El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat advirtió que el decreto que permite la colaboración de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior es inconstitucional y reclamó una rápida reacción del Congreso nacional para dejar sin efecto esa nueva normativa.
"Lo que hace Macri es francamente inconstitucional: que el Poder Ejecutivo intente por DNU introducir esto... lo tiene que mandar al Congreso", sostuvo el abogado asesor de referentes de la oposición.
"Este decreto es materia legislativa si o sí. El Congreso de la Nación debería ponerse los pantalones largos y derogar este decreto. No hay que tener vacilaciones, hay que utilizar las vías constitucionales para derribar este decreto", afirmó el especialista.
Barcesat anticipó una lluvia de amparos judiciales contra la norma. "Me agradaría que por una vez el Congreso se anticipe a una medida judicial y tome la iniciativa de examinar el decreto y establecer su ilegalidad manifiesta", expresó, y no descartó incluir esta medida en el pedido de juicio político iniciado por la oposición contra el mandatario. "El juicio político debería incluirse junto con el freno de este decreto. Parece ser el correlato del acuerdo con el FMI, a mayor ajuste, mayor represión", consideró el letrado en declaraciones a la AM 750.
"Vamos a esperar a ver si el Congreso toma la iniciativa y yo me prestaré a colaborar en el cuestionamiento al valor de este decreto. El Congreso o el Poder Judicial deben poner exclusivamente una medida cautelar previa", planteó y explicó que "el primer afectado con este decreto es el Congreso de la Nación, este decreto va a derogar tres leyes".
El Decreto 683/2018, publicado ayer en el Boletín Oficial lleva la firma del presidente Mugrizio Macri Blanco Villegas, el jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun Menéndez, y el ministro de Defensa, Oscar Aguad. Entre los considerandos, se menciona que como consecuencia de la evolución del entorno de Seguridad y Defensa resulta necesario establecer roles y funciones que deben asumir cada una de las instancias para que contribuyan al eficiente uso de los recursos del Estado (ver nota aparte en esta misma edición).
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