En medio de la brutal crisis económica, Ercolini procesó a Cristina por la causa Hotesur

Ayer, cuando el dólar pisaba los 25,52 pesos, en un nuevo récord histórico, el juez federal Julián Ercolini procesó a la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner por presunto lavado de activos en la causa Hotesur. La medida judicial también se extendió hacia sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, dentro del expediente que investiga las supuestas contrataciones hechas a hoteles de la familia por parte de contratistas de obra pública.

Ercolini ejecutó el oportuno procesamiento ayer a la tarde, mientras el régimen macrifascista sufría un nuevo revés en el mercado cambiario, a pesar de su polémico pedido de salvataje al FMI. 

El magistrado había confirmado la citación a indagatoria de la ex jefa de Estado y de sus hijos el 25 de agosto del año pasado, luego de que el oficialismo reconociera que la ex presidenta resultó la candidata más votada en las PASO de la provincia de Buenos Aires.

Cristina declaró el 9 de noviembre a los tribunales de Comodoro Py y volvió a denunciar la persecución política y judicial que pesa contra ella y su familia. La ex mandataria presentó un escrito y no respondió preguntas. En el texto rechazó la acusación en términos jurídicos y también políticos, y en ese marco advirtió que desde el régimen macrifascista "buscan encubrir un plan que solo se sostiene con la mentira".

Los fiscales federales oficialistas Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, quienes consideraron que los imputados concretaron una “maniobra criminal” entre 2009 y 2015 “para beneficiarse ilegítimamente con contrataciones públicas” por 16 millones de pesos “canalizados a favor de personas interpuestas y en última instancia a la firma de la familia presidencial”.

A raíz del pedido de los fiscales, Ercolini embargó en junio de 2016 los 4.664.000 dólares encontrados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, así como el dinero depositado en las cuentas a su nombre en la casa matriz del Banco Galicia.

Estos fiscales y el juez Ercolini también tramitan la causa conexa sobre la presunta simulación de ocupación hotelera por parte de empresas de Lázaro Báez con el objetivo de “blanquear” dinero.

Intervienen por seis meses la empresa hotelera de la familia Kirchner

El juez federal Julián Ercolini ordenó la intervención judicial de la empresa Hotesur, perteneciente a la familia Kirchner, en la causa que los investiga por presuntas maniobras de lavado de activos a través de hoteles para blanquear supuestas coimas con la obra pública.

La decisión fue tomada por un período inicial de seis meses y la interventora será Raquel Moyano, con facultades de "información, administración y recaudación", según la resolución firmada ayer por el magistrado clarinista.

Además y en otra resolución, el juez decretó la inhibición general de bienes para ocho empresas del detenido empresario Lázaro Báez, entre ellas "Austral Construcciones" y "Kak y Costilla SA".

En esta causa fueron indagados la ex presidenta Cristina Fernández de de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el detenido empresario Lázaro Báez, entre otros acusados.

La investigación gira en torno a contrataciones simuladas de plazas hoteleras por parte de la sociedad de la ex presidenta a empresarios beneficiados con la obra pública durante el gobierno kirchnerista como parte de un circuito de cobro de sobornos.

Hotesur es la causa penal en la que se embargaron 4.664.000 dólares hallados en una caja de seguridad de Florencia Kirchner en el banco Galicia y su dinero en cuentas en esa entidad. Además, Ercolini dispuso la inhibición general de bienes de todos los imputados.

Ya estaban designados veedores informantes para Hotesur S.A. y otras dos sociedades Valle Mitre S,A. e Idea S.A. Pero ahora el magistrado entendió que en lo referido a Hotesur "las circunstancias han variado" y por ello resolvió dictar una medida más restrictiva, la intervención judicial.

Ercolini remarcó que el 20 de diciembre pasado los accionistas aceptaron la renuncia de los directores titulares y suplentes y desde entonces el directorio se encuentra "acéfalo y vacante".

Además de la intervención judicial de Hotesur, el juez inhibió a las empresas de Báez y prohibió realizar movimientos accionarios y distribuir dividendos para "evitar que las personas imputadas se desprendan de las acciones que registren a su nombre o que obtengan ganancias sospechadas de provenir de medios ilícitos". También se buscó "evitar el provecho del dinero obtenido ilegalmente".

Ercolini ya indagó a la ex jefa de Estado, a sus hijos Máximo y Florencia, a Lázaro Báez y a una veintena de imputados y debe definir sus situaciones procesales.