La Corte Internacional de Justicia de la ONU dictaminó por 12 votos a tres que Chile no tiene la obligación de negociar una salida soberana al Océano Pacífico. "El argumento de Bolivia basado en las expectativas legítimas no se puede sostener", concluyeron los jueces en la lectura del fallo. El reclamo había sido presentado en 2013.
La Corte de La Haya rechazó los 13 argumentos presentados por Bolivia en su demanda interpuesta a Chile y destacó que este último país no tiene la obligación de negociar una salida soberana al Océano Pacífico. "El argumento de Bolivia basado en las expectativas legítimas no se puede sostener", concluyeron los jueces en la lectura del fallo, que desestimó el reclamo del presidente Evo morales por 12 votos contra tres.
"No queda demostrada la existencia de una obligación a negociar", resaltaron los jueces en la lectura de la sentencia, que tenía en vilo a Bolivia, a cinco años de haber presentado su reclamo.
"Por 12 votos contra 3, la República de Chile no está obligada jurídicamente a negociar un acceso soberano al oceáno Pacífico para el Estado plurinacional de Bolivia", señala la sentencia leída por el presidente del tribunal, Abdulqawi Ahmed Yusuf.
No obstante, los magistrados agregaron en sus conclusiones generales que la decisión tomada hoy "no debe impedir que las partes continúen su diálogo e intercambios en un espíritu de buena vecindad".
Dicho diálogo abordaría "los asuntos relacionados con el enclaustramiento de Bolivia", una solución para la cual "ambos han reconocido que es un asunto de interés mutuo".
La CIJ concluyó que las notas, actas y diferentes declaraciones entre ambos países a lo largo del siglo XX y principios del XXI implican que ha existido una intención de negociar por parte de Chile, pero ello no significa que este país haya adquirido una obligación jurídica.
Los magistrados igualmente desestimaron el argumento de que los diferentes contactos entre las partes le habrían generado "expectaciones legítimas", porque éstas sólo deben ser consideradas en "laudos arbitrales entre un inversor privado y un Estado", pero no en un juicio entre estados.
Asimismo, añadió que las diferentes resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) exhortando a ambos países a sentarse a negociar "no constituyen una base legal para establecer una obligación a negociar", rechazando otro de los argumentos de Bolivia.
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