Otranto suma pedidos de juicio político y también será impugnado su pliego de ascenso a un tribunal oral

Por Adriana Meyer, para Página/12

Dos diputadas y un diputado de la oposición pidieron ayer al Consejo de la Magistratura la apertura de un juicio político contra el juez federal de Esquel Guido Otranto por mal desempeño en la causa que investigó la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. 

“Solicitamos a la comisión de Disciplina y Acusación de este Consejo que disponga la apertura del procedimiento de análisis de la actuación del magistrado, ordenando su suspensión y, en su caso, formule la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento”, señalaron las legisladoras Myriam Bregman (PTS/FIT) y Victoria Donda (Libres del Sur), y el diputado Horacio Pietragalla (Unidad Ciudadana).

“Tuvo una mala actuación en la investigación de la desaparición de Maldonado, sus errores fueros actitudes sesgadas porque sabía del hostigamiento contra las comunidades, a partir de la represión de los meses previos, cuando desalojaron las vías de La Trochita con abusos de Gendarmería, y aún así firmó el procedimiento del 1º de agosto por el corte de ruta, lo que habilitó el ingreso ilegal de los uniformados al territorio mapuche”, dijo Pietragalla y anticipó que el lunes acompañarán también el pedido de juicio político contra el mismo juez que presentará la familia Maldonado por el espionaje que padecieron.

De esta manera, en las próximas horas Otranto sumará un segundo pedido de destitución por parte de la abogada que representa a la familia del tatuador anarquista, que desapareció el 1º de agosto en medio de la represión de Gendarmería a la comunidad mapuche en Resistencia de Cushamen y que apareció muerto 78 días más tarde. “El lunes voy a presentar mi propio pedido”, confirmó Sergio Maldonado, hermano del joven que apareció muerto en el río Chubut.

Al mismo tiempo, en base a los hechos descriptos en el primer pedido de juicio político, el pliego de Otranto para ascender a juez de tribunal oral será impugnado cuando sea tratado en el Senado, tal como ya lo hicieron la APDH, HIJOS, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo.

“Otranto ha tenido un accionar gravísimo, su falta de investigación de todos los hechos denunciados por la comunidad mapuche en los meses previos a aquel 1 de agosto, configuran el cuadro de situación en que desaparece y muere Santiago”, dijo Myriam Bregman, una de las firmantes del pedido de enjuiciamiento que hoy ingresó al Consejo de la Magistratura. “Los jueces no ‘hablan por sus sentencias’, hablan mucho más por su inacción y por su complicidad. La complicidad de Otranto con los terratenientes y las fuerzas represivas, se incrementó después de desaparecido Santiago. Es una vergüenza que lo premien con un ascenso al Tribunal Oral de General Roca y que haya un solo integrante del Consejo que se haya opuesto”, agregó la legisladora del Frente de Izquierda.

Otranto también habría incurrido en mal desempeño en la causa iniciada por la denuncia del gerente de La Trochita en febrero de 2016, quien reclamaba que se despejaran las vías cortadas por un grupo de pobladores que reclamaban por sus tierras, cuyo origen era "la violación sistemática por parte del Estado Argentino de los Derechos del pueblo Mapuche", indicaron los legisladores en su escrito, en el cual subrayan que de aquel operativo también participó el gendarme Emmanuel Echazú, imputado por la desaparición y muerte de Maldonado.

Aquella intervención en el corte de La Trochita “fue llevada adelante con una inusitada violencia desplegada por el personal de Gendarmería, que no solo contaba con la autorización de Otranto sino que, además, actuó en forma ilícita, persiguiendo a Ariel Mariotto Garzi, Ricardo Darío Antigual y Nicolás Daniel Hernández Huala de forma temeraria e irresponsable, causándoles diversas heridas y arrasando con las pertenencias de otras personas, destruyendo todo a su paso”, reza el texto.

Esos hechos motivaron, en su momento, una denuncia penal contra el juez y los gendarmes, que recayó en su propio juzgado y que él delegó en la fiscalía de Silvina Ávila, cuya secretaria, Rafaella Riccono, es la esposa de Otranto, por lo cual las sospechas de parcialidad están más que fundadas. De hecho, esas actuaciones, al igual que otras, fueron archivadas por la fiscalía y por el propio Otranto. 

Sergio Maldonado, por su parte, subrayó que Otranto "hizo todo mal" y agregó que "él directamente le enviaba toda la causa a Gendarmería (...) siempre fue funcional al Ministerio de Seguridad". En declaraciones a radio Cooperativa recordó que el magistrado, finalmente, fue apartado por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia el 22 de septiembre del año pasado, y que su reemplazante, Gustavo Lleral, ordenó destruir las grabaciones de las escuchas telefónicas que su antecesor había ordenado, que no solo alcanzaban a la familia Maldonado sino también a su amigo, Ariel Garzi.