En medio de la brutal crisis económica, Ercolini procesó a Cristina por la causa Hotesur

Ayer, cuando el dólar pisaba los 25,52 pesos, en un nuevo récord histórico, el juez federal Julián Ercolini procesó a la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner por presunto lavado de activos en la causa Hotesur. La medida judicial también se extendió hacia sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, dentro del expediente que investiga las supuestas contrataciones hechas a hoteles de la familia por parte de contratistas de obra pública.

Ercolini ejecutó el oportuno procesamiento ayer a la tarde, mientras el régimen macrifascista sufría un nuevo revés en el mercado cambiario, a pesar de su polémico pedido de salvataje al FMI. 

El magistrado había confirmado la citación a indagatoria de la ex jefa de Estado y de sus hijos el 25 de agosto del año pasado, luego de que el oficialismo reconociera que la ex presidenta resultó la candidata más votada en las PASO de la provincia de Buenos Aires.

Cristina declaró el 9 de noviembre a los tribunales de Comodoro Py y volvió a denunciar la persecución política y judicial que pesa contra ella y su familia. La ex mandataria presentó un escrito y no respondió preguntas. En el texto rechazó la acusación en términos jurídicos y también políticos, y en ese marco advirtió que desde el régimen macrifascista "buscan encubrir un plan que solo se sostiene con la mentira".

Los fiscales federales oficialistas Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, quienes consideraron que los imputados concretaron una “maniobra criminal” entre 2009 y 2015 “para beneficiarse ilegítimamente con contrataciones públicas” por 16 millones de pesos “canalizados a favor de personas interpuestas y en última instancia a la firma de la familia presidencial”.

A raíz del pedido de los fiscales, Ercolini embargó en junio de 2016 los 4.664.000 dólares encontrados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, así como el dinero depositado en las cuentas a su nombre en la casa matriz del Banco Galicia.

Estos fiscales y el juez Ercolini también tramitan la causa conexa sobre la presunta simulación de ocupación hotelera por parte de empresas de Lázaro Báez con el objetivo de “blanquear” dinero.