Mientras lleva adelante la causa del Atentado a Cristina Kirchner, está contratada como "investigadora". Así lo publicó el ministro de Justicia, Martín Soria.
Otro escándalo salpica al corrupto Poder Judicial y al infame régimen de la ciudad de Buenos Aires. Ayer se dio a conocer que la jueza María Eugenia Capuchetti, quién lleva adelante la causa del Atentado a Cristina Fernández de Kirchner, cobra un sueldo del régimen porteño, incompatible con su rol en la justicia.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria denunció en su cuenta de Twitter que Capuchetti está contratada como investigadora.
"La jueza Capuchetti está contratada por el Gobierno de Larreta desde 2019 en el órgano encargado de asesorar a la conducción política de Seguridad de CABA: el ministerio de Marcelo D'Alessandro", escribió en la red social y agregó: "Los vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py y el PRO parecen no tener límite alguno".
El funcionario nacional indicó que "desde hace 4 años la Jueza encargada de investigar el atentado contra Cristina, la Mesa Judicial M y la criminal deuda de Macri con el FMI cobra un sueldo mensual de 'investigadora', a pesar de que los jueces tienen prohibida toda actividad, con excepción de la docencia". La vicepresidenta compartió esta información en su propia cuenta de Twitter.
En el mismo sentido, Soria destacó que el Instituto Superior de Seguridad Pública, que emplea a Capuchetti, no dio a conocer ninguna investigación o publicación cientifica. Además, reveló que "tiene como autoridad al viajero de Lago Escondido Juan Bautista Mahiques".
Soria concluyó que "mantener una relación remunerada para asesorar a la máxima autoridad política de la justicia y seguridad de CABA no tiene nada ver con la docencia" y por lo tanto "desbordan las relaciones promiscuas y corruptas entre el PRO y algunos jueces federales de Comodoro Py".
Horas antes, y por expresa instrucción del presidente de la Nación, Martín Soria presentó una denuncia penal en la Justicia Nacional, para que se investigue penalmente los hechos publicados por fuentes periodísticas durante la última semana que dieron cuenta de acciones que, de corroborarse, configurarían graves hechos de corrupción y/u otros delitos contra la administración pública.
La denuncia requiere que se investigue al ministro de Seguridad y Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Silvio D’Alessandro, por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales, en los términos de los artículos 248, 256, 260, 261, 265, 266 y 268 del Código Penal.
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