Los resultados finales de la autopsia realizada al cuerpo de Débora Pérez Volpin confirmaron que su muerte se produjo por "una perforación instrumental del esófago". En ese contexto, el abogado de la familia de la periodista y legisladora porteña fallecida en febrero pasado aseguró que "la muerte de Débora fue violenta".
Durante una conferencia de prensa brindada en la Legislatura porteña, el letrado disparó contra la clínica La Trinidad de Palermo al comentar que "nos encontramos con un equipo de endoscopia viejo y obsoleto".
De acuerdo al informe forense, "las causales del fallecimiento están en relación directa a una perforación instrumental del esófago torácico con barotrauma que genera neumomediastino, neumotorax bilateral y neumoperitoneo".
En ese sentido, Pirota detalló que "las lesiones del estómago son la consecuencia de un barotrauma intragástrico, producto de las maniobras instrumentales endoscópicas, de las maniobras de reanimación cardiopulmonar o de su accionar en conjunto". Para el abogado, esta conclusión alude a que "hablamos de la responsabilidad de los dos profesionales que intervinieron en el cuerpo de Débora" en relación al endoscopista Diego Bialolenkier y la anestesista Nélida Puente, quienes están imputados en la causa por la muerte.
Asimismo, el letrado cargó contra las autoridades de la clínica La Trinidad al asegurar que "les mintieron a la familia de Débora y fueron otro obstáculo durante la investigación".
"No dijeron lo que ya sabían que había ocurrido cuando hablaron con los profesionales y entendieron lo que pasó para que se produzca semejante desastre en el cuerpo de una persona", remarcó.
Por su parte, Enrique Sacco, pareja de Pérez Volpin, afirmó que "este es el día de la verdad" porque "este informe oficial con detalles terminantes y contundentes es lo que nos va a permitir a toda la familia abrazarnos esta noche y tener un poco de paz".
"No hay rencores, ni sed de venganza, solo la verdad para que haya justicia y para que esto no pase nunca más", agregó el periodista deportivo.
Por el momento, la causa no tiene imputados y la investigación sigue delegada en la Fiscalía, que es por ahora la que solicita las medidas de prueba. Vale recordar que desde el 23 de marzo, el expediente quedó en manos del juez Carlos Bruniard, por la renuncia solicitada el 19 por el primer magistrado que entendió en el episodio, Gabriel Ghirlanda.
Desde el entorno de Ghirlanda explicaron que el juez solicitó renunciar a la subrogancia del juzgado Criminal y Correccional N° 57 para concentrarse en un juicio oral pendiente. El plenario del Consejo de la Magistratura analizará el pedido de Ghirlanda de renuncia a la subrogancia, pero se descarta que el órgano judicial aceptará los argumentos del juez.
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