En el oficialismo intentan que los mandatarios que responden a partidos provinciales se sumen al pedido de juicio político. También algunos de los peronistas que hasta ahora se mostraron reticentes.
El presidente Alberto Fernández se instaló en la residencia oficial de Chapadmalal y permanecerá allí al menos hasta el lunes, cuando tendrá una actividad en Miramar, a unos pocos kilómetros de Mar del Plata. Hay un tema que lo desvela: conseguir que avance en la Cámara de Diputados el proyecto de juicio político a los integrantes de la nefasta Corte Suprema de Justicia por “mal desempeño de sus funciones”.
Para que sus intenciones se concreten, el miércoles citó al jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, y a la titular de la comisión de Juicio Político en la Cámara Baja, Ana Carolina Gaillard, para entregarles en mano la iniciativa. A ambos los instó a acelerar su tratamiento, por más que todavía no se concretó el llamado a sesiones extraordinarias. En esa Comisión, donde se espera el dictamen de mayoría, el oficialismo debe reunir 16 de los 31 votos posibles. En eso no se puede fallar. Después en el recinto, donde se debe lograr que las dos terceras partes de los 257 legisladores lo voten, la historia puede ser distinta.
Si se tiene en cuenta que hubo jefes provinciales que no se sumaron al pedido del presidente cuando se los convocó el 3 de enero para sumar respaldos, la tarea de convencer a los gobernadores díscolos, para luego asegurar el quórum, será complicada. Por eso puso a uno de sus laderos más fieles, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, en un rol más preponderante incluso que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, con el objetivo de persuadirlos sobre el papel clave que sus legisladores cumplirán en el Congreso.
Las cuatro provincias que son lideradas por partidos provinciales afines a las políticas impulsadas por Alberto Fernández no acompañaron esta embestida contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Tanto Omar Gutiérrez (Neuquén) como Gustavo Sáenz (Salta), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Arabela Carreras (Río Negro) firmaron un documento más cauto cuando salió el fallo de la Corte por la coparticipación pero esta vez decidieron mantenerse al margen.
No explicitaron las razones y ni siquiera la visita reciente que el presidente realizó a Posadas para inaugurar recientemente viviendas en la provincia del noreste consiguió torcer la voluntad de Herrera Ahuad, uno de los nueve “convocados” que por ahora no suscribió el documento en contra de los cortesanos. Tuvieron una reunión a solas, aunque el gobernador mantuvo su postura equidistante.
En ese contexto, este “grupo de los cuatro” es justamente uno de los objetivos al que apunta el gobierno nacional para sumar voluntades para la causa. Conseguir el apoyo de alguna/s de estas provincias gobernadas por partidos provinciales es esencial para que el oficialismo pueda fortalecer su avanzada contra el máximo tribunal de Justicia del país.
Tampoco Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Mariano Arcioni (Chubut) entraron entre los que apoyaron el proyecto presidencial. El puntano se mantiene en sugestivo silencio. En el caso del chubutense su situación es más confusa y ambigua. Arcioni, cercano al ministro de Economía Sergio Massa, está de licencia hasta el 8 de enero. En la reunión que se hizo en Casa Rosada, participó su vice, Ricardo Sastre, en modo virtual. Apareció su firma entre las que difundió Presidencia, pero él sostiene que no la avaló. A ellos dos también habrá que invitarlos a rever su posición.
En el caso del entrerriano Gustavo Bordet hubo idas y venidas. También con presencia por videoconferencia el 3 de enero, en un primer momento se lo contó entre los que estaban de acuerdo con el jefe de Estado para impulsar el juicio político. Pero después el gobernador hizo trascender que se cambió lo que había conversado previamente con Fernández.
Para lograr los 16 votos necesarios en la Comisión de Juicio Político en Diputados también ya hubo sondeos con la finalidad de asegurarse que no habrá trabas. La diputada Gaillard es entrerriana y la encabeza. Se diferenciará de Bordet y apoyará el dictamen.
También Germán Martínez y el camporista Marcos Cleri la integran y respaldarán. Representan a Santa Fe, cuyo jefe provincial Omar Perotti está enrolado en el peronismo aunque decidió tomar distancia de las intenciones presidenciales.
Vanesa Massetani, Ramiro Gutiérrez y Micaela Morán -los tres responden al Frente Renovador de Sergio Massa- se alinearán. Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade, Ricardo Daives, Mario Leito, Juan Manuel Pedrini, Hernán Pérez Araujo, Vanesa Siley, Leonardo Grosso, José Luis Gioja (enfrentado con el gobernador sanjuanino Sergio Uñac, que marcó sus diferencias con la determinación presidencial de enjuiciar a la Corte) y Hugo Yasky, adoptarán la misma posición. Después en el recinto, donde la oposición liderada por Juntos por el Cambio ya anticipó que no se sentará a discutir, la historia puede ser otra.
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