Con el ex presidente brasilero Lula Da Silva detenido en la sede de la Policía Federal de Curitiba y en medio de las manifestaciones para reclamar la liberación del líder del Partido de los Trabajadores, el juez del Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello pospuso cinco días el plenario que ayer podría haber determinado la excarcelación del ex mandatario en el marco de un recurso presentado por un partido de extrema derecha hace un año atrás.
Durante el fin de semana Mello había anticipado que ayer se debatiría la constitucionalidad de los arrestos de quienes hubieran sido condenados en segunda instancia pero cuyas sentencias no estuvieran firmes y quedaran pendientes los recursos presentados en los tribunales superiores.
El planteo había sido hecho en 2016 por un pequeño partido de extrema derecha, el Partido Ecológico Nacional, pero su resolución alcanzaría inclusive a Lula, condenado a 12 años de prisión y un mes y detenido por orden del juez Sergio Moro, su declarado enemigo político.
Ante la eventualidad de una probable liberación de Lula, el titular del PEN intentó retirar la cautelar que podría beneficiar al ex mandatario, de 72 años. "Siempre estuve contra la izquierda y me arrepiento mucho de haber presentado este recurso", lamentó Adilson Barroso, al diario O Globo. Al mismo tiempo, despidió al abogado que había presentado la Declaratoria de Constitucionalidad (ADC), Antônio Carlos de Almeida Castro, defensor de varios acusados en la megacausa del Lava Jato.
Mientras tanto, otro juez del STF, Alexandre de Moraes, advirtió esta mañana que o era posible "el cese” del recurso en debate. "Tras su ingreso, el Supremo lo juzgará", afirmó el magistrado al desestimar el pedido del partido de derecha.
La defensa de Lula esperaba que el debate de hoy zanjara de forma definitiva las divergencias en la propia Corte acerca de su arresto. Sus abogados, en tanto, reiteraron que la sentencia de Moro es arbitraría y adelantaron la presentación de nuevos recursos.
"Lula no practicó ningún crimen y él no debería estar cumpliendo una pena anticipada. Por eso decimos que es un preso político, un preso que no cometió ningún crimen y que fue llevado a prisión fuera de las hipótesis establecidas en la Constitución Federal", aseveró el martes en una entrevista con Telesur el abogado Cristiano Zanin.
Mientras el campamento “Lula libre”, a 500 metros de la cárcel del líder del PT se amplía cada día con más simpatizantes, Moro dictó antes de ayer una nueva medida contra el ex presidente y le negó la entrada a cárcel a varios dirigentes políticos que quisieron visitar al ex presidente, entre ellos seis gobernadores.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario