El juez Pablo Ormaechea produjo ayer el hecho más relevante en los cuatro años de investigación del incendio del depósito de Barracas, con el procesamiento de 17 personas. Entre los imputados hay directivos de la empresa y el responsable de la firma de seguridad que debía custodiar el predio incendiado el 5 de febrero de 2014, que provocó la muerte de 8 bomberos y dos rescatistas.
El magistrado los acusa de “incendio culposo seguido de muerte”. Los doce funcionarios procesados son Vanesa Berkowski, Pedro Chapar, Roberto Chiesa, Luis Cogo, Alberto Graciani, Ricardo Grunfeld, Silvia Hers, Gastón Laugle, Felix Lugo, Esther Moroni, Jorge Papanicolau y Rafael Roldán. Todos quedaron procesados sin prisión preventiva, con embargos que oscilan entre 7 y 17 millones de pesos.
De Iron Mountain quedaron procesados a los directivos Christian Castiñeiras, Héctor García, Guillermo Lockhart y Eduardo Sueyras Parra, quienes fueron embargados por 20 millones de pesos cada uno. El último imputado es Oscar Godoy, de la empresa de seguridad Segurplus, responsable de vigilar el galpón de Azara 1245.
El juez dio por probado que el incendio fue intencional para “encubrir u ocultar” delitos a través de la destrucción de documentos que podrían demostrar lavado de activos, y acusó a los funcionarios porteños de omitir los controles y de negligencia a los directivos de Iron Mountain. Entre otras firmas, allí archivaban documentación Telefé, Cargill, DirecTV, Galicia Seguros, Cablevisión y el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
El único funcionario que no fue procesado fue el ex oficial carapintada Juan José Gómez Centurión, entonces responsable de la Agencia Gubernamental de Control, órgano encargado de habilitar y fiscalizar los locales en la órbita porteña y titular de la Aduana en el primer tramo del régimen de Mugrizio Macri Blanco Villegas.
De los funcionarios procesados, Vanesa Berkowski es la de mayor rango. Ocupaba la Dirección General de Fiscalización y Control. Para ella es su segundo procesamiento, ya que la Justicia la había procesado por el derrumbe del boliche Beara, ocurrido en Palermo en septiembre de 2010. Cogo se desempeñaba como jefe del Departamento de Actividades Generales Críticas, y Chiesa era director de Industrias y Otros Locales. Roldán y Chapar estaban a cargo la Dirección General de Fiscalización y Control. Hers se ocupaba del Departamento de Programación Operativa. Laugle y Moroni eran responsables de la Dirección de Administración y Gestión Operativa Graziani, Grunfeld, Lugo y Papanicolau eran inspectores.
La víctimas fatales fueron Anahí Garnica (primera mujer bombero de la Policía Federal), Damián Véliz, Eduardo Conesa, Juan Monticelli y Maximiliano Martínez, todos del Cuartel I de Bomberos de la Federal; Leonado Day, jefe de Departamento Zona I de la Superintendencia Federal Bomberos; José Luis Méndez, del cuartel de Villa Domínico; Pedro Baricola, de Defensa Civil de la ciudad de Buenos Aires; y Sebastián Campos y Facundo Ambrosi, ambos bomberos voluntarios de Vuleta de Rocha. Ambrosi sobrevivió a la tragedia del 5 de febrero y murió doce días después.
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