La diputada de la alianza de derecha Cambiemos está procesada por lavado de dinero, negociaciones incompatibles con la función pública, fraude, incumplimiento de sus deberes y enriquecimiento ilícito por presuntos negociados mientras fue intendenta de Resistencia. La decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de esa ciudad complica su situación.
La alegría que la Sala IV de la Cámara de Casación Penal le dio días antes de Año Nuevo a Aída Ayala al anular la resolución que disponía su prisión preventiva duró menos que un pedo en una canasta: la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ratificó esa medida en función de la gravedad de los hechos que se le imputan a la diputada de Cambiemos y la necesidad de asegurar su comparecencia ante la Justicia.
Ayala se encuentra procesada por presuntos negociados durante su gestión como intendente de la ciudad de Resistencia.
La prisión preventiva de la diputada oficialista fue ratificada por los jueces Rocío Alcalá, Eduardo Belforte, Patricia García y María Delfina Denogens. Los camaristas convalidaron así la decisión que en su momento había tomado la Cámara Federal de Resistencia y que en la última semana de 2018 fue revocada en Casación.
Si bien los jueces de la Sala IV del máximo tribunal penal del país Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani habían confirmado el procesamiento de Ayala, anularon la resolución que disponía su prisión preventiva por considerarla arbitraria. A favor de la legisladora argumentaron que los magistrados de la Cámara Federal de Resistencia no habían fundamentado los peligros procesales de fuga o entorpecimiento del accionar de la Justicia y les ordenaron que dictaran un nuevo fallo.
En su nueva resolución, los camaristas del tribunal chaqueño exponen las razones por las cuales la diputada radical debe permanecer en prisión. “Si bien es cierto que Ayala cuenta con arraigo personal y familiar -lo que podría neutralizar su no sometimiento a la autoridad del tribunal- los elementos reseñados supra (gravedad y trascendencia económica y social de los hechos investigados, grado de probabilidad de su participación en los mismos, actuación organizada, pena en expectativa, entre otros), sumado a la necesidad de asegurar su comparecencia y evitar injerencias en la obstrucción de la tramitación del juicio (habida cuenta de sus vínculos y conexiones y la capacidad económica y operativa acreditada) tornan desaconsejable, por el momento, revertir el dictado de prisión preventiva en esta etapa del proceso. Por lo que procede rechazar la apelación intentada”, señalaron los jueces.
Ayala es investigada por la contratación con sobreprecios de la empresa de recolección de residuos Pimp SA, la firma encargada de los servicios de limpieza de Resistencia entre 2011 y 2015, cuando la diputada nacional fue intendenta de la capital chaqueña, lo que le sirvió de trampolín para postularse a la gobernación por la alianza de derecha Cambiemos.
La diputada radical no es la única procesada en la causa instruida por la jueza federal Zunilda Niremperger. La magistrada también procesó y pidió la prisión preventiva del secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, y los empresarios Carlos Huidobro, Pedro Alberto Martínez, Alejandro Fischer, ex yerno de Ayala. Los empresarios fueron procesados bajo los cargos de enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautores, y lavado de activos, agravado por ser miembros de una banda.
El procesamiento de Ayala abrió un debate entre el oficialismo y la oposición en la Cámara de Diputados. La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el macrifascista Pablo Tonelli maniobró para demorar el pedido de desafuero hecho por la jueza Niremperger, pocos meses después de haber impulsado, como parte de una cruzada contra la impunidad, el desafuero del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.
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