La Cámara Federal de Resistencia volvió a confirmar el procesamiento con prisión preventiva de la diputada nacional de Cambiemos Aída Ayala, acusada de integrar una asociación ilícita que lavaba dinero público a través de contratos con la municipalidad de Resistencia durante su gestión como intendenta.
"No me escudo en los fueros, ni me escudaré", aseguró Ayala tras conocer el fallo, a pesar de que es la única acusada no detenida en la causa, precisamente por sus fueros legislativos. La defensa de la legisladora oficialista, encabezada por Ricardo el Gil Lavedra, insistirá ante la Cámara de Casación Penal para revocar la decisión, advirtiendo que la prisión preventiva "implica una afectación evidente al principio de inocencia".
"Ejerzo mi defensa jurídica y mis abogados han apelado porque la decisión que ha tomado la Cámara es arbitraria", dijo Ayala ante el nuevo revés judicial. La Cámara Federal consideró legítimo el pedido de prisión preventiva solicitado por la jueza de primera instancia Zunilda Niremperger por "riesgos procesales" y valoró la capacidad económica de la legisladora para influir en la causa.
La investigación, en la que interviene el fiscal federal Patricio Sabadini, apunta a Ayala por la contratación con sobreprecios de la empresa de recolección de residuos Pimp S.A, a cargo de los servicios de limpieza de Resistencia entre 2011 y 2015, cuando la actual diputada nacional era intendenta de la capital chaqueña, lo que le sirvió de trampolín para postularse a la gobernación por Cambiemos.
Por la misma causa ya están detenidos todos los integrantes de la supuesta asociación ilícita comandada por Ayala. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, y los empresarios Carlos Huidobro, Pedro Alberto Martínez, Alejandro Fischer, ex yerno de Ayala, permanecen en prisión, acusados de enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautores, y lavado de activos, agravado por ser miembros de una banda.
La diputada oficialista está acusada de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario en calidad de coautora y lavado de activos, entre otros cargos. Sin embargo, permanece en libertad gracias a sus fueros, que el oficialismo ayudó a mantener por las dilaciones del caso en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, presidida por el legislador del PRO Pablo Tonelli.
El debate sobre los fueros de Ayala provocó un entredicho entre el oficialismo y los legisladores del peronismo, quienes denunciaron la "doble vara" con la que Cambiemos trató el caso del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, cuya prisión preventiva fue justificada por la "doctrina Irurzún", que se aplicó también a otros ex funcionarios kirchneristas bajo el supuesto de que aún poseían un poder residual que podría influir en la suerte de las causas.
Ayala había logrado una pequeña victoria a fines de 2018, cuando la Cámara de Casación consideró que el pedido de prisión preventiva no estaba fundado y solicitó a la Cámara Federal de Resistencia que lo revisara. Sin embargo, las distintas instancias del Poder Judicial chaqueño ratificaron la decisión original y se volvió a pedir su detención, previo desafuero.
La defensa de la ex intendenta, coordinada por el Gil Lavedra -titular del programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia- volvió a apelar para llegar a Casación nacional, con argumentos que parecen surgidos de las causas en las que estuvieron involucrados ex funcionarios kirchneristas.
"Implica una afectación evidente al principio de inocencia, en la medida que establece un principio, absolutamente irrazonable, según el cual se debe encarcelar a todas las personas que ocupen cargos públicos y que resulten investigados por hechos cometidos durante funciones ejecutivas", sostuvo el equipo de abogados del Gil Lavedra, que advirtió que los fallos de los tribunales chaqueños deberían exponer las razones por las cuales Ayala puede profugarse o qué evidencia existe de que pueda alterar el curso de la investigación. "Estas circunstancias no existen, no hay ninguna prueba o indicio de los riesgos procesales que determinan una prisión antes de la sentencia", opinan ahora los defensores de la legisladora.
