La estratégica vía de salida de la producción agropecuaria está en manos de las denunciadas Emepa y Jan de Nul. En 2021 vence la concesión.
Alberto Fernández deberá enfrentar, si como todo indica gana las próximas elecciones, una compleja decisión: La concesión de la autopista hídrica más importante de la Argentina se vence en el 2021 y la puja de interes por quedarse con ese formidable negocio cautivo y en dólares ya comenzó.
Heredera del lado B del Pacto de Olivos, la Hidrovía está en manos desde hace un cuarto de siglo, del consorcio integrado por el empresario radical y dueño de Emepa, Gabriel Romero y el gigante belga de dragados Jan de Nul.
La hidrovía es la obra de dragado y canalización del Río de la Plata y el Paraná, por la que pasan nada menos que dos tercios del comercio exterior argentino. Junto a la siembra directa y el paquete tecnológicos de transgénicos y el glifostao, fue la causa de la exploxión de exportación sojera del país. Todos hitos de la revolución agropecuaria que tienen su origen en políticas diseñadas en los noventa.
La licitación entonces del manejo de este recurso estratégico del país no puede ser más importante. Y viene complicada. El vendedor de autos devenido en ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, había prometido que antes de fin de este año estarían listos los pliegos de la licitación, pero hasta ahora no aparecieron.
La causa de las fotocopias de los supuestos cuadernos impactó de lleno en el negocio cuando Gabriel Romero apareció haciendo un aporte 600 mil dólares a Roberto Baratta, en medio de la negociación para lograr la extención por una década de la concesión en 2010.
Esta situación reconocida judicialemente por Romero, llevó a que se presentarán denuncias contra el gobierno por no revocarle la concesión, como se instruye en la Ley de Administración Pública. Es por esto que en el mercado consiederan un hecho que Emepa no se presentará en la nueva licitación, confirmaron fuentes al tanto de la situación.
Pero los directivos de la belga Jan De Nul, dejaron trascender en las últimas semanas que ellos sí se presentarán a la nueva licitación, con el argumento que "no estaban al tanto" de lo que hacía su socio.
Sin embargo, la vinculación ambas compañías queda asentada en el reparto de utilidades por partes iguales en la sociedad que comparten. Jan De Nul se ocupó del dragado, mientras que Emepa, contrató expertos en balizamiento y se dedicó a ese segmento del trabajo.
El costo argentino
El tema de fondo que sobrevuela esta polémica licitación es la eterna necesidad del país de bajar sus costos logísticos, como suelen pregonar Macri Blanco Villegas y Dietrich. Para diversos especialistas, el costo de "peaje" que pagan los barcos que circulan por la Hidrovía es demasido alto, además de estar en dólares.
El tema fue abordado en la denuncia que presentó el 4 de Julio el presidente de la Fundación Procurar, Enrique Millán, ante el Ministerio de Transporte, la Oficina Anticorrupción y el Congreso de la Nación.
En la misma, Millán pide investigar la racionalidad del precio del "peaje" que los concesionarios de la Hidrovía, cargan sobre las compañías navieras y los productores.
En el mercado señalan que en los hechos, se termina pagando un sobrecosto de tres dólares por cada tonelada transportada por la Hidrovía, el doble de lo que se estima sería un precio razonable. Se trata de un tema fundamental cuando el país atraviesa una nueva crisis de falta de divisas, que en su mayoría vienen de la mano de las exportaciones agrícolas que salen del país por la hidrovía.
La denuncia de Millán pide también investigar los aparentes incumplimientos de las obras de mejora del canal que establece el pliego de concesión.
Lo que suele argumentar Jan De Nul es que esta falta de obras obedece a que el dragado significa el 90% del costo mientras que Emepa solo tiene el 10% por el balizamiento. Sin embargo, la asociación de ambas empresas se hizo bajo esos parámetros y repartieron las utilidades en partes iguales durante 25 años.
Jan De Nul es un gigante con 80 años de experiencia y está dirigido por los hermanos Pieter y Dirk De Nul. A principios de 2002, los hermanos De Nul fueron acusados en Bélgica por pagar coimas a funcionarios locales. La Justicia los condenó a tres años de prisión. Dado que esa compañía tenía contratos en muchos países, la Justicia belga dejó la sentencia en suspenso. Por normas internacionales, esos contratos podrían haber sido finalizados y la Justicia belga consideró que se hubieran perdido muchos puestos de trabajo.
Hace menos de tres años tomaron estado público las denuncias por intento de fraude de su filial ucraniana en el dragado del puerto de Yuzhny, en el Mar Negro y el Comité Antimonopolio de Ucrania decidió cancelar la licitación.
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