La Cámara Federal de Casación Penal anuló la prisión preventiva dictada contra la diputada nacional de Cambiemos Aída Ayala y ordenó a la justicia chaqueña emitir un nuevo fallo.
La Cámara de Casación consideró que el procesamiento no está debidamente fundado, a pesar de que la jueza Niremperger ratificó en dos oportunidades el procesamiento de Ayala como "jefa de una banda" dedicada a lavar fondos de las arcas provinciales, durante su mandato como intendenta de Resistencia. En la causa están detenidos tres empresarios y un gremialista, señalados como integrantes de la red de lavado.
La buena noticia para la diputada de Cambiemos, patrocinada por Ricardo el Gil Lavedra, llegó con las firmas de los camaristas de la Sala IV de Casación Penal, integrada por Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos. Los magistrados consideraron que no estaba debidamente fundado el procesamiento, a pesar de que fue ratificado en todas las instancias anteriores. Por eso, ordenaron a la Cámara Federal de Resistencia (Chaco) emitir un nuevo fallo. La Cámara de alzada chaqueña había ratificado el procesamiento de Ayala en junio pasado, pero le otorgó la eximición de prisión, a contramano de lo reclamado por la jueza federal Zunilda Niremperger.
La investigación, en la que interviene el fiscal federal Patricio Sabadini, apunta a Ayala por la contratación con sobreprecios de la empresa de recolección de residuos Pimp S.A., que estuvo a cargo de los servicios de limpieza de Resistencia entre 2011 y 2015, cuando la diputada nacional fue intendenta de la capital chaqueña, lo que le sirvió de trampolín para postularse a la gobernación por Cambiemos.
En la causa, la legisladora chaqueña no fue la única procesada sino que junto a ella se ordenaron pedidos de prisión preventiva y embargos para el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, y los empresarios Carlos Huidobro, Pedro Alberto Martínez, Alejandro Fischer, ex yerno de Ayala. Los empresarios fueron procesados bajo los cargos de enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautores, y lavado de activos, agravado por ser miembros de una banda.
El procesamiento de Ayala abrió un debate entre el oficialismo y la oposición en la Cámara baja, ya que la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el patético diputado del PRO Pablo Tonelli, se encargó de demorar el pedido de desafuero hecho por la jueza Niremperger, pocos meses después de haber impulsado, como parte de una cruzada contra la impunidad, el desafuero del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.
En un primer momento, la alianza de derecha Cambiemos advirtió que no debía debatirse el desafuero porque la diputada había cumplido con el llamado a indagatoria y, tras el fallo de la Cámara Federal del Chaco, que le otorgó la eximición de prisión, señaló que la detención era improcedente. Ahora, la resolución de Casación le da un nuevo aire a la aliada oficialista.
La decisión Borinsky, Gemignani y Hornos se esperaba ayer, pero se demoró 24 horas más. A la expectativa, Ayala resaltó que tenía "el derecho de permanecer en libertad durante la sustanciación del proceso" y agregó que "no corresponde que la Cámara de Diputados considere el pedido de desafuero requerido por la jueza Niremperger mientras continúe el proceso judicial". Una posición opuesta a la que el oficialismo sostiene en los casos en los que los procesados son ex funcionarios del gobierno kirchnerista.
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