Ante Rajoy y empresarios españoles, Macri Blanco Villegas defendió la "ley Telefónica"

El ex hijastro de Flavia Palmiero defendió ayer a la mañana la "ley Telefónica" ante el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y empresarios de ese país, y utilizó esa controvertida norma como ejemplo de la apertura del país.

El subnormal lo hizo al participar de la inauguración del Encuentro Empresarial Argentina-España en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero, del que admitió que participó como "colado".

Allí, el subnormal dijo que el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso se trata de una iniciativa que apunta a "fijar reglas claras y poder desarrollar un mercado competitivo de las telecomunicaciones" para que el país "en poco tiempo tenga una mejor cobertura de telefonía celular y una mejor cobertura de banda ancha o satelital para internet".

Se trata de un fuerte gesto de Macri Blanco Villegas a los empresarios españoles, entre los que se encuentra el secretario general de Telefónica, Pablo de Carvajal. Los medios de España daban cuenta de la expectativa que generaba en el holding la visita de Rajoy a Argentina.

Elidiota confeso ya se había referido al tema en una entrevista que el fin de semana dio al diario español ABC. "Telefónica, como todos los demás, tendrá claro bajo qué reglas de juego va a competir. Si hay competencia, que es mi compromiso con las empresas, se logra el objetivo que yo quiero cumplir: que los argentinos tengamos acceso a mejores servicios de internet, mejor precio, mayor velocidad y mejor cobertura de telefonía celular", declaró.

Más allá de las palabras, el gesto principal del sorete mal cagado fue apurar la semana pasada el envío del proyecto, largamente demorado. El régimen macrifascista incluyó una ayuda extra que molestó a las cooperativas que operan en las provincias y que podría derivar en trabas por partes de los legisladores opositores.

Se trata del artículo 2 del proyecto, que permite que los licenciatarios de servicios de comunicación ocupen la infraestructura montada por los prestadores de servicios públicos nacionales, provinciales o municipales.