“Será un panorama exhaustivo y claro de los bienes del juez que estará a disposición del Presidente a la hora de elegir qué candidato de la terna nomina”, señaló Garavano en el comunicado.
El patético ministro de Justicia, Germán Garavano, elevó a consideración del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) un proyecto modificatorio de los decretos de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia y de los jueces federales y de la Ley del Consejo de la Magistratura, que busca "elevar los estándares de las evaluaciones de los magistrados y acelerar sus nombramientos".
La cartera judicial informó en un comunicado difundido ayer que, entre las principales modificaciones, se propone "ampliar el contenido del informe que recaba la AFIP sobre el cumplimiento de las obligaciones impositivas de los candidatos, para incluir la presentación de un detalle de la situación patrimonial de los postulantes, a fin de detectar irregularidades o inconsistencias".
“Será un panorama exhaustivo y claro de los bienes del juez que estará a disposición del Presidente a la hora de elegir qué candidato de la terna nomina”, señaló Garavano en el comunicado.
En cuanto a la Ley del Consejo de la Magistratura, Garavano propone modificar el artículo 13° que es el que regula las competencias de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial para la cobertura de vacantes en el Poder Judicial, y los requisitos a cumplir por los aspirantes, entre otros ítems. Los cambios propuestos apuntan a lograr una mayor publicidad, transparencia y control ciudadano de los concursos, implementando la transmisión online de las distintas instancias, con exámenes exclusivamente orales.
Las modificaciones impulsadas procuran, según el comunicado, mejorar la formación y capacitación de los magistrados, por lo que prevé requerir a los aspirantes, a los jueces elegidos y a los magistrados en funciones al menos 40 horas de capacitación obligatoria anual.
“Hoy nuestros jueces son los mejores de la región, pero muchas veces faltan los conocimientos prácticos de gestión, de atención a víctimas y de ética judicial”, indicó Garavano.
El proyecto persigue también una mayor celeridad en el procedimiento de selección, mediante la reducción de los tiempos de tramitación de los concursos y del número de integrantes de los jurados. Se propone que sean 3 (un profesor de Derecho, un juez y un abogado de matrícula federal) y que se elijan mediante sorteos públicos.
“Esto es un estándar que dará a la sociedad mayor tranquilidad a la hora de saber quiénes son nuestros jueces, fiscales y defensores”, comentó el impresentable ministro.
En cuanto a los magistrados subrogantes, se proyecta eliminar de las atribuciones de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, la intervención en el proceso de nombramiento, en sintonía con la recientemente sancionada ley de subrogancias.
En esa línea, mediante una resolución el ministro decidió instruir al representante del Poder Ejecutivo Nacional ante el Consejo de la Magistratura, para que proponga una adecuación del Reglamento de Concursos Públicos de Oposición y Antecedentes para la designación de Magistrados del Poder Judicial de la Nación, con el objetivo de adecuarlo a las modificaciones normativas que se impulsan.
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