Se llevó a cabo la primera audiencia, en la que se procedió la lectura de las imputaciones. La sala de la Cámara de Apelaciones de Pergamino estaba atestada de público.
Ayer comenzó el juicio oral y público contra los 6 policías imputados por la Masacre de Pergamino, en la que fallecieron 7 jóvenes que estaban detenidos en la Comisaría 1ª de esa localidad por delitos menores y sin condena firme.
Para el Ministerio Público Fiscal y las querellas, los principales responsables de la masacre son los 6 agentes que estaban de servicio ese 2 de marzo de 2017 , quienes no solo habrían desoído los pedidos de auxilio de los presos que se estaban quemando vivos sino que también se habrían quedado de brazos cruzados ante el avance del fuego y habrían entorpecido, luego, la labor de rescate de los bomberos.
El debate, que comenzó a las 9 en la sala de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Pergamino, está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 1 de esa ciudad, conformado por los jueces Miguel Gáspari, Guillermo Burrone y Danilo Cuestas.
“Es un juicio histórico y espero que tengamos una condena ejemplar. Necesitamos que esta justicia sirva para que no haya más pibes víctimas de la fuerza policial”, dijo Cristina Gramajo, mamá de una de las víctimas, antes de comenzar la audiencia.
El hijo de Gramajo, Sergio Filiberto, falleció a manos de la Bonaerense el pasado 2 de marzo de 2017, junto a John “Chilito” Claros, Alan Córdoba, Juan Cabrera, Fernando Latorre, Franco Pizarro y Federico Perrotta.
“Me siento fuerte para estar frente a ellos y declarar. Quiero que se hable de Fernando, de quién era mi hijo”, dijo por su parte la madre de Fernando Latorre, Silvia Rosito.
Alicia, mamá de Franco Pizarro, también expresó unas palabras antes de la audiencia. “Me cuesta todavía salir de mi casa. Espero que haya justicia, ellos tienen que sentir el dolor día a día que sufrimos. Yo todavía dejo un plato pensando que va a volver”, admitió conmovida.
La mamá de John Claros, Carmenza, le agradeció a “todas las madres” que la “han apoyado cuando (ella) no estaba acá” y admitió que su deseo es que “los policías puedan pensar en nuestros hijos para ver el daño que han hecho”. Carmenza es colombiana y vivía en Yumbo, en el departamento de Valle del Cauca, cuando ocurrió la masacre.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) patrocina a cinco de las siete familias. Al finalizar la audiencia, los familiares de las víctimas brindarán una conferencia de prensa junto a Adolfo Pérez Esquivel y Víctor de Gennaro, integrantes de la CPM que estarán en la primera jornada. “Lo importante es que pudimos llegar a este juicio. Es muy difícil llegar a esta instancia cuando hay responsabilidades de la policía y el Estado”, dijo Margarita Jarque, directora de Litigio Estratégico de la CPM.
El 2 de marzo de 2017 había 20 personas detenidas en la comisaría 1ª de Pergamino, alojadas en una dependencia policial que no reunía las condiciones indispensables para albergarlas de manera digna y mucho menos por un lapso prolongado. Según detalló la Agencia Andar, “en esas circunstancia se inicia una discusión entre dos detenidos que terminó rápidamente. Sin embargo, los policías que estaban de servicio decidieron encerrar a todos en las celdas”.
Los internos “comenzaron a pedir que les abran las rejas, que no había razón para tal castigo. Al no ser escuchados en sus reclamos, prendieron fuego un pedazo de colchón y lo tiraron al pasillo. Los policías vieron cómo el fuego iba creciendo y abandonaron el lugar: desoyeron los gritos de auxilio, no hicieron nada por controlar el incendio y, finalmente, entorpecieron la labor de rescate de los bomberos”.
De acuerdo al testimonio de uno de los 12 sobrevivientes del hecho ocurrido el 2 de marzo de 2017, el incendio que derivó en masacre se hubiera evitado “con un baldazo de agua”, pero ninguno de los acusados hizo intento alguno por salvar las vidas de los jóvenes que estaban detenidos por delitos menores y sin condena firme.
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