La trama resulta familiar aunque cambien los protagonistas: un ex presidente que anuncia su regreso a la arena política es acusado de corrupción en causas armadas a partir de denuncias flojas de papeles que siempre se terminan cayendo.
La trama resulta familiar aunque cambien los protagonistas: un ex presidente que anuncia su regreso a la arena política es acusado de corrupción en causas armadas a partir de denuncias flojas de papeles que caen siempre, vía forum shopping, en los mismos despachos de los Tribunales; ex funcionarios y empresarios son detenidos sin condena en operativos con una espectacular cobertura mediática, sufren aprietes, declaran como arrepentidos y dan versiones cambiantes de los mismos hechos; se adivinan nebulosos vínculos entre la embajada de los Estados Unidos, periodistas y representantes del Poder Judicial y de Presidencia; hay pruebas espectaculares que se esfuman misteriosamente en el aire y hasta un dudoso cuaderno con anotaciones sobre viejos aportes de campaña que involucran a las más encumbradas figuras de aquel gabinete.
No es Argentina, es Ecuador. No es Cristina Fernández de Kirchner sino Rafael Correa. No es casualidad. Desde hace algunos años tiene un nombre: lawfare. La continuación de la política por otros medios, en este caso jueces y fiscales, de manera coordinada y como reacción de la derecha vernácula y el Departamento de Estado ante el avance de gobiernos de corte popular en América Latina primero y como barrera para evitar su regreso al poder, ahora. El libreto se repite con pequeños cambios, como si fuera una remake. La persistencia de estas prácticas no solamente conspira contra el retorno de Correa; también funciona como una advertencia para el peronismo, que no debe esperar, a partir de diciembre, nada diferente de lo que tuvo hasta ahora. No existen los armisticios unilaterales y las condiciones geopolíticas van a ser cada vez más extremas.
Los hechos se precipitaron a partir de comienzos de mayo de este año, cuando en la Argentina el caso cuadernos ya había entrado largamente en etapa de descomposición. En Ecuador tiene un nombre más curioso: el caso arroz verde, que es el asunto de un supuesto mail que recibió una ex asesora del entonces presidente Correa, Pamela Martínez, con datos sobre “contribuciones voluntarias de empresas” a la campaña del oficialismo en 2013. La filtración fue a través del portal de noticias Milhojas, respaldado por ONGs y agencias gubernamentales de Washington, como la NED (ligada al Capitolio) y USAID (Departamento de Estado), el 3 de mayo de este año, y estuvo acompañada por una amplia cobertura mediática. Ya por entonces, algunas voces marcaban inconsistencias entre la información publicada y el relato que se construía a su alrededor.
Poco después de la publicación, un policía se presentó ante una fiscalía pidiendo que investigue de oficio el contenido de los artículos. La causa quedó en manos de la jueza Daniela Camacho, que ya había conducido otros expedientes contra ex funcionarios del gobierno anterior y que en sólo 24 horas decidió dar curso a la denuncia. A la madrugada siguiente, Martínez, que no había sido notificada de su situación procesal, se disponía a abordar un vuelo a México cuando fue detenida en el aeropuerto de Guayaquil por un supuesto intento de fuga. La ex funcionaria fue trasladada a una prisión sin orden de un juez y sin que se hubiera completado ninguna medida de prueba. Estuvo 48 horas detenida de forma ilegal antes de que presentaran cargos contra ella. Finalmente fue acusada de varios delitos en concurso real, con penas de hasta quince años de prisión.
Aquí entra en juego la figura del arrepentido, o, como dice la flamante ley ecuatoriana, “cooperador eficaz”. Desde el primer momento, la fiscal y los medios de comunicación comenzaron el apriete a Martínez buscando que declare en contra de sus jefes políticos. Una semana después, la ex funcionaria aceptó la generosa oferta, que le garantiza impunidad en otras investigaciones y una reducción de pena que puede llegar al 90%, se declaró culpable e involucró en la trama a Correa, su vice Jorge Glas, su ex secretario jurídico Alexis Mera y su ex ministra de Desarrollo Urbano, María Duarte. El problema es que no había prueba que respaldara su nueva versión. Según ella, el pendrive donde guardaba toda la información fue destruido el año pasado después de una llamada del ex presidente.
Una semana más tarde aparecieron los cuadernos. Los encontraron escondidos detrás de la chimenea de la casa de Martínez, aunque no habían aparecido allanamientos anteriores. Uno de ellos contenía información sobre esos supuestos aportes de campaña, escrita de puño y letra por la ex funcionaria. En base al contenido de los cuadernos, y con algarabía mediática, la fiscal pidió la detención de 24 personas, entre miembros del gobierno de Correa y empresarios, incluyendo al propio ex presidente. Sin embargo el peritaje comenzó a arrojar dudas sobre la autenticidad del cuaderno. Su contratapa está rasgada de forma tal que no puede accederse a su código de barras, de manera tal que no se puede identificar el año de fabricación. Por eso hubo que esperar algunas semanas hasta que los análisis químicos establecieron que las notas en cuestión son recientes y tienen a lo sumo pocos meses.
Esta semana, la arrepentida Martínez dio una nueva versión de los hechos: dijo que escribió el cuaderno a fines de año pasado, durante un viaje en avión, había sentido la “inquietud” de dejar por escrito todo lo que recordaba. Los abogados defensores de los empresarios y ex funcionarios detenidos ya pidieron la nulidad de las prisiones preventivas: sostienen que todo se escribió en realidad en las últimas semanas, mientras Martínez se encontraba detenida, por presión de la fiscalía. Algunos indicios apuntalan esa hipótesis, como el estilo de diario que tienen las anotaciones, escritas en tiempo presente y no en pretérito; la presencia de sobreanotaciones como “entregado” o el llamativo detalle con el que apuntó las cifras incluyendo en algunos casos hasta los centavos.
Las coincidencias entre el caso Arroz Verde y su contraparte argentina también coinciden con el resurgimiento, en las encuestas, del propio Correa, que había anunciado su intención de ser candidato a legislador o vicepresidente en las próximas elecciones (está inhibido de volver a presentarse para el cargo mayor por una reforma constitucional sancionada por el actual gobierno). También hay, en el libreto, cosas del Lava Jato brasileño, como la utilización de un sistema de códigos en las supuestas notas contables o la participación de la empresa Odebrecht, que en Argentina fue dejada de lado para no involucrar tanto a Miauricio Macri Blanco Villegas y sus secuacess. Las diferencias son circunstanciales; las similitudes resultan estructurales.
Fuente: nota de Nicolás Lantos para El Destape web
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