"No hay fundamento jurídico para esta intervención", señaló Patricia García Blanco, apoderada del Partido Justicialista, al presentar la apelación ayer a la mañana. El recurso fue pedido con efecto suspensivo para que cese de manera inmediata lo dispuesto por la jueza Servini de Cubría, quien designó al gastronómico Luis Barrionuevo como interventor.
La conducción del Partido Justicialista (PJ) que encabeza José Luis Gioja apeló esta mañana la intervención que ayer decidió la jueza con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría.
"Hemos presentado la apelación, y la hemos pedido con efecto suspensivo para que automáticamente cese esta intervención hasta la resolución de fondo", señaló Patricia García Blanco, apoderada del PJ, en diálogo con la prensa en Tribunales. En ese marco, agregó que "no hay fundamento jurídico para esta intervención".
"No hay ninguna cuestión administrativa para intervenir el partido. Es un fallo político. El partido está normalizado, tiene sus autoridades elegidas desde 2016 a 2020 y están firmes por la misma jueza", aseveró la apoderada partidaria.
Por su parte, Eduardo López, abogado del partido, sostuvo que "el plazo (para que Servini decida si concede la apelación) es de tres días" y detalló que "la instancia revisora la tiene la Cámara, eventualmente la Corte. No descartamos ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación del tratado de derechos políticos y sociales, y sería la primera vez que un partido político recurre a ese tribunal por sus derechos".
El martes Servini ordenó la intervención del PJ y puso a cargo al corrupto líder del gremio gastronómico, Luis Barrionuevo, en una medida resistida por Gioja. "El fallo no tiene ningún tipo de fundamento jurídico. Se basa en que perdimos tres elecciones, que es cierto pero no es materia judiciable. Otro punto del fallo, es que estamos peleados, que hay corrientes internas", criticó el abogado López.
El letrado que representa al PJ consideró que la intervención se decidió en "un fallo prácticamente a medida de los peticionantes". La intervención se generó a partir de un pedido de los dirigentes sindicales Carlos Acuña (estaciones de servicio), Oscar Rojas (maestranza) y Horacio Valdez (vidrio), para que la Justicia declare "el estado de acefalía" del partido.
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