Guillermo Molinari señaló que los involucrados son funcionarios de la ciudad de Buenos Aires y que allí debe tramitar la causa. Defendió su decisión de ordenar el secuestro del celular.
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| Guillermo Molinari, juez federal de Santiago del Estero |
El juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, se declaró incompetente para seguir interviniendo en la denuncia que el gobernador de esa provincia, Gerardo Zamora, presentó contra Silvio Robles, vocero del presidente de la execrable Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, por la filtración de las conversaciones que tuvo con Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires en licencia.
“Este Juzgado Federal no debe continuar conociendo en la presente causa que, por el territorio y las personas involucradas, debe ventilarse ante la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, resolvió Molinari en base a lo que le había pedido el fiscal federal Pedro Simón. La fiscalía había señalado que tanto Robles como D’Alessandro son funcionarios en la ciudad de Buenos Aires y que por lo tanto esa justicia debía intervenir.
En los chats, Robles le suministra información al ministro porteño vinculada a la polémica que se había originado en torno a la integración del Consejo de la Magistratura. No es el único intercambio: en otro diálogo, comparten un link con información sobre la disputa judicial que mantienen el gobierno nacional y la CABA en la Corte por la coparticipación. Irónicamente hablan del “fallo” Robles, presuntamente por la gestiones que habría hecho el asesor de Rosatti. La filtración de los chats obligó a D’Alessandro a pedir una licencia y dejar su cargo en el gabinete de Horacio Rodríguez Larrata.
En la resolución conocida ayer, el magistrado también defendió la decisión que había tomado al inicio del expediente de pedirle a Robles que presente sus teléfonos celulares. “Ante el conocimiento formal de la posible comisión de un ilícito y de competencia federal, y a fin de, en el carácter de magistrado, el juez tiene el deber de realizar las medidas necesarias y urgentes para resguardar los elementos del supuesto delito y evitar su detrimento, y remitir con premura la causa al juez que resulte competente”, justificó.
Zamora denunció a Robles tras la difusión de los chats por los presuntos delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público. La Fiscalía aceptó la denuncia y aclaró que era “sin perjuicio que la obtención de mensajes sin consentimiento de su titular es ilegal y censurable desde todo punto de vista, la información ha sido difundida públicamente, correspondiendo iniciar una investigación penal”.
El gobernador difundió en su cuenta de la red social Twitter el inicio de la causa y la decisión del juez de obtener los celulares del funcionario de la Corte Suprema. Robles, a través de su abogado Matías Ledesma, se presentó en la causa y objetó que el juez le haya dado acceso indebido al expediente al mandatario provincial cuando no es parte de la causa y quien después tuiteó sobre información “tergiversada” sobre el curso del proceso.
A criterio de Robles, el juzgado y el gobernador podrían haber incurrido en violación de la obligación de secreto, que fija hasta dos años de prisión al “funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos”. Incluso en sus mensajes en redes sociales, Zamora publicó hojas del expediente que mostraban el número de teléfono de Robles.
La defensa hizo una segunda presentación antes de ayer. Fue para pedir que se actualice el expediente y conocer su estado ya que el lunes se presentaron agente de la Policía Federal en la casa de Robles y en la de uno de sus hijos. La defensa señaló que quieren constatar si efectivamente los policías fueron por orden del magistrado y que no se trate de actividades ilegales o de persecución. El abogado señaló que fue irregular la presencia de la policía en la casa del hijo del funcionario porque Robles se presentó en la causa e informó su domicilio real.
La causa ahora pasará a Iniodoro Py. Allí ya hay dos denuncias acumuladas en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo donde también recaerá la causa de Santiago del Estero.
El foco está puesto en la filtración del celular de D’Alessandro con distintas personas. Algunas de las conversaciones de Telegram entre D’Alessandro y Robles datan de noviembre pasado. En estas, el vocero de Rosatti le da argumentos para el conflicto que Juntos por el Cambio mantiene con el Frente de Todos sobre la integración del Consejo de la Magistratura.
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