El texto de Cortina fue incorporado porque incluía un cambio en la redacción que el oficialismo considera clave. Hasta ahora la norma penaba a "quien exija" dinero por cuidar un auto y ahora sanciona a quien "preste u ofrezca" el servicio. La nueva redacción estuvo motivada debido a que era muy difícil probar que el trapito había "exigido" dinero, entonces casi la totalidad de las denuncias quedaban en la nada. Con la nueva ley, el simple ofrecimiento ya constituye una contravención.
En la misma línea, Leandro Halperín de Evolución destacó que votaron a favor porque ya no se trataba de una ley del Ejecutivo sino de un proyecto "de la Legislatura". Desde el espacio que lidera Martín Lousteau también lograron modificaciones como incorporar la figura del "estado de necesidad justificante" que permite a los jueces evaluar la necesidad que pudo haber llevado a una persona a cometer una falta y así, en algunas ocasiones, evitar la sanción.
Al igual que los socialistas, los radicales también impulsaron la restricción de los arrestos a las conductas más graves como la organización mafiosa. En el proyecto original, tanto un "trapito" individual como alguien que pegue carteles en la vía pública podían ser arrestados. Finalmente serán multados. Además, pidieron que en todas las contravenciones intervenga el Ministerio Público Fiscal para evitar los abusos policiales.
El Código Contravencional busca prevenir y regular los conflictos urbanos generados a partir de conductas que no llegan a ser delitos penales. Originalmente, fue sancionado con amplio consenso para reemplazar a los edictos policiales que le daban un poder demasiado discrecional a las fuerzas de seguridad.
Desde la oposición, denunciaron el espíritu "punitivista" del nuevo código que busca "criminalizar" a los trabajadores informales afectados por la crisis económica. También alertaron sobre los peligros de permitir las denuncias anónimas, que podrían aumentar la discrecionalidad del accionar policial.
Leandro Santoro, de Unidad Ciudadana, dijo que el régimen solo quiere "un enemigo interno" para justificar el "fracaso económico". La diputada del Bloque Peronista, María Rosa Muiños, señaló que el nuevo código "tiene la voluntad de darle un mensaje de mayor amplitud de acción a las fuerzas policiales en sintonía con el discurso de Patricia Bullrich".
Por su parte, Gabriel Solano, del FIT, coincidió en que el régimen porteño "está buscando un chivo expiatorio para la crisis" y denunció que "lo único que se va a incrementar es la capacidad de coacción del Estado para cobrarle coimas a los trapitos".
"A partir de ahora los vecinos de la Ciudad van a tener una legislación que los proteja de las mafias que operan en el espacio público y que ahora combatiremos desde el estado con leyes más justas", resumió el vicejefe de Gobierno Diego Santilli.
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