Según indican desde los gremios aeronáuticos, la falacia de los subsidios es un argumento para justificar la privatización.
En medio de la escalada de conflictividad laboral a la que está llevando la actual conducción de Aerolíneas Argentinas el reclamo de recomposición salarial de sus trabajadores, el régimen macrifascista busca demonizar el carácter estatal de la línea de bandera.
Para ello hace hincapié en los subsidios que el Estado aporta para el funcionamiento de Aerolíneas y Austral como un costo de oportunidad negativo para financiar otros proyectos.
Sin embargo, Aerolíneas Argentinas (AA) devuelve en concepto de impuestos al Estado más de la mitad de los subsidios que recibe anualmente y por cada dólar gastado por la compañía, se crean casi tres dólares de valor agregado bruto en la economía del país, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). No solo eso.
En el último lustro la participación de las transferencias del Estado en el total de ingresos de la empresa se redujo de 27 por ciento (2013) a 7 por ciento (2017). La baja de subsidios se inició con un plan expansivo de los negocios de Aerolíneas para reducir la dependencia estatal con la administración anterior y ahora mutó a un programa de ahogo financiero para hacerla desaparecer, según reclaman los gremios y respalda, con datos, el informe del CEPA.
La similitud entre el plan económico de la alianza de derecha Cambiemos y el implementado en los '90 es vasta en ejemplos, aunque la reprivatización de empresas públicas es por el momento una de las pocas excepciones. Desde que se inició el reclamo de los trabajadores de Aerolíneas luego de que la empresa incumpliera la revisión pautada de la paritaria en octubre, el régimen dejó correr el conflicto. En tanto, Miauricio Macri Blanco Villegas y luego algunos de sus funcionarios se encargaban de exhibir una supuesta injusticia entre lo que se subsidia a Aerolíneas y la posible creación de jardines de infantes, metrobuses y hasta el pago a docentes bonaerenses, como llegó a afirmar la gobernadora fascista bonaerense María Eugenia Vidal. Los sindicatos denuncian que el objetivo es reprivatizar AA, dejarla quebrar y que el negocio lo absorban las compañías extranjeras a las que el macrifascismo les abrió las puertas -o los cielos- sin restricciones.
Pero en el argumento de los subsidios hay varias falacias que el informe del CEPA revela a partir de los datos del mercado y la empresa, organismos internacionales especializados y estados contables. Aerolíneas preveía un déficit de aproximadamente 90 millones de dólares para 2018, que terminará superando los 330 millones. Si se lo compara con el promedio anual de 678 millones de dólares de subsidios de la gestión 2008-2015, implica menos de la mitad de ese promedio.
“Esta disminución se explica por un sostenido crecimiento de los ingresos propios debido a los servicios prestados que responden a mayores ventas de pasajes, a partir de una mayor oferta disponible producto del aumento de la inversión en la flota”, señala el informe. El 90 por ciento de los ingresos son por venta de pasajes, seguido por el servicio de cargas y correo con el 3 por ciento y programa de pasajeros frecuentes y misceláneos pasajes con el 2 por ciento. Con la caída de la actividad económica, los ingresos del Grupo de Bandera (AA y Austral) se redujeron y el régimen, como en otras áreas, busca solucionarlo achicando la estructura.
El recorte que se plantea recae principalmente sobre los trabajadores. El 50 por ciento del costo del AA y Austral está explicado por los rubros remuneraciones y pago de cargas sociales, y combustibles. “Los siguientes costos en orden de importancia son el alquiler de aeronaves (9 por ciento), atención al vuelo (7 por ciento), mantenimiento de aeronaves (7 por ciento) y comisiones y gastos de ventas, que alcanza el 5 por ciento; y sumando el Programa de pasajeros frecuentes alcanza 7 por ciento”, según el estudio del CEPA.
Pero además la empresa pública también devuelve en impuestos. “En el momento de publicación del informe la línea aérea de bandera realizaba al Estado un aporte directo neto de 65 millones de dólares a través del pago de impuestos, equivalentes a más de 10 por ciento de las transferencias que recibía del Tesoro”. Además, se computan los efectos indirectos e inducidos en las cadenas de valor de otras actividades o como demandante de otras industrias. “De la comparación entre el impacto económico total y el directo surge que, por cada 100 dólares de valor agregado del sector, indirectamente se generan otros 294 dólares de valor agregado bruto en otros sectores de la economía argentina”, señala el documento elaborado por Alejandra Fernández Scarano, Victoria Ávila, Nicolás Salerno, Marcos Morán y Juan Aiello, del CEPA.
Fuenta: nota de Cristian Carrillo para Página/12
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