El debate generado por el comunicado opositor, difundido bajo el título "Decimos no a la violencia institucional".
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Después de haber respaldado cuanto caso de violencia institucional protagonizaron las fuerzas de seguridad durante sus cuatro años de régimen fascista, con picos tan altos como la muerte de Santiago Maldonado o la doctrina Chocobar, el PRO dio a conocer ayer un comunicado que, con el título de "Decimos no a la violencia institucional", expresa la condena de ese partido ante los casos de "la aparición sin vida de Florencia Magalí Morales y Franco Maranguello en celdas de comisarías de la Provincia de San Luis; la desaparición forzada y posterior asesinato de Luis Espinoza en Tucumán, la muerte de Hugo Coronel en Santiago del Estero tras estar detenido en una comisaría más loshechos de brutal avasallamiento y agresión contra una familia de la Comunidad Qom en Chaco".
Después de reconocer que la responsabilidad en todos los casos corresponde a los gobiernos provinciales, el comunicado cierra afirmando que "el Pro exige el pleno respeto de las garantías constitucionales y solicita al Gobierno Nacional que no se indiferente pues el silencio es cómplice".
Si algo no se puede decir del régimen que hasta hace medio año encabezó el PRO, es que haya sido indiferente a la violencia institucional. Ni que se haya mantenido en silencio frente a ella. En realidad, se puso al frente de toda expresión de violencia de las fuerzas de seguridad, las promovió desde la presidencia y el ministerio de Seguridad y defendió con ahínco a todos los efectivos acusados de haber violado los protocolos que utilizan esas fuerzas, aún después de haberlos modificado para permitir casi cualquier abuso.
La posición del gobierno de Alberto Fernández
Curiosamente a esa altura ya se habían pronunciado las principales instancias del Poder Ejecutivo sobre el área. Por su directa implicancia, cobra relevancia lo expresado por la ministra de Seguridad Sabina Frederic.
"Esta gestión condena la violencia institucional. Cada vez que las Fuerzas Federales han cometido ese delito, hemos apartado a sus responsables e iniciado las investigaciones correspondientes. La violencia institucional es una práctica ilegal", aseguró la ministra que enseguida explicó que no se limitaron a las condenas. "Hemos sancionado al personal de PFA que tomó fotografías a quienes se movilizaban reclamando por el asesinato de Luis Espinosa. No permitiremos el uso de las fuerzas de seguridad para cometer delitos", enumeró y dejó claro que no dará la espalda a lo ocurrido en las provincias.
"Como dijo Alberto Fernández, no toleraremos la violencia institucional. Vinimos a profesionalizar a las fuerzas. El Ministerio de Seguridad no tiene injerencia sobre las fuerzas provinciales. Sin embargo, reclamamos a todas las jurisdicciones el estricto control sobre el accionar de las fuerzas locales", concluyó.
El propio presidente no había querido dejar de pronunciarse expresamente y aprovechó la condena a los hechos protagonizados por la policía chaqueña para fijar su posición general sobre el tema: "Las imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas hora en el Chaco son inaceptables. Celebro que el Ejecutivo provincial haya apartado a los efectivos, pero debemos trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia",
Más específicamente, también la secretaría de Derechos Humanos encabezada por Horacio Pietragalla había dado a conocer su posición.
"Desde la Secretaría estamos trabajando contra la violencia institucional. Celebramos la decisión del gobierno de Chaco de ser querellantes contra los policías acusados. La sanción política y judicial es la mejor acción para erradicar esta problemática. En la Argentina que estamos construyendo no hay lugar para la violencia institucional. Desde el Estado nacional tenemos el compromiso de acompañar a las víctimas y de trabajar para que haya justicia", comunicaron.
La conducta de Patricia Bullrich Luro Pueyrredón
La periodista mexicana Cecilia González, especializada en política criminal y desde 2002 radicada en Argentina, fue una de las primeras en salir al paso del comunicado con un hilo de tuits, a los que vale la pena reproducir:
• "Con suma sorpresa me llegó comunicado del PRO titulado: 'Decimos no a la violencia institucional'. Creí que era una autocrítica por violencia institucional que ejercieron y avalaron cuando gobernaron, pero no. Como parece que la coherencia está en cuarentena, recordemos que:
• 'Le damos a la versión de la Prefectura carácter de verdad…fue a enfrentarse con un grupo violento', dijo Patricia Bullrich para justificar el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, de 22 años.
• 'No sabemos si Santiago Maldonado estaba o no en el lugar', dijo la ex ministra para poner en duda la desaparición. Difamó a la familia y defendió a Gendarmería sin investigación previa. Gobierno y medios oficialistas difundieron más de 30 noticias falsas sobre el caso.
• 'Si ese chico le tira a un policía, el agredido es el policía, tiene derecho a defenderse. El chico disparó', dijo Bullrich al justificar asesinato de Facundo Ferreira, de 12 años. El policía le disparó en la nuca. Pericias concluyeron que el niño no tenía armas, no había disparado.
• 'Todo lo que se construyó en el caso de Arruga se demostró que era mentira', dijo Bullrich al justificar la desaparición y muerte de Luciano Arruga, de 16 años, torturado por policías por negarse a robar para ellos. En 2014 su cuerpo se encontró enterrado como NN en Chacarita.
• 'El caso Chocobar es un claro ejemplo de cómo deben actuar las fuerzas policiales en cumplimiento de su deber', dijo Bullrich al justificar al policía que mató por la espalda a Pablo Kukoc (18 años) quien asaltó a un turista. Chocobar está procesado, acusado de homicidio agravado.
• 'No fueron prolijos en su accionar, se fueron sin pagar y dejaron un portafolio que la policía de Córdoba y un juez consideraron que era un artefacto de características explosivas', dijo Bullrich al justificar detención de 2 artistas chilenos acusados, sin pruebas, de terroristas.
• 'Queremos que sean expulsados del país. Que vengan a Argentina y generen acciones violentas, no va', dijo Bullrich al justificar detención de 2 venezolanos, 1 turco y 1 paraguayo acusados de disturbios frente a Congreso. Causa se cerró porque no habían participado en la protesta.
• El Ministerio de Seguridad encabezado por Bullrich detuvo a los hermanos Axel Ezequiel y Kevin Gamal Abraham Salomon por 'vínculos' con Hezbollá. Los acusaron de terrorismo y de tener un arsenal que era inexistente. 4 meses después, fueron liberados porque no había prueba alguna contra ellos.
• 'XX, imputada por una terrible amenaza a la hija presidencial, ya está detenida', anunció Bullrich al referirse a una paciente siquiátrica que hizo amenazas en Facebook. La ley prohibe revelar nombres de pacientes, pero la ministra lo dijo (no lo repito para no hacer lo mismo).
• 'No vamos a permitir una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina', dijo Bullrich en su campaña para 'denunciar' a mapuches terroristas, anarquistas y separatistas financiados por ingleses, las FARC, la guerrilla kurda y ETA para invadir y separar la Patagonia.
• Ni siquiera son todos los casos de violencia institucional que ejerció la ex ministra. Porque ser oposición sólo es cómodo cuando no se ha gobernado, o cuando se gobernó con pleno respeto a los derechos humanos y se tiene autoridad ética. No es su caso".
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