Por Carlos Noriega, desde Lima, para Página/12
Al ex presidente Alan García se le cayó la jugada para eludir a la Justicia que lo investiga por corrupción. El gobierno de Uruguay le negó al ex mandatario peruano el asilo que había pedido hace quince días alegando una supuesta persecución política en su contra, argumento que no se sostenía en la realidad y que el gobierno de Tabaré Vásquez ha rechazado con contundencia.
El pedido de asilo de García fue interpretado como un intento de fuga luego que un juez prohibiera su salida del país en el marco de una investigación fiscal por el pago de sobornos de la brasileña Odebrecht para la construcción del Metro de Lima durante su segundo gobierno (2006–2011).
El gobierno peruano recibió con satisfacción la decisión de Uruguay de negar el asilo.
García, que había ingresado a la residencia del embajador uruguayo en Lima la noche del pasado sábado 17 de noviembre, horas después que se dictara su impedimento de salida del país, abandonó hoy temprano la vivienda del embajador Carlos Barros. El ex mandatario no tiene orden de detención, sino solamente de impedimento de salida del país, por lo que pudo salir sin problemas de la residencia del embajador uruguayo. Al momento del envío de esta nota se desconocía su paradero, se especulaba que estaría en la casa de una de sus hijas. Circula el rumor que estaría buscando asilo en otra embajada. En los últimos días, cuando crecía la versión que se le negaría el asilo, García habría hecho gestiones ante los gobiernos de Cista Rica y Chile con ese objetivo. Pero no tuvo éxito.
Fue el propio presidente Tabaré Vásquez quien informó la negativa del asilo. “No hay persecución política”, dijo el mandatario uruguayo al referirse al caso de García. “En Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado, y es precisamente el Poder Judicial el que está llevando a cabo las investigaciones de eventuales delitos económicos. Por estas consideraciones, estrictamente jurídicas y legales, no concedemos el asilo al señor Alan García”, señaló el presidente de Uruguay. Luego de esta contundente negativa del gobierno uruguayo al pedido de asilo, se considera difícil que otro país se anime a darle protección al ex presidente peruano para que eluda a la Justicia. Distintas voces están pidiendo que se ordene la detención preventiva de García para evitar un nuevo intento de fuga.
El ex presidente Alan García es investigado por la fiscalía por el pago de 24 millones de dólares de sobornos de Odebrecht para la construcción del Metro de Lima durante su segundo gobierno. Por este caso, están detenidos un viceministro y otros funcionarios del gobierno de García. Documentos de la empresa brasileña revelan que ésta le pagó a García 100 mil dólares por una conferencia, encubriendo el pago a través de un testaferro para ocultar quién pagaba. Este pago se hizo desde la oficina de la empresa encargada de abonar los sobornos. La fiscalía considera que la entrega de estos 100 mil dólares y la operación para ocultar su origen es una evidencia que el ex presidente recibió pagos ocultos de Odebrecht. Es por este caso que un juez ha ordenado el impedimento de salida del país al ex presidente para evitar su fuga. García también es investigado por otros casos, como el financiamiento ilegal de Odebrecht con 200 mil dólares a su campaña electoral de 2006, y otros casos de corrupción.
Luego de su primer gobierno (1985–1990), García pidió asilo en la embajada de Colombia para eludir un proceso por corrupción. En esa oportunidad sí obtuvo la protección de Colombia y pudo salir del país, para regresar en 2001 cuando los cargos en su contra ya habían prescrito. En esta ocasión, el plan de fuga le ha fallado.
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