La infornicable titular de la Oficina Anticorrupción (OA), el organismo encargado de controlar a los funcionarios del gobierno, dijo que si un conflicto de intereses "está administrado y (los funcionarios) hacen lo que se les instruye, no tienen por que sufrir ninguna consecuencia penal". También afirmó que la OA es un órgano interno del Poder Ejecutivo. "Para controlar al presidente están el Congreso y el Poder Judicial", argumentó.
"El conflicto de intereses es una situación vinculada a la ley de ética pública que no conlleva un delito. Un conflicto de intereses bien administrado no genera una negociación incompatible". La insólita frase pertenece a Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), un organismo que debería controlar a los funcionarios gubernamentales en vez de instruirlos para no caer en conflictos con la Justicia. Una de las facetas que mejor define la función del organismo que maneja Alonso es su notoria inacción ante los reiterados episodios de conflictos de intereses de funcionarios miembros de la alianza de derecha Cambiemos.
Alonso da su propia visión de cómo evitar problemas con la Justicia: "si el conflicto está administrado y separados los asuntos, y el funcionario hace lo que se le instruye que haga, no tiene por qué sufrir ninguna consecuencia penal".
En ese sentido, la OA había instruido con una medida escandalosa a los funcionarios macrifascistas: el consejo consistía en abstenerse de firmar documentación que los involucrara en un conflicto de intereses, y que la firma pasara al funcionario de rango inmediantamente inferior. Así, en junio la Oficina Anticorrupción le recomendó Macri Blanco Villegas no intervenir en la renegociación del contrato de concesión del Acceso Norte entre el Estado Nacional y la concesionaria Autopistas del Sol para evitar un posible conflicto de intereses y otro escándalo como el de la renegociación de la deuda del Correo Argentino, propiedad de la familia Macri. Por eso, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el ex hijastro de Flavia Palmiero se excusó de participar en esa negociación y le pasó la responsabilidad a la vicepresidenta Gabriela Michetti.
Con respecto al blanqueo de capitales, Alonso señaló que con "el sinceramiento fiscal muchos ciudadanos comenzaron a pagar impuestos sobe esos activos, como debe ser. Si esos activos en el exterior fueron adquiridos de manera lícita, declararlos es correcto en la AFIP y en la Oficina Anticorrupción". Sin embargo, con respecto a la infracción previa, al no declarar los activos, Alonso se excusa: "eso lo tiene que definir la Justicia, no corresponde que lo digamos desde la OA".
En una entrevista publicada ayer por el pasquín ultraoficialista La Nazión, la titular de la OA sostuvo que, con respecto a la independencia para investigar al Ejecutivo, su organismo o tiene competencia. Para ello, argumentó, están "el Congreso y el Poder Judicial".
"La Oficina Anticorripción es un órgano de control interno del Poder Ejecutivo que cuando detecta un caso de corrupción, lo denuncia. Para controlar al Presidente están el Congreso y el Poder Judicial", argumentó.
También afirmó que no le preocupa que el avance del caso Odebrecht deje expuesto al primo de Macri, Angelo Calcaterra, ex dueño de Iecsa. "No hay preocupación. Odebrecht es la segunda entre las causas de corrupción más grandes del mundo, después de Siemens. Aspiramos a que la Justicia esta vez haga las cosas bien y no como en el caso Siemens", dijo adelantando su postura a cualquier avance de la investigación judicial.
En cuanto al escándalo de los aportantes truchos de la campaña de Cambiemos en 2017, Alonso asume como algo casi natural la existencia de fondos negros. "Hay que promover la transparencia, pero siempre hay fuentes prohibidas de financiamiento", concluyó.
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