Desde que se desregularon los precios del gasoil en el canal mayorista a comienzos de mes, la suba llega al 25 por ciento y los valores ya están por encima de lo que abonan los minoristas.
“O seguimos perdiendo pasajeros o reducimos los servicios”. Esta fue la tajante definición del sector de transporte de larga distancia frente a las dificultades para seguir operando con los constantes aumentos en los combustibles y sin subsidios.
“El Gobierno discrimina al transporte público, liberando el precio de los combustibles, disparando los costos y afectando a millones de pasajeros en todo el país”, señalaron las cámaras del sector (AAETA-CATAP-CELADI-CEAP) a través de un comunicado.
Según explicó el vocero de las empresas, Gustavo Gaona, luego de que el régimen macrifascista levantara el congelamiento a los precios mayoristas del combustible a comienzos de mes el aumento fue de 25 por ciento en las compras a granel, llevando el valor incluso por encima de lo que se paga en el canal minorista. “Nos aplicaron el aumento por la compensación del dólar y el ajuste que estimaron las estaciones de servicio al surtidor”, comentó Gaona. Si el régimen no da respuesta, los micros de larga distancia comenzarán en octubre con horario reducido.
Si bien el vendedor de autos devenido en ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, aseguró que no habrá aumento en el transporte urbano de pasajeros, donde el Estado subvenciona parte del costo, en el caso de los ómnibus de larga distancia la situación es otra. “En los últimos tiempos este sector se encuentra atravesando una profunda crisis estructural por circunstancias ajenas a su administración y voluntad”, comunicó el sector. Entre los puntos que destaca se encuentran “la proliferación del transporte irregular y el constante aumento de cada uno de los costos (vehículos, repuestos, peajes, entre otros) y ahora la decisión del gobierno nacional de excluir al transporte público de pasajeros del decreto que congeló el precio de los combustibles por noventa días”.
Esta situación explica que desde 2014 a la fecha la actividad registre una contracción del 30 por ciento en viajes realizados y una caída de 41 a 31 millones de pasajeros por año. Además se redujo en un 18,5 por ciento (826 ómnibus menos) y el envejecimiento de su parque móvil (sumó 1,03 años en mismo lapso). “La exclusión del sector al congelamiento del combustible pone en jaque la supervivencia del sector e impacta sobre el bolsillo de los usuarios, a quienes el decreto pretendió proteger originalmente”, de acuerdo con el comunicado.
Una empresa mediana de transporte de larga distancia consume cerca de un millón de litros de combustible por mes y los valores en los distintos puntos del país difieren. El precio del litro mayorista, según los sondeos de las cámaras, se ubica en Tucumán (46,58 pesos), Córdoba (45,61), Capilla del Monte (53,41), Rosario (44,68), La Plata (44,67) y Salta (47,30), lejos de los 43 que pagan en la Ciudad de Buenos Aires. “A estos precios hay que sumarle además percepciones e impuestos locales, lo que eleva aún más su valor”, aclaran. Dado que las empresas compran a granel, venían pagando hasta un 20 por ciento menos que lo cuesta el combustible en el canal minorista, pero ahora el precio es mayor.
“Por ello, a pesar del esfuerzo realizado en los últimos años para contener el valor del boleto (desde 2015 se ajustó un 128 por ciento frente a una inflación de 234 por ciento); de no revertirse esta medida el sector se verá forzado a trasladar los mayores costos a la tarifa”, alerta el comunicado del sector.
Fuente: nota de Crisitan Carrillo para Página/12
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