La Oficina Anticorrupción (OA) renovó su "Plan de Acción" y puso énfasis en propuestas para la presentación de declaraciones juradas y para el análisis de los conflictos de intereses, entre otros puntos relevantes de la modificación sobre el plan, que databa del 2001.
La nueva normativa de la OA plantea la necesidad de "redefinición del universo de sujetos obligados a presentar DD.JJ.", en el apartado "Control de Declaraciones Juradas, conflictos de intereses, obsequios y otros deberes éticos". Además, subraya el objetivo de "reformulación y modernización de los procedimientos de gestión y administración del sistema" de declaraciones juradas.
Otro de los puntos destacados del plan de la OA es el referido a los conflictos de intereses, que tantos dolores de cabeza trajeron a la administración de la alianza de derecha Cambiemos. Según fuentes oficiales, más de 40 funcionarios públicos del régimen macrifascista fueron investigados por conflicto de interes. Muchos de ellos por figurar en directorios o ser accionistas de empresas proveedoras del Estado, aparecer vinculados a compañías y cuentas offshore o como el caso del ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, que tuvo que devolver un bono de $ 500.000 a la Suciedad Rural Argentina.
En ese marco, entre los ítems que figuran en el "Diseño de políticas de integridad y transparencia en la Administración Pública Nacional" aparece el "diseño del procedimiento de análisis de conflictos de intereses previo al proceso de designación de funcionarios de alta jerarquía".
En el mismo sentido, la reglamentación publicada ayer en el Boletín Oficial remarca la intención de "controlar la implementación del decreto de prevención de conflictos de intereses en contrataciones".
Otras áreas contempladas en el Plan de Acción son "Posicionamiento de la agenda anticorrupción"; "Investigación para la prevención de la corrupción"; "Posicionamiento de las políticas de integridad y anticorrupción del Estado Argentino a nivel Internacional", y "Transparencia e Integridad en sectores de riesgo".
"Este plan quinquenal es producto del debate interno de la propia OA y de las nuevas realidades y demandas que han surgido dentro de la administración pública y la sociedad. Sólo en 2001, la OA produjo un plan similar", afirmó Laura Alonso, la incogible titular de la oficina y ex diputada nacional del PRO, en un comunicado. La última acción del plan coincidiría con el fin del segundo mandato de Mugrizio Macri Blanco Villegas, tras una hipotética reelección en 2019.
Alonso señaló que el objetivo del plan es también "informar a la ciudadanía y a muchos actores nacionales e internacionales que siguen nuestra actividad sobre las prioridades y acciones que profundizaremos e iniciaremos".
El último Plan de Acción de la OA se había redactado en marzo de 2001 y definía 12 "cuestiones estratégicas" para el organismo, entre las que aparecían "analizar, diseñar y desarrollar políticas de transparencia" y "elaboración de normas". Esta última incluía, por ejemplo, los objetivos de "redactar un proyecto de Ley de Lobby" y otro de "acceso a la información".
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