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miércoles, 18 de abril de 2018

Lucha contra los agroquímicos: prohibieron el glifosato en Gualeguaychú

El Concejo Deliberante de esa ciudad entrerriana votó una normativa que prohíbe su aplicación y comercialización por considerarlo una sustancia cancerígena y prevé multas y sanciones para quienes infrinjan la norma. La alianza de derecha Cambiemos votó contra la ordenanza.


El Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó un proyecto del Ejecutivo local que prohíbe la aplicación, transporte, almacenamiento y comercialización del glifosato en el municipio por considerarlo una sustancia cancerígena. La iniciativa contó con nueve votos positivos del peronismo y tres votos negativos de la alianza de derecha Cambiemos.

La ordenanza establece que "la prohibición (del uso del glifosato) no admitirá ningún tipo de excepciones posteriores (a la promulgación de la norma) y de ninguna índole" y estipula para los incumplimientos las penas establecidas en el Código de Faltas Municipal a las que se le sumarán decomisos y multas, que irán en aumento en casos de reincidencia.

El texto aún debe reglamentarse y promulgarse en un plazo de 60 días establece la constitución de una comisión ad hoc para el seguimiento del tema e insta a los Concejos Deliberantes de los municipios de Entre Ríos a llevar adelante las mismas medidas.

En Concordia se aprobó una medida de igual alcance en tanto que en Paraná, la capital provincial, la ordenanza aprobada fue luego vetada.

En base a datos de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), órgano que depende de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la ordenanza establece la prohibición en base a considerar que el glifosato está incluído en el grupo de posible suatancia cancerígena.

"Luego de un año de exhaustivo trabajo, el máximo espacio para el estudio del cáncer de la OMS categorizó al glifosato, agroquímico más utilizado del mundo, pilar del modelo transgénico, en la segunda categoría más alta vinculada a la enfermedad", indica la norma.

sábado, 14 de abril de 2018

Barañao defendió el uso de agroquímicos y comparó a los ecologistas con los borrachos

“La diferencia entre un ecólogo y un ecologista es la misma diferencia que hay entre un enólogo y un borracho". Con esa frase, el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, resumió el clima del último Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT). 


Los representantes provinciales en esa área coincidieron en "librar una batalla contra los fundamentalismos" al poner como enemigos públicos a los integrantes de organizaciones sociales y asambleas populares de todo el país, que desde hace años advierten sobre los peligros del modelo extractivo, con su máxima expresión en el monocultivo de la soja, el uso de agrotóxicos y la minería a cielo abierto. 

Las declaraciones y entretelones de la última reunión del COFECYT, realizado en San Miguel de Tucumán el martes pasado, fueron reveladas por el diario La Gaceta, que describió las posturas generales de los ministros provinciales presentes en contra de los "fundamentalismos" y las "trabas a sectores productivos" que implican las demandas de las agrupaciones ambientalistas. 

"Estoy seguro de que ha muerto mucha más gente en accidentes de tránsito o electrocutada que por el uso de agroquímicos en los cultivos. Sin embargo, ninguna de estas organizaciones ha salido a manifestarse en contra del automóvil o de la energía eléctrica", fue otras de las reflexiones de Barañao, según publicó La Gaceta, minimizando las sentencias judiciales contra la fumigación con agrotóxicos dictadas recientemente en Entre Ríos a partir del impulso de la campaña "Paren de Fumigar las Escuelas" y en Córdoba a partir de la denuncia las Madres del barrio Ituzaingó, que fue ratificada por la Corte Suprema. 

"Pienso que se debe principalmente a que el beneficio de andar en auto o de encender la luz de la casa es mucho más cercano y palpable que el beneficio que trae, por ejemplo, un emprendimiento minero", completó su análisis Barañao el martes pasado en el consejo realizado en la Legislatura de Tucumán. Esas declaraciones resonaron ayer con los procesamientos dictados por el juez federal Sebastián Casanello contra los ex secretarios de Ambiente y de Minería Sergio Lorusso y Jorge Mayoral, por irregularidades en el control a la minera.

La causa analizada por Casanello investiga el derrame de solución cianurada que en septiembre de 2015 contaminó con más de un millón de litros el cauce de seis ríos de San Juan. La denuncia por el derrame fue presentada por la Asamblea Jachal No Se Toca y por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. La Barrick admitió que ese no había sido el único derrame y tampoco sería el último, ya que se repetirían dos nuevos en marzo y septiembre de 2016. 

Sin embargo, la COFECYT planteó en su agenda la tarea de convocar a una “minería inteligente” que tenga “el menor impacto ambiental posible” y “la mayor cantidad de beneficios para las comunidades, que sea sustentable y sostenible en el tiempo” para “convencer a la sociedad de todas las mejoras que sería capaz de acarrear”

En ese punto, según el diario tucumano, el ministro se puso "realista". y consideró que "sucede que muchas veces los beneficios de un emprendimiento minero, que promete construir escuelas y hospitales y emplear mano de obra local, no se concretan. Entonces la sociedad no ve que haya beneficios"

En ese momento reflexivo, el titular de la cartera de Ciencia y Tecnología incorporó la palabra "riesgos" en el análisis. "Las comunidades perciben que el riesgo lo corremos todos, pero que el beneficio es para unos pocos. Pasa con la minería y con la soja también. Tenemos que ser capaces de explicar todo lo que se hace en el país con las divisas que ingresan por la soja, de modo que se comprenda el beneficio colectivo", defendió los daños colaterales.