“La diferencia entre un ecólogo y un ecologista es la misma diferencia que hay entre un enólogo y un borracho". Con esa frase, el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, resumió el clima del último Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT).
Los representantes provinciales en esa área coincidieron en "librar una batalla contra los fundamentalismos" al poner como enemigos públicos a los integrantes de organizaciones sociales y asambleas populares de todo el país, que desde hace años advierten sobre los peligros del modelo extractivo, con su máxima expresión en el monocultivo de la soja, el uso de agrotóxicos y la minería a cielo abierto.
Las declaraciones y entretelones de la última reunión del COFECYT, realizado en San Miguel de Tucumán el martes pasado, fueron reveladas por el diario La Gaceta, que describió las posturas generales de los ministros provinciales presentes en contra de los "fundamentalismos" y las "trabas a sectores productivos" que implican las demandas de las agrupaciones ambientalistas.
"Estoy seguro de que ha muerto mucha más gente en accidentes de tránsito o electrocutada que por el uso de agroquímicos en los cultivos. Sin embargo, ninguna de estas organizaciones ha salido a manifestarse en contra del automóvil o de la energía eléctrica", fue otras de las reflexiones de Barañao, según publicó La Gaceta, minimizando las sentencias judiciales contra la fumigación con agrotóxicos dictadas recientemente en Entre Ríos a partir del impulso de la campaña "Paren de Fumigar las Escuelas" y en Córdoba a partir de la denuncia las Madres del barrio Ituzaingó, que fue ratificada por la Corte Suprema.
"Pienso que se debe principalmente a que el beneficio de andar en auto o de encender la luz de la casa es mucho más cercano y palpable que el beneficio que trae, por ejemplo, un emprendimiento minero", completó su análisis Barañao el martes pasado en el consejo realizado en la Legislatura de Tucumán. Esas declaraciones resonaron ayer con los procesamientos dictados por el juez federal Sebastián Casanello contra los ex secretarios de Ambiente y de Minería Sergio Lorusso y Jorge Mayoral, por irregularidades en el control a la minera.
La causa analizada por Casanello investiga el derrame de solución cianurada que en septiembre de 2015 contaminó con más de un millón de litros el cauce de seis ríos de San Juan. La denuncia por el derrame fue presentada por la Asamblea Jachal No Se Toca y por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. La Barrick admitió que ese no había sido el único derrame y tampoco sería el último, ya que se repetirían dos nuevos en marzo y septiembre de 2016.
Sin embargo, la COFECYT planteó en su agenda la tarea de convocar a una “minería inteligente” que tenga “el menor impacto ambiental posible” y “la mayor cantidad de beneficios para las comunidades, que sea sustentable y sostenible en el tiempo” para “convencer a la sociedad de todas las mejoras que sería capaz de acarrear”.
En ese punto, según el diario tucumano, el ministro se puso "realista". y consideró que "sucede que muchas veces los beneficios de un emprendimiento minero, que promete construir escuelas y hospitales y emplear mano de obra local, no se concretan. Entonces la sociedad no ve que haya beneficios".
En ese momento reflexivo, el titular de la cartera de Ciencia y Tecnología incorporó la palabra "riesgos" en el análisis. "Las comunidades perciben que el riesgo lo corremos todos, pero que el beneficio es para unos pocos. Pasa con la minería y con la soja también. Tenemos que ser capaces de explicar todo lo que se hace en el país con las divisas que ingresan por la soja, de modo que se comprenda el beneficio colectivo", defendió los daños colaterales.
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