El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés) expresó su “preocupación por la situación de la violencia policial contra niñas, niños y adolescentes” en la Argentina.
Durante una audiencia que tuvo lugar en Ginebra, el organismo pidió una “investigación rápida, efectiva e imparcial” en el caso de Facundo Ferreira, el niño de 12 años al que la Policía de Tucumán mató de un balazo en la nuca, y expresó una particular inquietud por “el impacto del acuerdo con el FMI y los recortes de gastos” que podría haber las políticas de protección los chicos.
La declaración es la respuesta a una denuncia que organizaciones de infancia y de derechos humanos presentaron en el Congreso y luego elevaron ante ese organismo por "el brutal despliegue de represión estatal” puesto en marcha por la administración fascista de Mugrizio Macri Blanco Villegas.
Como uno de los casos testigos se citó el de Facundo Ferreira, y luego de haber leído los informes y de escuchar las exposiciones, los integrantes del Comité “encuadraron el hecho como un caso de gatillo fácil” y “consultaron además si la doctrina Chocobar es la forma de relacionarse de nuestro país con los niños y las niñas”, destacó Florencia Vallino, miembro del equipo de Abogados del Noroeste por los Derechos Humanos (ANDHES) que patrocina a la familia Ferreira.
El CRC remarcó también “la necesidad de una investigación rápida, efectiva e imparcial”. Para que esto se cumpla, sostuvo la abogada, “es necesario avanzar en la citación a declarar como imputados de los policías responsables (Nicolás González Montes de Oca y Mauro Gabriel Díaz Cáceres), ya que si bien existen pruebas pendientes de producción ninguna de ellas cambiaría la responsabilidad penal de los agentes".
Por otra parte, por sugerencia de las organizaciones que hicieron llegar sus planteos ante esa instancia internacional, el acuerdo con el Fondo Monetario entró en el debate. “Varios miembros del Comité expresaron su preocupación por el impacto del acuerdo con el FMI y los recortes de gastos en las políticas destinadas a proteger a los niños”, indicó una minuta.
Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, fue una de las personalidades que acompañó la denuncia presentada el viernes pasado en la Cámara de Diputados. Al evaluar las consideraciones que expresó el CRC, la querido Norita insistió en que “el ingreso de la Argentina al FMI y la toma de una deuda exorbitante hacen peligrar más la situación de los jóvenes y niños”.
La dirigente hizo hincapié en la situación que viven los niños privados de su libertad. “Los institutos de prevención no están dotados de las seguridades de alimentación, educación y cuidados de la salud. A los que están ahí los abandonan a una suerte que no es nada propicia y el Gobierno sigue desfinanciando”, dijo y por eso, enfatizó, “no podemos tomar ni pagar una deuda que no está destinada a proteger al pueblo”.
El caso argentino fue tratado el lunes, en la 78ª sesión del órgano de la ONU a la que también asistieron representantes del régimen de la alianza de derecha Cambiemos, que fueron el blanco de los cuestionamientos y dudas de los integrantes del comité. La Casa Rosada envió funcionarios de distintos ministerios, entre ellos a Luciano Cohan como delegado por el Palacio de Hacienda.
En su respuesta a las dudas sobre posibles ajustes en las política de infancia como condición del FMI, el funcionario dijo que “la instancia de conversaciones con ese organismo es muy informal” y que “no esperamos que una negociación implique un quiebre en el eje gradual del programa fiscal”, que afecte los programas sociales.
También aseguró que “no hubo ningún programa de austeridad en los programas sociales”, sostuvo que “el índice de pobreza bajó 5 puntos desde 2016” y comparó que “hacia fines de 2017 (ese índice) era uno de los más bajos desde 2003”.
En este sentido, Cortiñas indicó que “los funcionarios de la ONU tendrían mandar veedores al país para comprobar cómo están los chicos y también para ver que el discurso del Gobierno se basa en una política de represión a niños y adolescentes”.
Otros de los cuestionamientos que en Ginebra sonaron en la cara de los funcionarios nacionales fueron hechos por la jueza noruega Kirsten Sandberg (ex presidenta del CRC), quien les llamó la atención por “el amplio” número adolescentes detenidos en condiciones “que parecieran estar por debajo de las normas” internacionales.
“Contamos con información de malos tratos a niños”, les dijo y puso en tela de juicio también la eficacia de la contención que el Estado le brinda a los adolescentes que recuperaran su libertad luego de haber estado encerrados en institutos. “Los chicos que salen de ese régimen parece que no están debidamente adecuados para esa vida independiente, no cuentan con asistencia prevista en la ley 27.364”, que creó el programa de acompañamiento para esos casos.
Luego, a través de su cuenta de Twitter, el CRC “felicitó a la Argentina por la promulgación de leyes relacionadas con la protección de los niños” pero expresó su “preocupación” por “el progreso actual de los planes de implementación (de esa legislación) en las diferentes provincias”.
Uno de los colectivos que impulsó la denuncia contra el Estado argentino es Niñez y Territorio, que nuclea a una veintena de organizaciones de infancia. Omar Giuliani, uno de sus referentes, destacó a este diario la importancia de que “las problemáticas locales lleguen a la esfera internacional”, pero consideró que “con decir que la situación de los niños y niñas ‘es preocupante’ no estaría alcanzando”.
“De los organismos internacionales se necesita una mirada más condenatoria en relación a la política económica y social de nuestro país para que el Estado argentino tome nota”, fundamentó.
Fuente: nota de Adrián Figueroa Díaz para Página/12
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