La Asamblea de Villa Urquiza resistió su desalojo y ahora las partes deberán acordar una mesa de diálogo

Tras haber resistido el desalojo de la Policía y la Gendarmería, los integrantes de la histórica Asamblea de Villa Urquiza lograron suspender el operativo en el centro comunitario, afincado en terrenos del Estado nacional tras la crisis del 2001. 

Mientras los agentes de seguridad intentaban tapiar el local de Triunvirato y Roosevelt, impidiendo que los vecinos retiraran los libros de la biblioteca popular que funcionaba allí, el Defensor del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, logró que se abriera un canal de diálogo. 

El desalojo se pospuso por un mes, tiempo durante el cual los vecinos mantendrán las llaves del lugar. Vencido ese plazo, las partes deberán acordar sentarse a una nueva mesa de negociaciones. 

Los integrantes de la Asamblea esperaban el desalojo desde la semana pasada, cuando se habilitó la venta del terreno para construir allí tres nuevas torres. Desde entonces, en la Asamblea denunciaron la maniobra para continuar con la privatización de tierras públicas para desarrollos inmobiliarios privados.

“Señor, señora/ no sea indiferente/ nos cierran la asamblea /en la cara de la gente”, y “Ya vas a ver/ los espacios que vos cerraste/ van a volver”, coreaban desde la calle decenas de personas, mientras una integrante de la Asamblea se encadenaba a la ventana del local.

En un desproporcionado operativo de seguridad, los agentes impidieron la entrada de los vecinos al local, en el que funciona una biblioteca popular, una videoteca, 11 talleres artísticos, un bachillerato y una consejería. 

“No vamos a permitir que se tapie el local, vamos a resistir. Si nos sacan de acá no vamos a poder volver”, advirtieron los miembros de la Asamblea a través de un audio, en el cual exhortaron a la clase política y a los medios de comunicación a rodear el local. 

Pasado el mediodía, el Defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, quien considera "ilegal" el desalojo, por ampararse en una ley de la dictadura, la 17091, pudo hablar con la oficial de justicia a cargo del operativo. 

En esa misma línea, desde el Observatorio de Derecho de la ciudad, manifestaron que “esta ley tenía por objeto autorizar desalojos sumarios en caso de que los inmuebles fueran destinados a actividades lucrativas, y no contemplaba el derecho de defensa de los afectados”.