Los movimientos sociales celebraron la aprobación de la emergencia alimentaria

Los movimientos sociales acompañaron con una movilización al Congreso la sanción de la Emergencia Alimentaria, que permitirá que el Estado duplique los fondos destinados a los comedores y merenderos. 

La ley fue celebrada por las organizaciones como una conquista, aunque con el señalamiento de que debe implementarse sin demoras. Con su aprobación, el Poder Ejecutivo quedó habilitado a reforzar las políticas alimentarias con 10 mil millones de pesos de acá a fin de año, atendiendo así una realidad cuya gravedad minimizó. 

Hasta la semana pasada, el discurso de Cambiemos era que no hacía falta modificar ninguna política social. El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichotto, sostuvo que era "una exageración" decir que en la Argentina hay personas que pasan hambre. Y en el mismo sentido, la beoda ministra de Seguridad, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, había planteado que el problema se solucionaba con “la enorme red de contención social que hay en el país”.

La CTEP, Somos Barrios de Pie, la CCC y el Frente Darío Santillán se concentraron sobre la Avenida Entre Ríos, donde montaron un escenario junto a las escalinatas del Congreso. Allí esperaron el arranque del debate de la Cámara alta. 

Los manifestantes reivindicaron la aprobación de la ley como el logro de un proceso de unidad que incluyó la realización de encuentros con toda la oposición. Algunos dirigentes, como Norma Morales (Somos Barrios de Pie) y Freddy Mariño (CCC), pidieron la creación de un comité de crisis donde las organizaciones puedan controlar la ejecución de la Emergencia. 

Morales contó, por ejemplo, que en estos días los movimientos vienen marchando en municipios del Gran Buenos Aires para que se dicte la emergencia a nivel local. En Quilmes, agregó, el intendente Martiniano Molina la declaró, "pero no incluyó a las organizaciones en su implementación". En el caso de la ley nacional, no está escrito cómo será llevada a la práctica.

Subejecución

Vale tener presente que el objetivo de la campaña por la sanción de la Emergencia Alimentaria fue forzar al Estado a actuar para garantizar el acceso a los alimentos.

De hecho, el gobierno de Cambiemos contó con fondos extra aprobados y disponibles para reforzar las Políticas Alimentarias desde 2016, liberados por la Ley de Emergencia Social, pero aunque parezca difícil de creer, no los utilizó. Incluso en un año electoral como 2019, el Ministerio de Desarrollo Social subejecutó las partidas presupuestarias destinadas al envío de comida a escuelas y redes de contención, mientras la suba de los precios hacía que en los hogares de menores ingresos fuera cada vez más difícil acceder a las cuatro comidas diarias. Algunos datos concretos ayudan a ilustrar la situación:

Hoy son más de cinco millones los argentinos no pueden acceder a la canasta básica de alimentos, según el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda. El número de personas que no puede proveerse de una alimentación completa y de calidad nutricional es del doble que en 2016.

Contra el discurso oficial que asegura que el gasto social en la gestión Cambiemos es la más alta de la historia, lo concreto es que el macrifascismo no percibió la gravedad de la crisis. En 2017, Desarrollo Social usó sólo el 75 por ciento de los fondos destinados Políticas Alimentarias (y aunque tenía además una ampliación de ese presupuesto, no gastó un solo peso de ese monto extra). Lo mismo ocurrió en 2019: para agosto, el régimen debería haber gastado el 70 por ciento del presupuesto para Políticas Alimentarias, pero sólo había usado el 58 por ciento.

Es sobre estos antecedentes que ahora se sancionó esta Emergencia Alimentaria. Su importancia, entonces, reside no sólo en contar con la ley -un instrumento para reasignar partidas que tendrá vigencia hasta 2022- sino, sobre todo, en crear un clima en que el que el problema se mantenga visible y los gobiernos accionen.

Aumentos y faltantes

Los fondos liberados por la Emergencia estarán destinados a todo tipo de comedores y merenderos, incluidos los escolares, los sostenidos por Cáritas, los de redes municipales y los de movimientos sociales. Los insumos llegan a ellos mediante el envío de mercadería o la asignación de fondos. 

El programa de asistencia a merenderos, por ejemplo, estaba recibiendo 21 pesos por niño por día. Las referentes barriales explican que con ese monto y en una situación de demanda creciente, el menú queda restringido a tortas fritas y la leche es reemplazada por mate cocido. En el marco de la ampliación del presupuesto, hoy el programa está siendo llevado a 30 pesos.

En cuanto a los bolsones de mercadería, las organizaciones hablan de un proceso doble relacionado con el aumento de los precios de los alimentos: por el empobrecimiento de la población, estuvieron recibiendo mayor demanda de comida, mientras Desarrollo Social les discontinuaba o recortaba las remesas. Uno de los productos que más faltó fue la leche en polvo , que en la primera mitad del año también fue difícil de encontrar en los supermercados debido a que su precio de exportación hizo más rentable para los productores mandarla a Brasil. Si se pregunta por la canasta de los comedores, la denuncia es que es que con la inflación pasaron a recibir menos de todo, y de menor calidad nutricional. Más harinas y arroz, prácticamente nada de carne y menos verduras.

"Este es un gobierno que no quiere asumir que en la Argentina hay hambre. El presidente Mauricio Macri parece que cree que gobierna Estados Unidos o Alemania. Le avisamos que está a cargo de gobernar la Argentina", remarcó en el acto de cierre de la movilización Dina Sánchez, vocera del Frente Popular Darío Santillán.

El titular de la CTEP, Esteban Castro, habló de "profundizar la unidad" y "tomarse el tiempo para reflexionar sobre cómo llegamos a esta construcción de poder". El referente social defendió así la decisión de utilizar la protesta callejera para instalar en la agenda política las propuestas de las organizaciones sociales. 

Además de la ley sancionada por el Senado, los movimientos tienen presentados al Congreso otros proyectos destinados a impulsar la economía popular. Entre ellos está el reclamo de que un porcentaje del presupuesto de Obras Públicas sea destinado a la urbanización de villas y asentamientos mediante el trabajo de cooperativas de construcción. Otros hacen al desarrollo de políticas contra la violencia de género y al sostenimiento de las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAACS), centros de apoyo y recuperación para jóvenes con consumos problemáticos.

Fuente: nota de Laura Vales para Página/12