Los inquilinos porteños enfrentan los valores más caros de la historia

Por Gisela Marziotta para Página/12

El costo de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires alcanzó niveles récord en la historia. Los inquilinos destinan un 50 por ciento de sus ingresos al pago del techo. El retorno a la casa de los padres aparece como salida de emergencia.

Los alquileres en la CABA son los más caros de la historia y hoy representan más del 50 por ciento del sueldo promedio. Al mismo tiempo que aumentan la pobreza y la indigencia en el distrito más rico del país, cada vez son más los inquilinos que abandonan las viviendas antes de terminar los contratos. La información se desprende de un informe del Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo según el cual uno de cada cuatro inquilinos que consultan en el organismo “no juntan el dinero para pagar el alquiler, las expensas y los servicios”.

“En términos de la incidencia que tienen sobre los ingresos, estamos ante los alquileres más caros de la historia en la Argentina. Hoy representa más del 50 por ciento del ingreso salarial, el punto más alto en 100 años de contratos de alquileres. Hubo algún pico similar en 1978, en plena dictadura, cuando se derogó una ley que limitaba los alquileres al 25 por ciento del salario y se liberaron los contratos, lo que posibilitó al mercado a fijar los precios a piacere pero aún así se mantuvieron cerca del 30 por ciento. En ese momento, como pasa también ahora, hubo una caída del 50 por ciento de los salarios en la que los ingresos quedaron muy atrasados en relación a la inflación”, explicó Fernando Muñoz, coordinador de dicho programa que se dedica defender los derechos de los inquilinos, brindar asesoramiento legal y acompañar los conflictos entre inquilinos y propietarios. “Entonces, no solamente el mercado tiene libertad absoluta para fijar los precios de los alquileres sino que además hay un retraso muy grande en los ingresos”, sintetizó.

En este contexto, desde la Defensoría señalan que de las últimas 300 consultas recibidas en el último año, casi el 40 por ciento son de inquilinos que ya no pueden cubrir los gastos de alquiler, expensas y servicios básicos. La finalización anticipada del contrato, la renegociación en cuotas de las deudas o el acuerdo para sostener el alquiler por unos meses hasta encontrar una alternativa de vivienda más económica son los casos más recurrentes. “De ser un organismo dedicado a garantizar el cumplimiento de los derechos de quienes alquilan, se pasó a asistirlos cuando tienen dificultades en asumir los pagos mensuales”, sostiene Muñoz. 

En marzo de 2018, el 21 por ciento de las consultas estaban vinculadas a la dificultad en sostener el pago del alquiler y las expensas; en octubre, esa cifra ascendía al 35 y durante los meses de diciembre y enero esa tendencia se acentuó, llegando al 37,01 por ciento de los casos. “Muchos inquilinos se acercan con el contrato vigente y consultan como rescindirlo, incluso sin tener deudas acumuladas. Actualmente destinan más de la mitad de sus ingresos al alquiler y se les hace imposible llegar a fin de mes. Por lo tanto, buscan alternativas: viviendas más chicas y en barrios más alejados, volver a vivir con padres o hijos, compartir viviendas con extraños o alquilar habitaciones en hoteles y pensiones”, detalló el representante del organismo.

Fernando Muñoz coordinador del Programa de 

Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo

“En la ciudad de Buenos Aires se está dando un fenómeno similar al que ocurrió entre 1999 y el 2000 donde muchas familias inquilinas viven en departamentos y en barrios de clase media, pero puertas adentro están pasando una situación de pobreza. Y esto es porque hoy para cubrir los gastos completos –alquiler, expensas y servicios– de una vivienda de dos ambientes se necesitan cerca de 17 mil pesos mensuales, lo cual hace que el resto que queda es muy poco para vivir. Por eso nuestra preocupación está puesta en la situación social que están viviendo hoy los inquilinos en la ciudad”, agregó.

Entre los otros conflictos que atraviesan los inquilinos porteños se destacan: la retención indebida del depósito al finalizar el contrato (20,99 por ciento), problemas edilicios (19,21), consultas previas a alquilar (14,23), problemas con el intermediario (4,98) y otras consultas (3,55).

Muñoz sostiene que el panorama se agrava aún más debido al alto nivel de especulación financiera en torno al mercado inmobiliario. “Esto pasa porque la vivienda ha dejado de ser tomada como un derecho y ha pasado a formar parte de uno de los grandes negocios más rentables del capital. Recuerdo que en su momento, Federico Sturzenegger como presidente del Banco Central había mostrado un gráfico en donde mostraba que la inversión más rentable en Argentina desde 1983 a la fecha había sido la construcción de vivienda para alquilar”, aseguró.

Si bien se trata de un fenómeno que se da en todos los centros urbanos del país, la Ciudad de Buenos Aires presenta sus propias particularidades. “Una es que tiene la cantidad de contratos de alquiler más alta del país: el 40 por ciento de los hogares porteños son alquilados. La otra particularidad tiene que ver con la cantidad de personas que vive por hogar, que es cada vez más baja: en este momento, el promedio es de 2 personas por hogar –algo que también ha modificado mucho la capacidad de ingresos que hay por hogar– y hay barrios como Caballito o Palermo en donde la mitad de las viviendas están ocupadas por una sola persona, lo cual hace que el alquiler sea mucho más difícil de afrontar”, explicó Muñoz.

El derecho a la vivienda como derecho humano forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sin embargo la falta de una regulación estatal del mercado y la ausencia de una Ley Nacional de Alquileres –que tras la media sanción lograda en el Senado en 2016, no fue votada en la Cámara de Diputados y perdió estado parlamentario a fines del año pasado– deja a los inquilinos en una particular situación de desprotección que dificulta el pleno ejercicio de este derecho. La arquitecta y magíster en Planificación Urbana y Regional, Guadalupe Granero, coincide con el planteo de Muñoz y sostiene que a los argentinos “nos cuesta desnaturalizar la idea de que la vivienda es una inversión”. 

“Desde el neoliberalismo para acá, cierta liberalización de los mercados financieros empezaron a jugar con inversiones en vivienda. Entonces, si bien el proceso de mercantilización de la vivienda es muchísimo más largo, sí vemos que en las últimas décadas ciertos capitales de inversión especulativos han impuesto sus propias reglas y convirtieron a la vivienda, cada vez más, en un activo financiero”, explica la especialista que forma parte del Centro de Estudios Metropolitanos, un consorcio de cooperación conformado por la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad Nacional de Hurlingham y que “tiene como objetivo analizar el desarrollo metropolitano con una fuerte impronta interdisciplinaria”.

La urbanista señala que en la ciudad se vive un “proceso de inquilinización” al mismo tiempo que se da una “una creciente elitización del mercado inmobiliario”. Esto se traduce en que, a pesar de que la población de la ciudad permanece estable, el porcentaje de inquilinos es cada vez mayor y que “tanto por los costos o por las dificultades para acceder a un alquiler formal, una parte muy grande la población hace que tenga que volcarse a los mercados informales”.

Además, en el último tiempo se sumó un nuevo actor al mercado de alquileres, con la llegada de Airbnb y otras plataformas similares. Según datos de AirDNA, en Buenos Aires existen más de 11 mil ofertas activas, principalmente en el eje que va desde La Boca hasta Palermo, es decir, en la zona turística de la ciudad. “Si bien es algo que estamos comenzando a investigar, vemos que esto ha tenido fuertes impactos en otras ciudades del mundo vinculadas al retiro de propiedades para alquileres a largo plazo y en la suba de precios en general, y Buenos Aires no está exenta de esto”, aseguró.

“El problema de fondo es que no estamos hablando de oro, lo que está en juego acá es un derecho humano básico. En la medida en que la vivienda esté consagrada como derecho humano no debería haber posibilidades de que esté sujeta a la especulación financiera”, agregó Granero.

“Hemos recorrido un montón de experiencias donde vemos que el negocio sigue tirando de la soga. Lo que pasa es que ahora vemos que hay una cantidad enorme de inquilinos que están con la soga al cuello. La pregunta, entonces, es hasta donde van a seguir tirando”, concluyó Muñoz.