El juez federal de Córdoba Alejandro Sánchez Freytes remitió un exhorto a Claudio Bonadio para que disponga la realización de un operativo en la obra social de Camioneros en el marco de una investigación por supuesto lavado de dinero.
El procedimiento lo llevó a cabo la Policía Federal Argentina en la sede que el gremio tiene en la calle San José, en el barrio porteño de Constitución, con el objetivo de solicitar libros contables y societarios.
Según pudo sabese, durante la mañana de ayer ya había tenido lugar otro operativo en la Federación de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte, en Avenida Caseros 921, mientras que por la tarde se continuó con los trabajos en el edificio de calle San José.
La medida se llevó adelante en un horario en que la sede no contaba con el grueso de los empleados del lugar, ya que tiene horario de cierre a las 17 y la mayoría ya había concluido su jornada laboral.
Fuentes cercanas al gremio precisaron que Hugo Moyano se retiró de allí alrededor de las 15 y en un ambiente de total normalidad a pesar de que se había tenido conocimiento de la medida dispuesta en las instalaciones de la Federación por la mañana.
Además del despliegue en el edificio principal de calle San Juan, los efectivos de PFA se acercaron a un anexo en calle Brasil al 1500, ubicado a sólo 150 metros del primer lugar allanado, aunque quienes participaban de las maniobras dijeron no poder brindar datos al respecto, ni sobre la causa que motiva las acciones.
Una ves terminado el procedimiento, Rodrigo Condori, de Asuntos Jurídicos del sindicato, dialogó brevemente con la prensa y afirmó que ellos tienen "todo en orden". Sobre lo que se llevaron, detalló que "eran balances desde 2009 a 2017. También se pidió documentación sobre la famosa compra del hotel de Córdoba. Está todo documentado, con los precios, la forma de pago y como se libraron los cheques".
"No hay ninguna irregularidad en los pagos ni motivos para creer que pueda existir una maniobra de lavado de dinero", sentenció y reiteró que "tenemos toda la documentación en regla y ya la tiene la Justicia para que la analice y tome la decisión que le parezca pertinente".
La causa
Sánchez Freytes tiene a su cargo un expediente judicial que busca determinar si hubo irregularidades en la compra de unos terrenos en La Falda para el gremio que conduce Hugo Moyano.
Según consta en la causa, Camioneros pagó seis millones de pesos por los terrenos, cuando meses atrás tenían un valor mucho más bajo.
El objetivo del juzgado es realizar un peritaje contable de los libros secuestrados para determinar si se cometieron los delitos que se investigan.
Graciela Ocaña, denunciante en la causa, ratificó días atrás sus sospechas y sostuvo que "vamos a demostrar que los fondos de la mutual, el gremio y la obra social van a empresas de Hugo Moyano. Creo que no existe una prueba más contundente de la defraudación que la comparación de los resultados económicos de las empresas y de la obra social".
La infornicable diputada de la alianza de derecha Cambiemos quiere que la Justicia intervenga tanto la obra social como las empresas vinculadas a Moyano. Una de las apuntadas es Iarai, que creció años tras año de manera exponencial: pasó de facturar 130.352.804,05 pesos, en 2009, a 413.654.985,48 pesos, en 2014, su último ejercicio conocido.
Otra entidad es Dixey S.A., que adquirió tres inmuebles de 7001,09 metros en Parque Leloir, en cuya dirección fijó domicilio particular Liliana Zulet, esposa del presidente de Independiente. Y también aparece Aconra, la firma cuya principal actividad es la construcción y que se vincula exclusivamente con la obra social y la mutual de los camioneros. En este caso, los balances son categóricos. De los 54.177.065,16 pesos facturados por ventas en 2009 pasó a 157.538.276,16 pesos cinco años después.
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