Entre jueves y viernes se realiza la subasta del producto a entregar a los usuarios entre el próximo abril y marzo de 2020, pero el temor a una nueva devaluación abre interrogantes sobre la compulsa.
El régimen macrifascista cambió las condiciones de la subasta que se realizará esta semana para que las distribuidoras compren el gas del próximo invierno. Según una resolución de la Secretaría de Energía publicada ayer, las petroleras deben presentar en la subasta ofertas para el período abril de 2019-marzo de 2020.
Se eliminó así la posibilidad de ofertar por dos y tres años, por período estacional y para los tres meses del invierno, que constaban en las bases que se conocieron el 10 de enero. Con el cambio, el Gobierno busca que se achate el precio del invierno, a cambio de una suba en el período estival.
El criterio había sido recomendado por la conducción de YPF en setiembre pasado pero en ese momento fue desechado por el Gobierno, por la necesidad de bajar en dólares el precio del gas en primavera-verano, debido al impacto de la devaluación de mediados de 2018.
Ahora, el esquema comienza en el período de mayor demanda y abarca al de menor demanda de la próxima primavera y del verano de 2020. Teóricamente esto conduce a una reducción del precio a pagar por el gas en el invierno preelectoral. En la práctica, sin embargo, el mecanismo tiene implícito el riesgo de que un nuevo e imprevisto salto en el tipo de cambio, derive en presiones cruzadas entre petroleras y distribuidoras que finalmente impacten en las tarifas de los consumidores.
En principio, la Secretaría de Energía busca cubrirse de esa situación, estableciendo en las bases de la subasta que el tipo de cambio a considerar para el gas, será “el tipo de cambio vendedor del Banco Nación observado entre el día 1 y el día 15 del mes inmediato anterior del inicio del período estacional”.
Esto significa tomar el valor del dólar entre el 1 y el 15 de marzo para el período abril-septiembre, y presuntamente, porque no está aclarado, el del 1 al 15 de septiembre para el período octubre-marzo.
Habrá que ver cómo reaccionan las petroleras frente a esta propuesta, porque hasta ahora vienen solicitando que se considere el promedio del piso de la banda pactada con el FMI para todo el período en que se ofrece el gas.
Sobre el tema, la Secretaría de Energía a cargo de Gustavo Lopetegui indicó que “por decreto el Gobierno prohibió el traslado de las diferencias diarias por tipo de cambio a las tarifas” y que “las propias empresas tienen que considerar los mecanismos que consideren más eficientes para esta cobertura”. No aclaró, sin embargo, cuáles son las empresas que tienen que tomar el seguro de cambio: petroleras o distribuidoras, lo que anticipa una nueva disputa entre esas partes por el costo financiero que implica.
Además en la resolución se establece que las distribuidoras deben pagar el gas a las petroleras a los 65 días de haberlo recibido. Hasta ahora lo hacen a 75 días, y en las bases originales el plazo se había reducido a 30 días. Las que distribuyen afirmaron que no podían hacerlo porque entre que el gas se inyecta en las redes y el momento en que los usuarios pagan, pueden pasar entre 60 y 90 días.
El cambio de este plazo y la forma de calcular el tipo de cambio, pueden generar en las próximas horas una nueva reacción adversa de las petroleras que argumentan, entre otras cosas, que ya van a cobrar diferido (desde octubre de este año) y en cuotas, la diferencia que se generó por la devaluación del año pasado sobre el gas consumido en el invierno.
Según está previsto, la subasta se realizará el jueves 14 para el gas proveniente de la cuenca neuquina, Santa Cruz, Golfo de San Jorge y Tierra del Fuego. El viernes se subastará el gas de la cuenca noroeste que es principalmente el que proviene de Bolivia y que vende la ex ENARSA. El objetivo de esta división es en apariencia despegar el precio local del de importación, pero sería un recurso más bien formal, porque para el invierno, cuando aumenta la necesidad de importar gas, las petroleras miran el precio de importación para fijar lo que quieren recibir por el gas propio.
En un documento que circuló en las últimas horas, la Secretaría de Energía admitió que luego de la devaluación del año pasado, las negociaciones entre petroleras y distribuidoras para redefinir los contratos firmados durante la gestión de Juan José Aranguren, se encuentran inconclusas, es decir las partes no llegaron a acuerdos.
Pero la dependencia oficial considera que al haberse generado excedentes de gas en verano, se crean condiciones para que se pueda utilizar el mecanismo de la subasta. Ahora habrá que ver si el procedimiento ayuda o no a atenuar el creciente encarecimiento de las tarifas.
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