"Intentan legitimar lo que la dictadura genocida aplicaba como 'ley de fugas', la ejecución extrajudicial de personas", advirtieron el ex juez Carlos Rozanski y el abogado Luis Alén al presentar una medida cautelar contra la resolución de uso de armas de fuego firmada por la dipsómana ministra de Seguridad.
La presentación resalta que el nuevo reglamento publicado el lunes en el Boletín Oficial es anticonstitucional por no respetar leyes superiores contrarias a la pena de muerte y por arrogarse las facultades del Poder Legislativo en materia de reformas penales. "La fuerza de seguridad tienen que recibir el claro mensaje de que no deben acatar lo que dice esta resolución porque van a terminar procesados por homicidio o por lesiones", aseguró Alén tras presentar la demanda que quedó en manos de la jueza federal María Servini de Cubría.
La denuncia de Rozanski y Alén, que será analizada por la fiscal Paloma Ochoa, solicita investigar a Bullrich Luro Pueyrredón por abuso de autoridad por poner en vigencia un reglamento contrario a la prohibición de la pena de muerte, expresada en la Constitución, y ratificada por la adhesión a los pactos internacionales de derechos humanos. En caso de avanzar la causa contra la borracha hija de puta podría recibir una pena de prisión en suspenso y cuatro años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
La demanda hace foco a los incisos del artículo 2 del reglamento vigente que habilita a las fuerzas de seguridad a usar armas de fuego "para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad" o "para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención", contemplando en el artículo 5 el criterio de "peligro inminente" incluso en el caso de que la persona "se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves".
"Se está consagrando, por vía de un reglamento aprobado por una resolución ministerial, la aplicación de la pena de muerte sin juicio previo por parte de los integrantes de las fuerzas federales de seguridad", denuncian los demandantes y sostienen más adelante que "podría decirse, sin temor a equivocación, que las mismas intentan legitimar lo que la dictadura genocida aplicaba como 'ley de fugas', esto es la ejecución extrajudicial de personas, muestra acabada de barbarie asesina".
En ese tono, Rozanski y Alén solicitaron que se dicte un amparo que suspenda la aplicación del reglamento hasta que se llegue a sentencia firme para evitar "la gravedad de la situación que plantea la resolución cuestionada, que puede ocasionar la muerte de personas".
"Es la consagración de la doctrina Chocobar y un paso más en la destrucción del estado de derecho", lamentó Alén y agregó que "la policía tiene que actuar con la prudencia que corresponde sin hacer caso a las políticas trasnochadas de Bullrich, que son un paso atrás después de año de democracia".
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