Una semana después de la pautado, el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, se presentó ante el plenario de comisiones de Trabajo y Libertad de Expresión para ratificar los argumentos que él y los integrantes del directorio de Télam sostuvieron en declaraciones mediáticas respecto de la decisión de despedir a 354 trabajadores por razones relacionadas a posturas ideológicas y actividades gremiales, además de enumerar otras irregularidades, que no coinciden con los despidos sin causa que aprobó el régimen macrifascista.
Lombardi y el presidente de Télam, Rodolfo Pousá, quienes evitaron responder consultas de los propios diputados oficialistas respecto de los criterios que llevaron a despedir a trabajadores con años de trayectoria y las denuncias por la falta de envío de telegramas a todos los trabajadores.
"La agencia se transformó de una usina de periodismo a un espacio de militancia partidaria", insistió Lombardi, mientras celebró el trabajo de dos años y medio de análisis que ordenó para relevar "caso por caso el profesionalismo y compromiso de cada uno de los trabajadores", aunque no dio explicaciones precisas sobre los criterios individuales que motivaron los despidos. "¿Por qué no los echaron con causa si tienen tantos argumentos?", lanzó el diputado del Frente Rejuntador Facundo Moyano, una de las preguntas que quedó sin respuesta.
En su exposición, Lombardi mezcló criterios de "profesionalismo" y "pluralidad", con acusaciones sobre la cantidad de medidas gremiales tomadas por los trabajadores, y trazó una unidad indivisible entre los 354 despidos y la supuesta utilización de la agencia con fines de propaganda durante la gestión kirchnerista. "¿Es argumento suficiente como para avasallar la dignidad de los trabajadores? Ustedes gobiernan, háganse cargo de las decisiones que toman", insistió Moyano, quien recordó el caso del despedido Daniel Rey, un periodista con 32 años en la agencia, afiliado radical y sin participación gremial.
El diputado del Frente para la Victoria y titular de la Comisión de Libertad de Expresión, Leopoldo Moreau, fue quien retomó las declaraciones públicas realizadas por Lombardi y Pousá respecto de la postura ideológica y los reclamos gremiales que motivaron los despidos, ratificadas en la exposición de esta tarde. "Se están condenando a sí mismos. Esto va a llegar a la Relatoría de Libertad de Expresión a la CIDH y la ONU. Nunca nadie en estos años de democracia a tenido la impunidad de decir que se realizaron despidos por razones ideológicas y gremiales. Es una irresponsabilidad por que el Estado argentino va a ser condenado", sostuvo Moreau.
Otros de los argumentos que los diputados opositores criticaron fue el de la "eficiencia", al recordar que el Estado invirtió millones en la formación de corresponsales de la agencia en el interior, cuando 48 resultaron despidos, o en nueva tecnología para el sector audiovisual, que fue prácticamente desmantelado. En ese tono, los diputados oficialistas Eduardo Amadeo y Karina Banfi también se encargaron de cuestionar los criterios de despidos, que llevaron al Estado a pagar abultadas indemnizaciones por despidos sin causas a trabajadores con años de trayectoria, y legales utilizados por el macrifascismo.
Respecto de la legalidad de la decisión, los legisladores también advirtieron sobre la falta de diálogo e instancias previas de negociación entre los trabajadores y la empresa del Estado. "¿Hubo instancia previa de acuerdo con los trabajadores?", lanzó el diputado del peronismo federal Juan Fernando Brügge una pregunta retórica ante los hechos ocurridos, que no fue respondida por los convocados. Brügge comparó la modalidad de despidos sin instancias de negociaciones con la ola privatizadora de los '90 y añadió que "estamos hablando de personas con una larga experiencia en la agencia y de su profesionalidad. Son personas, no son números".
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