La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la prórroga de la Ley de Emergencia Alimentaria, que incrementa en un 50 por ciento las partidas presupuestarias para los programas de alimentación, en una sesión que duró poco más de tres horas con una lista de solo 14 oradores.
El Senado aprobó ayer a la tarde el proyecto de prórroga de la declaración de emergencia alimentaria hasta 2022 por 61 votos a favor en la primera sesión especial tras las PASO, luego de dos meses de inactividad.
La norma, que busca aumentar en un 50% los recursos a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, había recibido media sanción el miércoles pasado en la Cámara baja, con amplio apoyo de la oposición y el oficialismo.
Mientras, a las afueras del Congreso, diferentes movimientos sociales como la CTEP, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Frente Darío Santillán, entre otros se movilizaron para esperar la aprobación, en el recinto pasadas las 14:30, los senadores dieron inicio a la sesión en el recinto con un minuto de silencio para recordar a las docentes fallecidas en un accidente en Chubut.
Al igual que ocurrió la semana pasada en Diputados, el debate de la emergencia alimentaria ocurrió en una sesión corta, con pocos oradores -con un tope de diez minutos para hacer uso de la palabra- y fue aprobada con amplio consenso de todos los bloques.
La primera en tomar la palabra fue la senadora salteña, Cristina Fiore Viñuales, quien sostuvo que "el hambre es un tema que existe, es vergonzoso, duele y nos tenemos que hacer cargo. Me preocupa que quienes tienen que decidir califiquen esta situación como slogan de campaña".
"Vamos a acompañar este proyecto pero debemos discutir el modelo económico porque los modelos fundados en el endeudamiento quiebran el contrato social e impiden que los derechos de la sociedad no se puedan hacer efectivos", dijo a su turno la senadora del Frente para la Victoria, María de los Ángeles Sacnun.
En tanto, el senador justicialista José Mayans criticó el tratamiento del proyecto y su distribución en las provincias. "No estoy de acuerdo con la forma en que estamos trabajando el proyecto. Voy a votar a favor por respetar la problemática de mucha gente pero la distribución no es equitativa entre la provincia de Buenos Aires y el resto del país", afirmó.
El senador neuquino Guillermo Pereyra expresó su intención de acompañar el proyecto de emergencia alimentaria y calificó la situación del hambre en Argentina de "un problema coyuntural" consecuencia de que tenemos en la Argentina, producto de "políticas erróneas".
La senadora Magdalena Odarda expresó que "el hambre es un problema humanitario. Por eso hoy vamos a sancionar la ley de emergencia alimentaria que las organizaciones sociales vienen reclamando hace años".
Además, reivindicó a las organizaciones sociales y a quienes llevan adelante los merenderos: "Se trata de canalizar la solidaridad en hechos pacíficos. Eso es lo que nosotros debemos tomar como ejemplo. Lo que deben hacer los argentinos cuando otros sufren".
La senadora justicialista por Tucumán, Beatriz Mirkin, indicó qye "hoy venimos a tratar una ley que llega tarde, porque el hambre en la Argentina ya se instaló. Igual, lo voy a acompañar".
Por su parte, el senador Fernando "Pino" Solanas, atribuyó la situación actual a la crisis del neoliberalismo. "La alimentación es un derecho, pero el hambre no espera", señaló y agregó que "yo celebro que acompañemos cuanto antes este proyecto y que acompañemos cuanto antes un proyecto político que no nos avergüence".
El salteño Juan Carlos Romero indicó "la crisis argentina no se para buscando culpables entre nosotros. La crisis del '73 convocó a la dictadura. Eso ya no pasa. Las crisis ahora convocan a la pobreza, eso es lo que queremos evitar".
El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes, dijo "este gobierno termina con la dolarización de la harina. Hay un desprecio al hambre" y llamó "payasesco" al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.
"Acá hubo decisiones políticas deliberadas. Fueron una banda que vinieron a recuperar lo que habían perdido por las políticas sociales y se están yendo y cómo va a terminar no les importa", cerró.
Para el titular del bloque justicialista, Carlos Caserio, "no estamos ante una catástrofe natural, estamos ante políticas económicas erradas" y consideró que esta ley es un "paliativo", pero no deja de ser una "solución". Además, pidió que se termine "la fiesta financiera".
Por último, el presidente del interbloque de la alianza de derecha Cambiemos en la Cámara alta, Luis Naidenoff, celebró el debate parlamentario "en un contexto complejo económico y social".
"La primera reflexión es que la pobreza excede una mirada mezquina previa al 27 de octubre. Vivimos en emergencia alimentaria desde 2002", señaló.
"Hasta ahora lo que estoy escuchando de una elección que no pasó es más miedo que propuestas. Ojo con el miedo. Tuvimos tropiezos pero escuchamos lo que nos dijeron las PASO y tenemos propuestas", continuó. "Se asustan del endeudaumiento. Yo quiero hablar de la deuda. Buena parte presupuesto es inversión social en la Argentina y eso lo vamos a exhibir en tiempos complejos", indicó en un encendido cierre.
Una de las grandes ausentes de la jornada, es la ex presidenta y candidata a vice del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, quien aún se encuentra en Cuba, donde viajó a visitar a su hija Florencia. La compañera de fórmula de Alberto Fernández regresará al país este jueves y el sábado 21 presentará su libro Sinceramente en la Universidad de la Matanza.
Otro de los faltazos destacados es el del candidato a vice del oficialismo, Miguel Ángel Pichotto, quien ya se había ausentado a la última sesión del Senado en julio pasado y para el que la temática de la emergencia alimentaria es un área pantanosa. En los últimos días, sostuvo que la iniciativa no tenía "sentido" y calificó a los movimientos sociales de ser "espacios dirigidos a conmocionar el espacio público".
La norma transformada en Ley ayer por el Senado prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria en la Argentina, lo cual implica un aumento en un 50% de los recursos destinados a este fin, por un monto de 10 mil millones de pesos.
Además, faculta al jefe de Gabinete a actualizar las partidas trimestralmente, tomando como referencias mínimas el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el rubro "alimentos y bebidas no alcohólicas" y la variación de la canasta básica alimentaria que mide el INDEC.
También, habilita al Poder Ejecutivo a "disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional".
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