Para derribar los argumentos de la defensa, los fiscales Luciani y Mola descartan las pruebas que muestran que los fondos para la obra pública en Santa Cruz fueron aprobadas por diversos organismos estatales. Al mismo tiempo, para no sostener que todos fueron cómplices de la supuesta corrupción, los señalan como ineptos.
El alegato acusatorio de los fiscales en el juicio por la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015 ingresó en un terreno de evaluación de las responsabilidades más allá del eje central, que consiste en reiterar que los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner lideraron una asociación ilícita que tenía como objetivo principal “saquear las arcas del Estado”.
El término “saqueo” aparece repetido todo el tiempo en las exposiciones de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. El “saqueo” remite a las imágenes caóticas de diciembre de 2001; a episodios similares que requieren un ejercicio mayor de memoria para situarse en el escenario caótico que precedió a la renuncia de Raúl Alfonsín a la presidencia en 1989 y la asunción precipitada del turco mufa. Para que haya saqueo hacen falta una serie de condimentos: personas decididas a quedarse con lo que no les es propio, voluntad de robar (independientemente de cuál sea la motivación), inacción por parte de quienes deben prevenir, evitar y reprimir que ello ocurra y una suerte de tácita complicidad de todos los actores.
La séptima jornada de alegatos volvió a girar en torno al “saqueo”. Pero acaso de manera inobservada, la complicidad tácita comenzó a rozar a algunos estamentos e instituciones de la Constitución y las leyes que desentonan en el relato de los fiscales.
A ello se le suma, por otra parte, la decisión -soltada como al pasar por el fiscal Luciani- de excluir a los ex jefes de gabinete de los delitos. Ello obliga a pensar que la estructura piramidal del Estado es, cuanto menos, imperfecta.
Luciani atribuyó a un control apenas formal de la “cuenta de inversión”, el informe confeccionado por la Contaduría General de la Nación mediante el cual los gobiernos explican qué hicieron y cómo lo hicieron con el dinero del presupuesto. La Constitución Nacional le asigna al Congreso la facultad de aprobar o desechar ese informe que remite el Poder Ejecutivo. Se trata de un procedimiento engorroso, complejo, y sobre todo demorado. Cada informe del Ejecutivo tarda entre cuatro y cinco años en aprobarse. Pero, eso sí, se debe aprobar por ley.
Uno de los argumentos que esbozaron las defensas de los imputados es precisamente que todas las rendiciones de cuentas fueron aprobadas por el Congreso, la mayoría de ellas por unanimidad. Sin embargo, el fiscal Luciani consideró que se trata de un procedimiento casi rutinario, al que los legisladores no le prestan demasiada atención: aprueban y ya.
Cierto es que la Corte Suprema tiene el control de constitucionalidad final de las leyes. Pero suponer que el Congreso sanciona leyes sin analizarlas en profundidad parece temerario. En todo caso, una puesta en duda sobre cómo funciona el sistema republicano de gobierno.
En su afán de derribar argumentos de la defensa, el alegato casi que menospreció una (muchas) ley del Congreso. De ahí a decir que los legisladores votan cualquier cosa hay sólo un paso.
Luciani dijo también que no sería correcto suponer que los jefes de Gabinete entre 2003 y 2015 hubieran participado de la maniobra que desde hace siete jornadas de alegatos le vienen achacando a Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Justificó, para ello, que mientras en el gobierno hubo cinco cambios de jefes de Gabinete, el ministerio de Planificación y la Dirección de Vialidad Nacional permanecieron siempre bajo la órbita de Julio De Vido y Nelson Periotti, respectivamente. Entonces, el esquema de corrupción que vienen describiendo salteó al o a los jefes de Gabinete; pasó directamente de los ex presidentes a los ex funcionarios De Vido y Periotti.
Si eso fue así, los jefes de gabinete tienen ante sí un abanico de delitos. Tanto si se enteraron de lo que -según los fiscales- pasaba y no lo denunciaron cuanto si no se enteraron de lo que para Luciani y Mola es tan evidente que “no podían no darse cuenta de lo que estaba ocurriendo”. Hay una valoración jurídica, pero también una política personal: o sabían y miraban para otro lado o eran unos imbéciles a los que durante 12 años –Maradona dixit- “se les escapó la tortuga”. Entre los jefes de gabinete tempranamente exculpados por los fiscales está el actual presidente, Alberto Fernández.
El alegato del fiscal coadyuvante Mola también apuntó a la falta de controles como herramienta que posibilitó que Lázaro Báez se convirtiera en un poderoso empresario concesionario de obra pública, sin tener condiciones para tal cosa y favorecido por la supuesta matriz de corrupción. Ambos fiscales hablan de organismos de control “parasitados”.
En la séptima jornada Mola dijo reiteradamente y con una llamativa impostación de gestos y voz que los organismos de control “no controlaron absolutamente nada”.
Otra vez aparece comprometida la credibilidad en el sistema republicano. Entre esos organismos de contralor que no cumplieron -según los fiscales- con sus funciones, están la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) –que depende del Ejecutivo- y la Auditoría General de la Nación (AGN). Ambos organismos tienen permanentemente posada sobre sus papeles la mirada de representantes de la oposición. El titular de la AGN, incluso, debe ser un opositor. ¿También a ellos se les pasó un elefante por las narices y no se percataron de ello?
Los fiscales rebatieron otra línea de la defensa, cual es afirmar que una auditoría demostró que los incumplimientos de la obra pública asignada eran irrelevantes y estaban dentro de lo tolerable en tareas de tamaña envergadura y que no se detectaron sobreprecios.
El alegado sostuvo que ello fue así porque los inspectores dispusieron de dos semanas para auditar unos 6.500 kilómetros de ruta en Santa Cruz. Poco tiempo, mucho trabajo, resultado: conclusiones que para los fiscales no son fiables. Si les hubieran dado más tiempo probablemente habrían hallado todas las irregularidades que afirman que existen.
¿Quién ordenó esa auditoría con tan poco tiempo de inspección de las rutas? El primer titular de Vialidad del nefasto régimen de la alianza de derecha Cambiemos, Javier Iguacel. Fue la primera resolución que firmó apenas asumió el cargo. Mola tuvo también una frase elocuente sobre lo obvio que les resulta a los fiscales que aquí existió una matriz gigantesca de corrupción. Después de ensalzar la figura de ex agente de la AFIP Jaime Mecikovsky, denunciado como “armador de causas” en al menos dos expedientes penales, y de mencionar reiteradamente las investigaciones del programa PPT (de Jorge Lanata) y a legisladores de Juntos por el Cambio, disparó: “Todos sabemos lo que pasó, todos estamos informados, todos leemos los diarios”.
Fuente: nota de Néstor Expósito para Tiempo Argentino
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