En la primera parte de las presentaciones ante la Cámara Baja, los especialistas al favor del proyecto se refirieron con preocupación al artículo que habla de la objeción de conciencia. También destacaron la necesidad de despenalizar completamente. Desde el sector antiderechos, los planteos se orientaron a hablar de la "persona por nacer".
La segunda jornada de debate en Diputados comenzó ayer a las 10.30 con exposiciones de referentes a favor y en contra del proyecto de ley de interrupción del embarazo
Coordinada con el diputado tucumano Pablo Yedlin, la ronda de oradores fue iniciada por la abogada feminista y defensora del caso Belén, Soledad Deza quien centró su exposición en la objeción de conciencia.
“Creo que es una herramienta política que hizo y hace mucho daño cuando está en manos inescrupulosas y el Estado mira para otro lado, en vez de supervisarla”, dijo Deza quien dejó planteada la inquietud que durante estas jornadas también manifestó la Campaña.
Advirtió también que la objeción de conciencia “se teje y desteje políticamente” y cuestionó que la penalización del aborto “es una inmoralidad que se cobra vidas”, al considerar que “nadie merece estar presa por no ser capaz de parar en determinado momento”.
Deza aludió al caso Lucía en el que enero de 2019 le negaron el acceso a una interrupción legal del embarazo a la nena que había sido abusada. “El caso Lucía demostró en Tucumán que no hubo ni un efector de la Salud Pública dispuesto a garantizar los derechos de la niña”, dijo y añadió que “el desgobierno de la objeción no sería posible sin la colaboración silenciosa de los tomadores de decisiones políticas que avalan este comportamiento agresivo hacia las usuarias”.
En ese sentido, cuestionó, “el problema son los objetores que cierran la puerta de acceso a la salud, buscan evangelizar a sus pacientes y tratan indignamente a quienes no piensan igual” y agregó que “el problema de la objeción de conciencia es que se hace política con ella”.
En otras situaciones destacó que “se trata de aceptar que nadie merece estar presa o exponer su vida y su salud por no ser capaz de gestar, parir y cuidar en determinado momento”. Por último, Deza definió, “la penalización del aborto es insalubre Señoras y Señores. Y la legalización es una deuda de la democracia que exige dejar de lado las creencias propias, para evitar perpetuar violencias ajenas".
Después de la exposición de Deza, habló en contra la ley el especialista en Bioética, Nicolás Laferriere quien consideró que el proyecto “impone el aborto más allá de las declamaciones por la libertad” y advirtió que en países con aborto legalizado “las personas con discapacidad son eliminadas antes de nacer”.
Por su parte, el constitucionalista Andrés Domínguez sostuvo que “es una obligación del Estado penalizar el aborto” y consideró que de esta manera se cumple “con obligaciones internacionales y ejerce el control de convencionalidad interno, al cual el Congreso está obligado”.
Luego de una ronda de preguntas a los primeros expositores por parte de los diputados, el plenario continuó con la presentación de la directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, Diana Maffia.
“Habilitar el aborto no obliga a nadie a abortar pero prohibirlos sacrifica la vida de muchas mujeres en el circuito clandestino y no preserva ninguna vida”, dijo la especialista y agregó que “considero el aborto como la resolución de un conflicto moral entre la maternidad forzada y la interrupción del embarazo”. Asimismo, afirmó que “no se está legislando sobre embarazos avanzados”, a la vez que aseveró que “defendemos la vida los que estamos a favor del aborto” y concluyó con la frase “que sea Ley”.
En tanto, para la directora del Instituto Política Constitucional, María Angélica Galli, la legalización del aborto “está pensada como un método de control de la natalidad, como una política de Estado” y sostuvo que el “derecho al aborto no figura en los tratados internacionales como se menciona en el texto”.
Por su parte, la médica infectóloga Leda Guzzi señaló que varios estudios demuestran que “un aborto inseguro implica un costo siete veces mayor que cualquier práctica realizada legalmente” y afirmó que “la criminalización no evita los abortos”.
“La despenalización es urgente para proteger la vida de miles de jóvenes mujeres y es una deuda pendiente que late en las calles”, remarcó.
El médico y ex ministro de Salud de Jujuy, Victor Urbani, consideró que “criminalizar a las mujeres por abortar es una barbaridad”. Dijo haber “visto morir a muchas mujeres por abortos inseguros" y advirtió que “nunca he visto una criminal, he visto víctimas”.
La jurista Aída Kemelmajer de Carlucci, exintegrante de la Corte Suprema de Mendoza y Premio Kónex a Brillantes Humanidades de 2016, consideró que “no se le puede negar a nadie la posibilidad de tener sus propios proyectos de vida”, defendió la “autonomía” de la mujer y señaló que “si no aprueban esta ley, no respetan la autonomía ni la igualdad social”.
Por su parte, el doctor en Derecho Néstor Sagués sostuvo que el proyecto del Poder Ejecutivo “parte de una negación que es la persona por nacer” y evaluó que “esa actitud negativa, ese rechazo se funda en una malversación de las normas”.
Al finalizar la primera tanda de expositores, la diputada del Frente de Todos Cecilia Moreau, presidenta de la comisión de Legislación General, aclaró que a las 19 se realizará una reunión de presidentes de bloques y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para “buscar mecanismos sobre el dictamen y la forma de sesión”.
“No va a haber ninguna citación exprés. Sabemos que sería un atropello. Una vez que tengamos resolución para ver cómo seguimos con el debate lo vamos a comunicar. Queremos seguir con un camino ordenado y eso vamos a garantizar”, aseveró Moreau.
Desde la religión
En tanto, Aníbal Bakir, presidente del Centro Islámico de Argentina, hizo referencia a la jurisprudencia islámica y señaló que, según esa religión, “se antepone el derecho del vivo al del potencialmente vivo” y sólo se permite el aborto “si se afecta a la salud de la madre, si (el feto) padece alguna malformación o si es producto de una violación hasta los cuatro meses”.
El Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis Metropolitana de Buenos Aires, Gustavo Carrara, se preguntó “qué solidez puede tener la defensa de una vida humana si una ley puede definir en qué momento puede ser eliminado o no” y planteó que “si se quiere ayudar lo primero que hay que hacer es luchar contra la pobreza. No organicemos un país en base al egoísmo disfrazado de libertad”.
Durante la tarde, disertaron también Miriam Andújar, Jorge Aquino, Paola Bergallo, Myriam Bregman, Margarita Bosch, Carolina Comalera, Siro de Martini, María De Urraza, Segolene Du Closel, Magui Fernández Valdéz, Pablo Garat, Natalia Gherardi, Marisa Herrera, Cecilia Ousset, Débora Rainieri, Gisela Reynaga, Sonia Terragona y Fernando Toller.
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