Tras las denuncias de coimas y de diversas irregularidades contra el juez federal Luis Rodríguez, la Comisión de Disciplina y Acusación de Consejo de la Magistratura, que presidente Miguel Angel Pichotto, convocó para este miércoles a una reunión extraordinaria.
En la reunión de mañana se podría definir si se acumulan las cinco presentaciones que hay hasta el momento así como decidir las primeras medidas. De hecho el consejero académico Diego Molea ya mandó a pedir las declaraciones juradas del magistrado.
Rodríguez arrastra pedidos de juicio político desde año pasado, con la conformación anterior del Consejo, que había presentado parte del equipo de Elisa Carrió y el abogado Ricardo Monner Sans. Los cuestionamiento a su actuación son de larga data, pero la causa de las fotocopias de los supuestos cuadernos fue lo que despertó el interés del oficialismo, que intenta vincularlo al kirchnerismo. Esta vez el disparador fue la declaración como arrepentida de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, quien dijo que a través de su abogado Miguel Angel Plo su marido le pagó al juez 10 millones de dólares para que aliviara su situación en la causa por enriquecimiento ilícito.
Una de las denuncias, de noviembre último, había sido presentada por los referentes de la Coalición Cínica Paula Oliveto, Mariana Zuvic y Juan Manuel López, a raíz de la decisión de la Cámara Federal (con votos de Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia) de apartarlo de la causa donde se investigaba el patrimonio de Muñoz y su entorno. Los camaristas decían -en función de un reclamo del fiscal Carlos Stornelli- que eran infundadas las eximiciones de prisión concedidas, por ejemplo, a Pochetti. Este expediente es instruido por el consejero Molea, y recibió una ampliación el viernes, después que se conoció que Pochetti, quien está detenida en la causa de los cuadernos, al declarar como arrepentida reveló el pago de una coima al juez Rodríguez.
La causa penal en la que se investiga el supuesto soborno, quedó a cargo del propio Bonadio. Todo hace suponer que en función de las pruebas que surjan sobre el patrimonio del juez crecerán o no las posibilidades de su destitución. La discusión por las decisiones que toman los jueces -a menos que revelen un delito- tienen menos chances de prosperar porque no se puede juzgar el contenido de las sentencias.
Otro planteo anterior contra el juez lo cuestiona por su actuación en una causa sobre Yacimientos Carboníferos Río Turbio, en esencia, por no aceptar los pedidos de indagatoria que le presentaba Stornelli y por no avanzar sobre ex funcionarios como Julio De Vido y Roberto Baratta. Es un expediente donde se investigan supuestos desvíos de fondos que debían haberse invertido en obras en la mina de carbón. En este caso, la presentación la hizo Monner Sans, quien también se metió con la causa sobre Muñoz y señaló que el juez actuaba de manera tal de beneficiar a determinadas personas y el viernes último planteó un ampliación. También anunció que sumará su denuncia el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, conocido como Colegio de la Calle Montevideo, que opera como una especie de brazo ejecutor de denuncias que interesan al régimen fascista de Miauricio Macri Blanco Villegas. Esta institución, además, impulsa una insólita marcha contra el juez.
Los consejeros discutirán si juntan todos los expedientes y si ya se disponen medidas. La senadora radical Inés Brizuela y Doria, por ejemplo, pidió que Pochetti fuera a declarar al Consejo.
Desde hace años que se conocen los cuestionamientos al juez Rodríguez, vinculado con el operador judicial Javier Fernández, que es el padrino de su hija, y la llamada “escudería Stiusso” -por el espía Antonio Stiusso-, que supo tener alta incidencia en Inodoro Py. Cuando concursaba para juez federal fue denunciado por haber ido al examen con ventaja: había pedido un caso exactamente igual al que le tomarían como prueba. Era un robo de monedas en el Banco Nación, un caso único en su especie. Pero esta irregularidad no tuvo consecuencias penales ni de ningún tipo. De hecho fue nombrado. El periodista Horacio Verbitsy lo describió como un coleccionista de elementos nazis y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) lo denunció por provocar dilaciones en la causa donde se investigaban sobornos en la Cámara de Casación Penal Federal para salvar a José Pedraza de ir a la cárcel por el homicidio de Mariano Ferreyra. Con el paso del tiempo, señalaron, se perdieron mensajes clave de los celulares y el juez Eduardo Riggi, que estaba sospechado, quedó a salvo. El kirchnerismo toleró y avaló su designación, por eso la oposición hoy hace gala de eso, aunque nunca antes promovió denuncias en su contra pese a que había elementos para investigarlo.
Fuente: nota de Irina Hauser para Página/12
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