Según un entrecruzamiento de más de 4500 nombres que realizó La Fundación La Alameda, directivos de sociedades que fueron citados por la Justicia pusieron importantes sumas de dinero para el oficialismo o sus fundaciones.
Si las investigaciones judiciales sobre aportes truchos e irregulares a las campañas de Cambiemos no se toparan con tantos obstáculos para avanzar -que pone en práctica el propio sistema acomodaticio de justicia-, pronto se encontrarían con la de (las fotocopias de) los cuadernos. Miauricio Macri Blanco Villegas se jactó el viernes de haber terminado obras “sin ningún ruido” ni “ningún cuaderno”, pero no sería exactamente así. De un entrecruzamiento de datos que emprendió la fundación La Alameda, denunciante en la causa sobre aportantes, surgen algunas sorpresas, desde empresarios que pusieron plata para el partido gobernante y que están citados o investigados por la obra pública, u otros también investigados por Claudio Bonadio que solventan a las fundaciones de los funcionarios del PRO. También está el caso del empresario Carlos Tomeo, a quien la desquiciada Elisa Carrió vinculaba con Aníbal Fernández y el narcotráfico, y que aportó 95.000 pesos para la segunda vuelta del 2015. ¿Será lavado, como ocurrió con la llamada mafia de los medicamentos?
El cruce de aportantes y “cuadernos” no es menor, teniendo en cuenta que las investigaciones sobre el financiamiento de la campaña de Cambiemos en 2015 y 2017, tanto en La Plata como en Comodoro Py, recibieron el golpe más duro destinado a debilitarlas en el momento en que llegaban justo el punto de intersección entre aportantes y empresas, cuando la ley impide a estas últimas poner dinero para campañas.
La causa que tramitaba en territorio bonaerense, a cargo del juez Ernesto Kreplak, pasó por decisión de la Cámara Electoral, al juez electoral Adolfo Ziulu, después que el periodista Hugo Alconada Mon confirmara lo que ya había escrito en su libro La Raíz de Todos los males que el hijo bobo de Franco Macri les pedía a los empresarios el uno por ciento de su patrimonio para la campaña, en negro, bajo promesas de obtener beneficios a la larga con su gobierno. También para ese entonces se empezaba a reconstruir la ruta de algunos aportes que se hicieron por cajero automático a metros de la Casa Rosada. Si todo queda en infracciones electorales, las consecuencias para los responsables son menores: multas o a lo sumo suspensiones, y quién sabe cuándo.
Al juez porteño Sebastián Casanello, el camarista Martín Irurzun le quitó el expediente sin explicación, cuando avanzaba sobre funcionarios de la Anses por la utilización de bases de datos para hacer figurar como aportantes a beneficiarios de planes sociales que nunca pusieron un peso y cuando empezaba investigar aportes camuflados de empresas que fueron beneficiadas con contratos estatales en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas algunas de seguridad, como Murata S.A. También había detectado centenares de funcionarios de segunda línea del gobierno porteño que figuraban como aportantes, no todos reales. La Alameda contabilizó 1147 personas que integran el régimen fascista porteño que figuran entregando plata.
Algunas coincidencias llamativas en las que empezó a reparar la misma organización al analizar 4500 aportantes y que podrían, o no, tener alguna derivación judicial, son nombres que figuran entre los aportes a las últimas dos campañas del oficialismo y que aparecen en los cuadernos. Entre ellos están Gabriel Carlos Quantín y Pablo Alberto Quantín, que pusieron cada uno 250.000 pesos antes del ballotage de 2015 para colaborar con la campaña de Macri Blanco Villegas, y que manejan una empresa conocida en Córdoba y contratista del estado llamada Vial Agro S.A. Pablo Quantín es uno de los citados a indagatoria en la última tanda de convocatorias, en la que también está incluida Cristina Fernández de Kirchner. Otra de las empresas bajo la lupa a partir de una lista de 86 contratistas que entregó el financista Ernesto Clarens que según su versión habrían pagado coimas, figura Conevial Constructora en Inversora SA (con obras por 70 millones de pesos), vinculada a Juan José Belardo y María Alejandra Belardo. Ambos figuran haciendo aportes en septiembre de 2017 a Cambiemos por 20.000 pesos para las campañas de diputados y senadores. En la causa de los cuadernos, la vertiente que abarca aportes para la política, que incluso fue reconocida por algunos imputados, como el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, fue entendida por los investigadores como parte de una trama delictiva.
Otro capítulo está relacionado con las fundaciones que manejan funcionarios macristas. Fontana Nicastro S.A., vieja contratista del Estado que aparece en la causa de los cuadernos, investigada también a partir de la lista de Clarens, es una de las sponsors que solventaría a la fundación SUMA de la vicepresidenta Gabriela Michetti, según revelaron los periodistas Mariana Escalada y Agustín Ronconi en El Disenso. Esos datos fueron entregados por el abogado Leonardo Martínez Herrero en la causa donde el juez Ariel Lijo investigaba el origen del dinero robado a la vicepresidenta en su casa, pesquisa que terminó cerrada. Precisamente aparecía la sospecha sobre las fundaciones como fuente de financiamiento ilegal. Alberto Andrenacci, uno de los responsables de la firma, está citado a indagatoria en la próxima tanda convocada por Claudio Bonadio este mes. Otro sponsor de SUMA, Aeropuertos Argentina 2000, tiene a su responsable Eduardo Eurnekian, convocado como sospechoso por los cuadernos para el 27 de febrero. En otra causa judicial, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, se investiga puntualmente el financiamiento de campaña a través de fundaciones, que no está permitido. El expediente empezó con Formar, la que presidía hasta 2017 el titular de transporte Guillermo Dietrich, que incluso en sus balances consignaba gastos de campaña y en capacitación para ese fin. Entre sus grandes donantes aparecían el Banco Ciudad y empresas amigas.
La aparición del empresario tabacalero Tomeo como aportante tuvo que ser asumida por Elisa Carrió, quien lo pegaba automáticamente a la figura de Aníbal Fernández. Tomeo, que tiene una distribuidora de cigarrillos, es investigado por narcotráfico y a la dirigente no le quedó mucho más opción que reconocer esa situación, afirmar que los 95.000 pesos aportados al ballotage para la presidencia, podrían ser de ese origen y usar el tema, fiel a su estilo, para confrontar con la conducción del oficialismo. La campaña de la propia Carrió en 2017 por Vamos Juntos, también es o era otra de las investigadas en la ciudad de Buenos Aires por Casanello.
“Nosotros detectamos un mecanismo sistemático y aceitado de recaudación ilegal a través de empresas, que ganan licitaciones, o el uso de empleados del Estado para encubrir ingresos ilegales de dinero cuyo origen no pueden explicar. Es una de las modalidades, y esperamos que continúe la investigación", dijo Gustavo Vera, titular de La Alameda y coordinador de la Multisectorial 21F.
"Es como la causa de los cuadernos, pero con los originales. No hay fotocopias, ni declaraciones supuestas sino información concreta, incluso con implicados por los cuadernos que aportaron a las campañas de Macri, Carrió y María Eugenia Vidal”, agregó.
Fuente: nota de Irina Hauser para Página/12
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